COMUNICADO: NUEVO INTENTO DE PROSCRIPCIÓN DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, A MANOS DEL PARTIDO JUDICIAL
Los bloques de legisladoras y legisladores de Unión por la Patria en la Provincia de Buenos Aires manifestamos nuestra más profunda consternación y preocupación por la difusión anticipada y tendenciosa por parte de un diario de tirada nacional, de la presunta decisión de la Cámara de Casación de ratificar la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad.
Según consta en la edición del pasado domingo, la Cámara de Casación se pronunciaría esta semana y confirmaría la condena de primera instancia. La sala de Casación interviniente, de dudosa imparcialidad, está integrada por magistrados con vínculos fluidos con Mauricio Macri (como los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos). Haber hecho trascender la noticia es una provocación evidente y un acto fuera de todo respeto por las garantías procesales, puesto que la afectada ni siquiera ha sido notificada de tal resolución. Pero además, la oportunidad de la publicación sugiere que los jueces responden al presidente de la Nación, ya que unas horas antes de la tapa del diario, en el marco de un acto partidario, Milei «apura» en su discurso a los jueces para que avancen en las causas contra Cristina Fernández de Kirchner.
La Causa Vialidad está plagada de irregularidades manifiestas, señaladas no sólo por la defensa de la ex presidenta, sino por juristas de renombre internacional como el ex juez Baltasar Garzón, entre otros. Estamos ante un nuevo capítulo de lawfare; hacen uso de la Justicia para perseguir -y en este caso proscribir y quitar de la competencia electoral- a la líder de la oposición que concita el apoyo de una parte importantísima de la población argentina. El Poder Judicial que debe impartir justicia de manera imparcial está siendo utilizado como un actor partidario, para desprestigiar, perseguir y aleccionar a la oposición política.
Estos hechos se inscriben indudablemente en el acuerdo Macri – Milei por aprobar -amañada y apuradamente- una ley de «ficha limpia», que impide la participación electoral de candidatos con causas de corrupción. La premura de su tratamiento y la pronta decisión de la Cámara de Casación evidencian el verdadero objetivo que persiguen: proscribir a Cristina Fernández de Kirchner para que no pueda ser candidata a ningún cargo electivo. La democracia argentina no puede permitir el uso político de la justicia para la puesta en marcha de este tipo de maniobras persecutorias.
No parece casual que esta embestida contra Cristina Fernández de Kirchner se haga pública 2 días después de conocer los nuevos índices de pobreza e indigencia, que luego de más de 20 años volvieron a superar el 50 % de la población, alcanzando el 52,9% . La gestión de Javier Milei en sólo 9 meses ha incrementado más que ningún otro gobierno la pobreza y la indigencia en nuestro país (11,2 y 6,2 puntos más que en el anterior registro), desfinancia a la educación y la salud públicas, reprime violentamente las movilizaciones en su contra, pero con las mismas fuerzas de seguridad ordena y garantiza las movilizaciones a favor, como la del último sábado en Parque Lezama en donde los micros pudieron llegar desde el conurbano de la provincia de Buenos Aires con custodia y show de corte de calles, canciones profundamente agresivas y de mal gusto y bombas de estruendo y morteros incluidos. El mismo gobierno que arremete contra los más vulnerables (jubilados y niños), y que reniega de las instituciones republicanas, busca ahora también hacer uso de la Justicia para perseguir y amedrentar a la principal líder de la oposición en un intento por remontar la imagen presidencial que va en caída libre.
Por eso, desde los bloques de legisladoras y legisladores de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires repudiamos este tipo de situaciones y exigimos que se terminen de una vez y para siempre, ya que menoscaban la libertad de las personas, la convivencia democrática y el Estado de derecho.
Estamos a favor de la justicia siempre y bregamos por el respeto insoslayable de las garantías que brinda la Constitución Nacional. Lo que ocurre actualmente en la Causa Vialidad nada tiene que ver con una Justicia imparcial.
