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LA BISAGRA ENTRE LA DICTADURA Y LA DEMOCRACIA
30 DE OCTUBRE DE 1983: EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA
POR H.I.JOS JUJUY.
El fracaso militar en la Guerra de Malvinas en 1982 precipitó el derrumbe de la última dictadura argentina (1976–1983), ya debilitada por la crisis económica, las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos y la creciente movilización social. Frente a la inminencia del final, la cúpula militar intentó asegurar su impunidad mediante la Ley de Pacificación Nacional —conocida como Ley de Autoamnistía— sancionada en septiembre de 1983, que prohibía juzgar los crímenes cometidos durante el régimen. La medida provocó una inmediata reacción de los organismos de derechos humanos, que encabezaron masivas protestas en todo el país.
El 18 de agosto de 1983, más de 35.000 personas se manifestaron frente al Congreso Nacional bajo la consigna “Contra la amnistía”. Participaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, junto a organizaciones como la APDH, CELS, Serpaj y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, acompañadas por gremios, artistas, estudiantes y partidos políticos. Fue una de las movilizaciones más amplias de la transición, expresando el reclamo social de verdad y justicia frente a los crímenes del terrorismo de Estado.
En ese contexto, el radical Raúl Alfonsín se consolidó como principal candidato presidencial, mientras el peronismo seguía fracturado y debilitado por la represión. El 30 de octubre de 1983, con el 51% de los votos, Alfonsín ganó las elecciones, marcando el retorno de la democracia. Días antes de su asunción, el 8 de diciembre, los organismos de derechos humanos realizaron la última marcha contra la dictadura, exigiendo la libertad de lxs presxs políticxs, la restitución de niñxs apropiadxs y la creación de una comisión investigadora sobre los crímenes del régimen.
El nuevo gobierno inauguró un clima de reapertura política y cultural: se levantó la censura, regresaron exiliadxs, resurgieron los centros estudiantiles y los medios de comunicación comenzaron a difundir testimonios de sobrevivientes y pruebas de la represión, con un tinte de espectacularización pero finalmente se empezaba hablar de lo que había pasado. El país enfrentaba una crisis económica profunda, con una inflación del 343,8% y una deuda externa que había pasado de 8.000 a 43.000 millones de dólares, agravada por la estatización de la deuda privada dispuesta en 1982.
El desafío político y moral era doble: reconstruir la economía y hacer justicia sin desestabilizar la frágil democracia.
Durante la campaña, Alfonsín había prometido anular la autoamnistía y promover una forma de justicia “ejemplar y limitada”, diferenciando entre quienes dieron las órdenes, quienes las ejecutaron y quienes cometieron excesos. Bajo el asesoramiento de Carlos Nino y Jaime Malamud Goti, impulsó los decretos 157 y 158/83: uno para juzgar a las tres primeras Juntas Militares, y otro para procesar a los líderes sobrevivientes de Montoneros y el PRT-ERP.
La medida fue criticada por igualar la violencia estatal con la de las organizaciones y por establecer un esquema de obediencia debida, cuestionado desde los organismos de derechos humanos.
Frente al debate sobre cómo garantizar la verdad, el peronismo y sectores progresistas propusieron una Comisión Bicameral del Congreso, pero Alfonsín se opuso, temiendo su politización. En su lugar, el 15 de diciembre de 1983, creó por decreto la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes. Aunque algunos sobrevivientes la consideraron una concesión limitada, la CONADEP se transformó en una herramienta fundamental para documentar el terrorismo de Estado y preparar el camino hacia el Juicio a las Juntas, símbolo de un compromiso a medias de la democracia con la Memoria, Verdad y Justicia.
El 10 de diciembre de 1983 fue el día en que la democracia volvió a instalarse en el ejercicio formal: la asunción presidencial y la restitución del Estado de derecho. Ese acto institucional coronó el mandato del voto y materializó el fin del régimen autoritario. En 2007 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.323, que declaró esa fecha como “Día de la Restauración de la Democracia”, con el objetivo de promover y recordar la recuperación del régimen democrático y la vigencia de los derechos humanos en todo el territorio nacional.
LA DEMOCRACIA NO ESTÁ GARANTIZADA POR SÍ MISMA
Actualmente, hay señales, maniobras de invisibilización de la memoria, se instaló el negacionismo, la duda de quiénes fueron lxs que desaparecieron y minimizar responsabilidades, tanto del Estado como de los genocidas que siguen sin decir dónde están los restos de lxs desaparecidxs, también las responsabilidades de empresas, la iglesia y lxs jueces. Hay intentos por demonizar la democracia: etiquetar al disenso como “culpable” y peligroso por lo tanto se judicializa cualquier forma de protesta y a lxs militantes que las llevan adelante. El debate es visto como ineficaz y lxs manifestantes como enemigxs del “orden”. Las promesas de un orden que se impone como vía rápida, borrando los matices, la deliberación, el desacuerdo saludable y una violencia institucional que se recrudece y es vista como herramienta de “control”, en nombre de la “seguridad” o del “bien común”.
Si la plaza es la imagen de la democracia viva, hoy algunas plazas parecen encogerse. El espacio público se ve amenazado por el miedo que reaparece, con otras ropas: por la censura sutil, por la idea de que lo que se decide en la oscuridad no necesita explicarse en la luz.
