La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, fue notificada por el Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, de la resolución a la solicitud de medida cautelar planteada oportunamente para anular un préstamo bancario contraído de manera fraudulenta y en perjuicio de un cliente de la institución.
Conforme a los solicitado, una jueza actuante, hizo lugar a lo planteado por la Fiscal y ordenó al banco la anulación de un préstamo de más de 6 millones contraído en agosto de 2023 bajo la modalidad ciberestafa.
También solicitó que se le informe si se procedió a la restitución al banco de una suma de dinero (del préstamo) que se encontraba aún en la cuenta del damnificado, como lo había ordenado en octubre de 2023.
El hecho ocurrió en agosto de 2023, cuando una persona creyó comunicarse telefónicamente con una aseguradora para denunciar un robo.
En la oportunidad e incurriendo en error, brindó información personal e instaló una aplicación, mediante la cual manipularon su teléfono y constituyeron un préstamo por más de 6 millones de pesos y llegaron a hacer dos transferencias, quedando un saldo en la cuenta del damnificado, quien advirtió la maniobra y realizó las denuncias pertinentes.
Cabe mencionar que esta medida adoptada por la justicia salteña, tiene un precedente nacional, tal lo informado por el Sistema Argentino de Información Jurídica, respecto a una causa en la CABA donde hicieron lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por la víctima de una ciberestafa, y mediante la cual, ordenaron al banco que suspenda el cobro del crédito otorgado a la actora.
Así es que afirmaron que se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado, puesto que no puede pasar inadvertida la alegación sobre la ineficiencia del sistema de seguridad bancario para la concreción del ilícito del que habría sido víctima la accionante. En tal sentido, agregaron que, considerando el acotado alcance económico de la petición cautelar, cabe otorgarle prevalencia al relato de la actora, a raíz de la tutela especial, de rango constitucional, que el ordenamiento jurídico otorga al consumidor. (SENTENCIA12 de Julio de 2024CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL. CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Sala F Magistrados: Alejandra Noemí Tévez – Ernesto LucchelliId SAIJ: FA24130036)
