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Director del PAMI Córdoba y candidato de LLA, denunciado por negar medicamentos a jubilados

Organismos de Derechos Humanos de Córdoba denunciaron penalmente a Esteban Leguizamo -director de PAMI a nivel nacional- y a Marcos Patiño Brizuela, director de PAMI Córdoba por no entregar medicamentos esenciales a afiliados y negar el programa “Vivir Mejor”.

Agustina Sosa

Organizaciones de Derechos Humanos, gremiales y sociales presentaron una denuncia penal contra Marcos Patiño Brizuela, actual director del PAMI en Córdoba y tercer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia. La acusación apunta a un incumplimiento sistemático de una orden judicial que obligaba al organismo a garantizar la entrega gratuita de medicamentos esenciales a afiliados del PAMI de manera inmediata.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal N°2 de Córdoba por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, el Foro Solidario Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, con patrocinio legal de los abogados Mabel Sessa y Carlos Vicente.

Una medida judicial ignorada

Según detallaron los denunciantes, el 16 de mayo de 2025 el Juzgado Federal de Mendoza dictó una medida cautelar en favor de los afiliados cordobeses al PAMI. La orden judicial suspendía resoluciones del instituto que restringían el acceso a medicamentos, y disponía que se reestableciera automáticamente el programa «Vivir Mejor», que garantiza la entrega gratuita de remedios esenciales a jubilados y pensionados.

La medida también obligaba al PAMI a informar públicamente a los afiliados sobre la vigencia de esa cautelar y a reportar en 48 horas las acciones tomadas para su cumplimiento. Sin embargo, según la denuncia, ni Patiño Brizuela ni Esteban Leguizamo, director nacional del organismo, cumplieron con lo dispuesto por la justicia.

Delitos denunciados

En un detallado comunicado, los abogados explicaron que entre los posibles delitos podrían encontrarse Desobediencia a la autoridad (Art. 239 del Código Penal); Actos discriminatorios (Ley 23.592); Estafa procesal (Art. 172); Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (Arts. 248 y 249).
Los denunciantes aseguran que, pese a múltiples intimaciones, multas y pedidos de informes judiciales, las autoridades del PAMI mintieron sistemáticamente afirmando que estaban cumpliendo con la cautelar, cuando en realidad no estaban entregando los medicamentos.

Denuncia Penal contra Directivos de PAMI por Desobediencia Judicial y Poner en Riesgo la Salud de Jubilados by Manuel Caballero

 

Un desprecio absoluto por la salud de los jubilados

“Estamos ante una situación de enorme gravedad institucional”, señalaron los organismos firmantes, quienes acusan a los funcionarios de tener una actitud de ilegalidad manifiesta y de mostrar un “absoluto desprecio por la salud de los jubilados y pensionados”, al impedir el acceso a tratamientos médicos esenciales.

La denuncia también denuncia un contexto más amplio, en el marco de las políticas sociales del gobierno nacional. “Estamos ante una política del Gobierno de Milei que provoca una agresión deliberada hacia un grupo vulnerable como son los jubilados”, sostienen, y afirman que la combinación entre la quita de medicamentos y el deterioro de ingresos representa un verdadero «genocidio por goteo«.

Finalmente, las organizaciones anunciaron que llevarán la causa hasta las últimas instancias judiciales, y llamaron al conjunto de la sociedad a expresarse en defensa de los derechos de los adultos mayores.

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