A dos años del inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, el vínculo entre el gobierno provincial y los trabajadores estatales atraviesa su momento más crítico.
Detrás del discurso de orden fiscal, eficiencia del Estado y modernización administrativa, se consolidó un esquema de ajuste sostenido que tuvo como principal variable de ajuste a los salarios, el empleo público y las condiciones laborales en áreas esenciales como educación, salud y administración central.
Los números son contundentes y el malestar crece incluso dentro del propio oficialismo, donde algunos dirigentes reconocen en privado que el rumbo adoptado es políticamente riesgoso y socialmente regresivo.
“Esta gente que está a cargo del gobierno, son seis, siete u ocho los que deciden todo, se manejan como patrones de estancia. Lamentablemente vamos a chocar la Ferrari que se consiguió en las urnas”, confió a este medio un dirigente del oficialismo que no coincide con la forma en que se está llevando adelante la gestión, pero que admite estar condicionado para expresar públicamente su posición.
La frase sintetiza una percepción que comienza a extenderse: un gobierno que concentra decisiones, reduce espacios de debate interno y descarga el costo del ajuste sobre los trabajadores. El alineamiento político y económico con el modelo nacional que encabeza Javier Milei profundizó esta lógica.
En Santa Fe, el impacto combinado de la política nacional y provincial se tradujo en una fuerte pérdida del poder adquisitivo, una reducción del empleo público y un crecimiento simultáneo de la planta política con salarios elevados. El resultado es un Estado más chico en términos de trabajadores esenciales, pero más grande en su estructura jerárquica. Cada estatal perdió más de 9 millones de pesos: Un informe reciente del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE) puso cifras concretas al ajuste.
Desde la asunción de Javier Milei y Maximiliano Pullaro, cada trabajador estatal perdió en promedio 9,3 millones de pesos, mientras que cada jubilado y jubilada perdió 4,8 millones en el mismo período.
El salario estatal quedó un 19% por debajo del nivel de inicio de mandato y lleva más de un año estancado, en un contexto de inflación persistente y fuerte deterioro del empleo formal. Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, fue categórica al reclamar una inmediata recuperación salarial.
A la pérdida que ronda los nueve millones de pesos desde que asumieron estos gobiernos, debemos sumar el congelamiento de las asignaciones familiares, la falta de titularizaciones, concursos e ingresos”, sostuvo. A esto se agrega una creciente sobrecarga laboral y una crisis jubilatoria que golpea a quienes ya se retiraron del sistema.
El informe del MATE también advierte que el ajuste se dio en paralelo a una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía.
La reducción de impuestos a los patrimonios más altos provocó una caída del 57% en la recaudación de Bienes Personales, mientras que los beneficios otorgados a las grandes exportadoras del agro redujeron a menos de la mitad la recaudación de ese tributo, incluso en comparación con el año de la histórica sequía de 2023.
La motosierra en Santa Fe
En el plano provincial, un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que en 2025 se profundizó el achique del Estado santafesino. Entre 2023 y 2025 se perdieron casi 6.000 puestos de trabajo en el sector público, con una caída especialmente fuerte en educación y administración. Solo en el sector educativo se eliminaron alrededor de 4.800 cargos, lo que representa un recorte del 8% de la planta.
“El gobernador Pullaro ajustó más que Milei”, denunció Almirón, al remarcar que los últimos aumentos salariales fueron otorgados por decreto, vaciando de contenido la negociación paritaria.
La pérdida del salario real fue del 17,4% para los docentes, 17,3% para el personal de enfermería, 15,7% para las fuerzas de seguridad y 11% para la administración central. Este ajuste no fue homogéneo. Mientras se recortaron puestos y salarios en sectores esenciales, la planta política creció de manera exponencial.
Según CEPA, los cargos jerárquicos pasaron de 562 en 2023 a 749 en 2025, un aumento del 33%. A eso se suma la creación de siete nuevos niveles de asistentes técnicos, todos cargos de designación directa del gobernador, sin concurso ni control legislativo efectivo. Educación, el sector más golpeado: El ajuste tuvo un impacto particularmente severo en el sistema educativo.
El presupuesto provincial aprobado para 2026 destina apenas el 18,2% a Educación, un piso histórico que no alcanza a cubrir siquiera la inflación proyectada. La diputada provincial Claudia Balagué advirtió que el recorte no es solo salarial, sino estructural, y afecta directamente la calidad educativa.
Los docentes perdieron casi cinco millones de pesos desde noviembre de 2023, mientras que los asistentes escolares vieron caer su poder adquisitivo en más del 8%. A esto se suma la implementación del denominado “premio” por asistencia perfecta, una política que los gremios califican como presentismo encubierto y que obliga a muchos docentes a trabajar enfermos o a resignar licencias.
En paralelo, casi 5.000 docentes quedaron fuera del sistema en los últimos dos años, sin explicaciones claras del gobierno. La situación de los reemplazantes es aún más precaria: dificultades para ingresar, falta de titularizaciones y cobros con hasta dos meses de demora. Un ajuste con ganadores y perdedores: Mientras los trabajadores estatales ven deteriorarse sus ingresos y condiciones laborales, el ajuste convive con aumentos salariales significativos para la alta jerarquía política y con beneficios fiscales para los sectores más ricos.
A los que vivimos de nuestro trabajo nos revientan con las facturas, el alquiler y el costo de vida. A los ricos les perdonan impuestos”, sintetizó Almirón. Con estos números sobre la mesa, ATE sostiene que Pullaro le debe a cada trabajador activo más de 8 millones de pesos y a cada jubilado más de 4 millones.
“Es como haberle robado a cada hijo de un estatal más de un año de canastas de crianza”, graficó la dirigente. El ajuste selectivo, la concentración de decisiones y el deterioro de los servicios públicos configuran un escenario de alta conflictividad social. Mientras el gobierno insiste en la narrativa de eficiencia y orden, los datos muestran que el costo del modelo recae, una vez más, sobre quienes sostienen diariamente el funcionamiento del Estado santafesino
FUENTE: Juan Francisco en POLÍTICA DE SANTA FE.
