JUSTICIA PERSEGUIRÁS: algunos datos sobre una historia fallida de incorporar a la Familia Eskenazi como socios en YPF

El diario Infobae publicó el pasado jueves 03/0/7/2025 bajó el título “La condena millonaria contra la Argentina: aritmética bursátil, derecho a medias y un fallo que ni siquiera convence al common law”, cuya autoría le pertenece al jurista Bernardo Ángel Licht, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, y fervoroso defensor del sionismo y de Israel, y, el 10/07/2024 en prensared.org.ar («Cuando-vuelan-los-buitres, un artículo de Javier Ortega, Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno. Docente en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 

En ambos casos se trata de extraordinarios y meduloso análisis jurídicos y económicos respecto de la ignominiosa sentencia de la jueza de Nueva York, Loreta Preska, en el juicio que se le sigue a la Argentina, y ahora indirectamente a YPF, a causa de la ilegítima orden de obligar al Estado Argentino a transferir el 51 % de las acciones que detenta en la empresa. 

Haciendo honor a la verdad histórica y jurídica, sucede por primera en el artículo de Licht que no se afirme que Burdford es el titular de la acción judicial que se le sigue a la Argentina e inicialmente a YPF, dato que no es anecdótico sino jurídico, y trascendente respecto del juicio que se tramita en Estados Unidos.  

La omisión no es inocente, ni gratuita, y se mantiene por razones ocultas y otras visibles. Esta última, es que la Familia Eskenazi con su supuesta propiedad del 30% del juicio recibiría una suma muy superior al que le hubiera correspondido de acuerdo con su porcentaje accionario, conforme con los valores de mercado evidenciados por el acuerdo con Repsol: 51%=5.000 millones de dólares. 

Me reconforta el posible aporte minúsculo de mi campaña para que se conozca la verdad respecto a lo que surge a simple vista desde la primera hoja del expediente judicial, y esto es que las sociedades unipersonales Petersen Energía y Petersen Energía Inversora , de Enrique Eskenazi, fueron y son las demandante por el 100%, siendo que serían propietarias minoritarias de solo el 30% por la indemnización de la no expropiación o de la no compra del 25 % de las acciones que le fueron cuasi regaladas por Repsol, a instancias de la familia Kirchner, en su afán de incorporar a la burguesía nacional dentro del capital privado de la empresa. 

La novedad al respecto, es que la Familia Eskenazi en una declaración efectuada a pedido de la Agencia de Noticias Argentinas, con motivo de la sentencia de la juez Preska del día 30/0/2025 pretende eludir toda responsabilidad expresando afirmaciones ambiguas, confusas y contradictorias, como son que luego de la expropiación se desprendió del 25 % de las acciones que detentaba, sin aclarar a quién o quiénes y porqué precio y condiciones; dónde se registró la transmisión, atento a su cotización en la Bolsa de New York; cómo es que el comprador o los compradores adquirieron acciones vinculadas a deudas cuantiosas y exigibles que ya tenían en puerta, o habrían de tener en un tiempo inmediato, varios pedidos de quiebra; y así, también, otras inconsistencias. 

Sin duda, esto devino en una aspiración frustrada en el terreno de la realidad jurídica, ya que esa burguesía no resultó ser argentina, en tanto se hizo a través de una empresa española constituida con la sola finalidad de ingresar como socia. 

Debido a una administración cuasi fraudulenta de YPF por parte de Repsol y la Familia Eskenazi se llevó a ésta a un estado crítico en el abastecimiento de naftas en todo el país, como consecuencia de no invertir en el desarrollo de la explotación de nuevos pozos petroleros, y esto, como derivación de haber acordado el retiro anual del 90 % de las utilidades. 

Fue por este extremo que el gobierno de Cristina se vio obligado a ordenar en abril de 2012 la intervención estatal de la empresa con el fin de preparar la expropiación del 51 % de las acciones de la petrolera española, y, a su vez garantizar el patrimonio, iniciar un proceso de recuperación de la gestión y comenzar a planificar el despegue del abastecimiento de la producción de naftas. Finalmente, la expropiación se consumó en el mes siguiente (mayo/2012) mediante la ley 26.741. 

A su vez la a Familia Eskenazi titular del 25% de las acciones a través de una sociedad anónima española unipersonal, constituida bajo el nombre de PETERSEN ENERGIA a los fines de la adquisición, que no le fueron expropiadas, alardeó que no podía pagar las deudas con Repsol, quién le había financiado parte del precio de la venta a pagar con la participación en el cobro de las utilidades, según lo que acordaron, y en el porcentaje que le correspondería a su activo accionario, ni tampoco con los bancos europeos, quiénes también le financiaron otra parte a instancia de los vínculos de REPSOL. 

La falta de pago provocó que la petrolera española, en connivencia con la Familia Eskenazi, urdieron un pedido de quiebra ante un tribunal comercial de Madrid en atención al domicilio legal de PETERSEN ENERGÍA, quiebra nunca habría sido decretada. 

Radicado el pedido de quiebra, los bancos europeos extrañamente no ejecutaron sus créditos impagos contra el consolidado patrimonio de la Familia Eskenazi, extendiendo la pretensión de cobro respecto de PETERSEN ENERGÍA SAU sobre la propiedad de cuatro bancos provinciales argentinos, propiedad también de la Familia, como lo son el de SANTA CRUZ, de SAN JUAN, de SANTA FE y de ENTRE RÍOS. Y digo, fraudulentamente porque si no, como se explica aplicando un mínimo de lógica, que Crédito Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Itaú, hayan esperado para cobrar 1.120 millones de dólares trece años contados hasta ahora, cuando en tres años se hubieran resarcido de ese monto. 

Por el contrario, en connivencia con Repsol y su Presidente Antonio Brufau, devenido íntimo amigo de los Eskenazi, urdieron una trama siniestra de venganza y pillaje junto con el juzgado comercial de Madrid, el Síndico del Concurso Comercial, Burdford, la justicia yankee de Nueva York y el lobby económico y político imperial que gobierna Estados Unidos en perjuicio de la Argentina (lean a Ralph Nader en Twitter). 

Tampoco la Familia Eskenazi demandó al Estado Argentino, antes de que se verificara el pedido de quiebra, para que se les ofertara la compra del 25 % de su paquete accionario, derecho que tenían acorde con el Estatuto de YPF, y sobre la base inicial del valor de 5.000 millones de dólares pagados a REPSOL por el 51 % como resultado de una negociación y acuerdo y conforme a los valores del mercado en ese momento. La cuenta era fácil. Serían 2.500 millones de dólares más un plus de un 10 o 20%, y no 16.000 millones de dólares, más el interés usurario del 8%anual, más honorarios sobre el monto total, mas la tasa de justicia.