Bullrich y su protocolo fueron denunciados ante la ONU
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió dos comunicaciones a Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando el nuevo protocolo para protestas sociales de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Las presentaciones fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron a título personal. Dentro de ellas, 1700 tienen el aval de centrales sindicales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, además de colectivos de infancias, estudiantil y político.
👉Denunciamos el protocolo contra la protesta en la @CIDH y la @OACNUDH
Con más de 1700 firmas de centrales sindicales, organizaciones sociales y organismos de DDHH les pedimos que exijan al Estado argentino que garantice el derecho a protestar. https://t.co/y6s5SDceYy
— CELS (@CELS_Argentina) December 19, 2023
Según el CELS, la mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación fijan pautas de actuación policial y estatal que “son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social”, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos.
¿Qué dice el protocolo?
El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.
Deróguese
El objetivo de las cartas enviadas por el CELS es que la ONU y la CIDH manifiesten al Estado argentino “la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta”.
En la carta a la CIDH se pide que adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.
“Exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan”.
