Jujuy: EKEL MEYER Y LAS SOMBRAS DE UNA PROVINCIA MARCADA POR LA IMPUNIDAD

Su trayectoria, envuelta en la retórica oficial de la “transparencia” y el “orden”, también quedó atravesada por episodios que para muchos jujeños y jujeñas representan la arquitectura misma de la impunidad estatal. Entre ellos, se marcan dos casos emblemáticos, por un lado la infiltración policial en Radio Pueblo y por otro el crimen del estudiante Matías Puca.

Durante la gestión de Meyer como Ministro de Seguridad, organizaciones sociales, periodistas y trabajadores de la comunicación denunciaron operaciones de vigilancia, persecución e infiltración ilegal en espacios comunitarios. El caso de Radio Pueblo, un colectivo de comunicación comunitaria, alternativa y popular surgido desde el barrio Alto Comedero con la Biblioteca Popular Niños Pájaros, se convirtió en símbolo de ese modo de operar.

La presencia de un agente de la policía actuando dentro de la radio, relevando actividades de comunicadores o periodistas, organizaciones sociales, grupos que estaban en algún reclamo por sus derechos, expuso un mecanismo que apuntaba directamente a disciplinar voces críticas.

Si bien no hubo sentencia que vinculara de manera formal al ministro con aquella infiltración, el episodio reveló el clima político de un Estado que combinaba policía, inteligencia o espionajes ilegales y justicia bajo una misma conducción política. Es así en el año 2020 también que los operativos para la pandemia eran teñidos de violencia e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos de la cartera que dirigía Meyer e incluso los nefastos números de femicidios, pero claro había policía para espiar y no para prevenir delitos.

Ese tipo de prácticas, denunciadas como parte de un modelo de seguridad basado en la vigilancia interna antes que en la protección ciudadana, dejaron abiertas preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Quién autorizó a infiltrar un medio de comunicación alternativa y comunitaria? ¿Por qué se perseguía a quienes sólo ejercían su derecho a comunicar? ¿Qué lugar ocupaban en ese engranaje los funcionarios que luego ascenderían a la cima de la Justicia?

Con el paso de Meyer al Superior Tribunal, muchos organismos señalaron la existencia de una puerta giratoria que cerraba el circuito completo, quienes controlaban la policía pasaban a custodiar la justicia. Para las organizaciones sociales, esa concentración de poder explica por qué episodios como el de Radio Pueblo y otros nunca se investigaron a fondo, pese a instar también a la Justicia Federal.

A la vez, el nombre de Ekel Meyer quedó inevitablemente vinculado a otro episodio que marcó un antes y un después en la percepción pública sobre el poder en Jujuy, fue el caso de Matías Puca. El joven estudiante y carrocero de Maimará atropellado en la avenida Fascio en septiembre de 2017, en plena Fiesta Nacional de los Estudiantes. Su muerte, más allá de la tragedia, reveló un entramado de encubrimientos, dilaciones y maniobras judiciales que aún hoy impiden esclarecer a ciencia cierta quién estaba al volante de aquel vehículo que escapó sin auxiliarlo.

Lo que comenzó como un pedido desesperado de justicia por parte de la familia se transformó rápidamente en un laberinto institucional pero tambien en un reclamo social. Las cámaras de la zona, parte de un sistema adquirido por el propio gobierno con la promesa de vigilancia de alta tecnología, nunca aportaron las imágenes que debían estar allí. Las hipótesis oficiales variaron, se desviaron pistas, se intentó inculpar a conductores que nada tenían que ver. La causa avanzó con una lentitud que contrastaba con la rapidez con que la Justicia jujeña suele actuar cuando se trata de trabajadores, jóvenes de barrios populares o militantes sociales.

El episodio golpeó especialmente al Ministerio de Seguridad, porque entre los nombres que circularon en los primeros meses del caso aparecieron hijos de funcionarios, familiares de ex altos cargos provinciales y jóvenes vinculados a la élite política jujeña. El silencio oficial, tanto de Meyer como de otras autoridades, alimentó la sospecha de que se intentaba proteger a los responsables. Años después, con un único imputado que denunció presiones para “aceptar las culpas”, la familia Puca siguió reclamando justicia mientras la causa continuaba empantanada entre recursos y demoras que nadie logra explicar.

En ambos episodios la infiltración en Radio Pueblo y el caso Puca aparece una misma matriz de poder estatal que se mueve con una doble vara. De un lado, las herramientas del aparato represivo y judicial desplegadas contra quienes cuestionan, organizan o disienten. Del otro, la opacidad y el silencio cuando los involucrados pertenecen a familias con apellido, cargos o vínculos dentro del gobierno. Esa tensión, que atraviesa la última década jujeña, constituyó el trasfondo político en el que Meyer ocupó posiciones centrales.

Su muerte abre ahora un vacío institucional, pero también deja una cuenta abierta con la memoria colectiva. Los organismos de derechos humanos, los sindicatos, las radios comunitarias y las familias afectadas reclaman que estos casos no queden sepultados bajo el duelo oficial. Las sombras que rodean ambos episodios no se disipan con la desaparición física de un funcionario, requieren verdad, investigación y una Justicia que no sea, como denuncian desde hace años, la prolongación de un poder político acostumbrado a proteger a los suyos y castigar a quienes se organizan desde abajo.

Lo que está en juego no es sólo la resolución de dos causas emblemáticas, sino la posibilidad de que alguna vez Jujuy construya un sistema democrático donde ni la radio o comunicadores sean un blanco de espionaje, ni un joven estudiante atropellado quede atrapado para siempre en la telaraña de un Estado que protege más a los poderosos que a su propio pueblo.