Por eso, este 30 de octubre (y también el 10 de diciembre, cuando la ley nos invita a recordarlo), es un llamado a retomar la conversación, a caminar juntxs otra vez por esas plazas simbólicas, a decir lo que estamos viviendo, a distinguir cuándo la democracia se desdibuja y cuándo el autoritarismo asoma bajo piel democrática.
LA RESPONSABILIDAD DE ELEGIR, SOBRE TODO ENTRE RUINAS
Votar es un acto político y también ético. Es la expresión mínima, pero más poderosa de una voluntad colectiva: decir “todavía creo en un nosotrxs”. No es casual que durante la dictadura nos quitaran esa posibilidad; el silencio también se imponía anulando el voto, porque votar es hablar en público, con la fuerza de una multitud invisible que sostiene un sistema vivo.
Hoy, sin embargo, la democracia enfrenta un enemigo más sutil: el cansancio. Ese hartazgo que se instala cuando sentimos que las opciones en las boletas son espejos rotos del mismo rostro. Cuando los discursos se vuelven slogans sin contenido, y los proyectos políticos se parecen más a empresas privadas que a representaciones del pueblo.
Es comprensible el desaliento, pero no podemos olvidar que el voto, si bien hoy es un privilegio, hace 42 años fue ganado con sangre, con desapariciones, con exilios, con voces incansables plantadas frente a los cuarteles exigiendo justicia. Ejercerlo con responsabilidad es una forma de honrar esa lucha y de impedir que los buitres del poder —esos que solo buscan su tajada, sus fueros, sus contratos, su impunidad— sigan creyendo que el pueblo es un espectador mudo.
Vemos que actualmente se presentan a elecciones no para gobernar, sino para repartirse el botín. Se alían entre sí, mutan, cambian de piel según el clima político, pero conservan la misma esencia: la del privilegio que se protege a sí mismo. No representan a la gente; se representan entre ellos.
Y ahí está la paradoja: votar con conciencia no siempre es elegir con entusiasmo, a veces es hacerlo con lucidez. No hay acto más revolucionario que entender que la democracia no es una garantía, sino un terreno que se disputa voto a voto, memoria a memoria.
El privilegio no está solo en poder votar; está en saber por qué votamos, en reconocer que detrás de cada urna hay una historia de resistencia. Cada vez que lo olvidamos, la democracia pierde un fragmento de su voz.
Las pasadas elecciones legislativas dejaron en evidencia un desencanto en la población por ejercer su derecho a voto con más de un 67% de ausentismo en las urnas. Esto, sumado a los resultados con un 42% a favor del partido libertario no hacen más que dejar al descubierto una falta de debate político, de formación, de reconocimiento de clase, de solidaridad, de mirar el dolor del otrx como propio, como lo hicieron nuestrxs 30 mil y como supimos hacerlo lxs que compartimos y renovamos cada día el compromiso con alcanzar la justicia social con una patria donde quepamos todxs…
Hoy las campañas políticas, que se disputan en las redes sociales, tienen tiempos diferentes a los que nos referimos al inicio de este artículo, todo es instantáneo, sin mucha reflexión, fracasaron los debates entre candidatxs. La derecha aprovechó esa volatilidad y se jugó una carta poderosa, la amenaza por parte de E.E.U.U. país que opera como una sombra detrás del presidente que todos los días entrega los recursos de nuestro país, y fue un gran factor que infundió temor en la gente que se dejó acobardar por el presidente yanqui Donald Trump, el verdadero jefe de campaña de La Libertad Avanza.
EL DERECHO A LA TRINCHERA
La democracia recuperada en 1983 fue una promesa no concluida. Fue como una semilla plantada en suelo árido que exige riego continuo. Alimentar esa conversación colectiva es una forma de resistencia al olvido, al silencio, a la imposición.
Somos un país que conoce demasiado bien la cara de la opresión y del terror estatal, sabemos que cada vez que elegimos caminar por la plaza, hablar, votar, protestar, cambiarle la cara al poder, estamos reafirmando la convicción de que la democracia es más que un sistema: es un pacto de dignidad, de palabra compartida, de futuro común.
Hagamos que ese murmullo se vuelva estruendo. Porque si la conversación se detiene, lo que viene después sabe cómo llenar el vacío con gritos distintos: los del miedo, la imposición, la obediencia, la represión. Como vimos en la historia de su nacimiento, en Argentina la democracia que heredamos es enclenque, y los derechos que se consagraron en su ejercicio hasta hoy han sido producto de duras luchas colectivas en las calles. Con este panorama actual esos derechos están y seguirán siendo avasallados, nos toca arremangarnos para defenderlos y recuperar la administración del Estado que hoy está en manos de fascistas totalitarixs.
Que 42 años de Democracia ininterrumpida sigan siendo de memoria, de reflexión y revalorización del derecho conquistado para que las maniobras políticas no olviden de dónde nacieron ni a quiénes deben responder. Que la Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo nuestro horizonte y el pueblo argentino no crea que necesita tutores ni salvadores, sino que entendamos de una vez por todas que lo que necesitamos es justicia social, soberanía política y libertad real, como lo soñamos nosotrxs, como lo soñaron nuestrxs 30 mil.
(1) Fuente: Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2023). La transición democrática. MVJ, una historia del movimiento argentino de derechos humanos. 1a ed, Cap 2.





