Un país que cambia por decreto: tres normas recientes que avanzan sobre derechos sin que nadie mire
En los últimos días, el país volvió a modificar piezas jurídicas centrales, muchas de ellas sin el debate público que merecen. Tres decisiones —una presidencial, una parlamentaria y una judicial— avanzan en sentidos muy distintos, pero tienen un denominador común: impactan directamente en la vida de millones de personas sin que la ciudadanía esté realmente al tanto.
1. El nuevo decreto migratorio: un giro restrictivo que afecta a miles de residentes
El Decreto 366/2025 endurece el régimen migratorio argentino. No solo modifica criterios para obtener residencia o ciudadanía, sino que restringe el acceso a servicios públicos para quienes no estén regularizados y facilita procesos de expulsión basados en antecedentes penales.
La medida, presentada como una “modernización del sistema”, abre la puerta a una política migratoria más punitiva que garantista. Los efectos pueden ser inmediatos y severos: familias en proceso de regularización quedarían en un limbo jurídico y muchas personas que llevan años viviendo, trabajando y estudiando en el país podrían ver comprometida su estabilidad.
En un país cuya identidad se fundó en la inmigración, la falta de debate legislativo y social sobre esta reforma preocupa tanto como su contenido.
2. La reforma del régimen de DNU: un Congreso que busca límites… pero sin claridad final
Diputados aprobó recientemente un proyecto que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia, obligando a una doble aprobación parlamentaria y fijando un plazo máximo de 90 días para su validez. Si una sola Cámara lo rechaza, el DNU queda sin efecto de inmediato.
A primera vista, se trata de un avance institucional: fortalecer controles sobre el Ejecutivo debería ser una buena noticia para cualquier república moderna. Sin embargo, la letra chica del proyecto —que ahora debe volver al Senado— incluye modificaciones que suavizan el alcance original y generan dudas sobre su efectividad final.
En otras palabras: se promete limitar el uso discrecional de los DNU, pero el resultado concreto todavía está en suspenso. Una reforma crucial para la calidad democrática se discute con apuro, cambios sobre la marcha y sin participación ciudadana real.
3. La justicia laboral reduce intereses y achica indemnizaciones
La Corte Suprema de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que los juicios por accidentes de trabajo deben actualizarse con la tasa “RIPTE”, en lugar del índice CER + capitalización que se venía utilizando. El cambio implica una reducción significativa del monto final que perciben los trabajadores accidentados en sus indemnizaciones.
El Poder Judicial justificó el cambio como un modo de “estandarizar criterios”. Para los trabajadores, la consecuencia es clara: menos dinero para compensar daños que, en muchos casos, afectan su salud de por vida.
Para empresas y aseguradoras, en cambio, significa un alivio financiero.
El fallo no es meramente técnico: modifica el equilibrio entre capital y trabajo, y lo hace sin discusión pública, sin audiencias multitudinarias y sin una mirada integral sobre la precariedad creciente en el mundo laboral.
Tres normas, una misma tendencia
Las tres iniciativas —el decreto migratorio, la reforma del sistema de DNU y el fallo laboral— muestran un patrón inquietante:
- Cambios estructurales sin debate suficiente.
- Afectación directa de derechos: migratorios, democráticos, laborales.
- Concentración de poder: en el Ejecutivo, en acuerdos legislativos de coyuntura o en decisiones judiciales con impacto económico.
La población argentina enfrenta una reconfiguración silenciosa de su marco jurídico. La pregunta es si vamos a permitir que estas transformaciones —que afectan libertades, garantías y el peso del Estado sobre nuestras vidas— ocurran sin exigir transparencia, discusión y control democrático.
Porque cuando los cambios llegan sin que la ciudadanía los vea venir, la democracia se debilita antes de que podamos defenderla.
