Primera protesta masiva contra el ajuste pone a prueba el protocolo represivo de Bullrich
Tras el brutal ajuste y las amenazas de represión, se espera una importante movilización para el próximo miércoles, cuando se cumplen 22 años del estallido social que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
La convocatoria a marchar del Congreso a Plaza de Mayo, organizada para el 20 por distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales pondrá a prueba el protocolo anti protestas diseñado por el Ministerio de Seguridad.
La movilización fue convocada por más de 250 organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas y fue ratificada un día después de que Patricia Bullrich anunciara la implementación de un protocolo «para el mantenimiento del orden público».
La medida fue rechazada por dirigentes políticos y organizaciones locales e internacionales, entre ellas el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule.
«Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.
#Argentina Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la #protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la #fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales.🧵 pic.twitter.com/OikovtUfAG
— UN Special Rapporteur Freedom of Association (@cvoule) December 16, 2023
Pese al anuncio oficial, las organizaciones sociales resolvieron movilizarse este miércoles bajo las consignas «Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI»; «No al protocolo de Bullrich. Ni represión ni criminalización» y «Por un paro activo nacional y un plan de lucha», señaló un comunicado difundido desde el Polo Obrero.
Repudio de organizaciones de derechos humanos
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) adelantó que pedirá la «derogación por vía judicial» del protocolo de seguridad, que se trata, analizó, de «una remake recargada del que (Bullrich) presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal».
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales instaron, por su parte, al Ministerio de Seguridad a «rever el protocolo» y ratificaron la «plena disposición para trabajar con las autoridades competentes en la adopción de directrices para el uso racional de la fuerza por parte de los agentes públicos», consignaron en un comunicado.
También se opuso al protocolo la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que recordó que «las peores tragedias» de la historia argentina «han llegado de la mano de las políticas represivas».
En un sentido similar se expresaron la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que exigió su «inmediata derogación» del protocolo, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que remarcó que «se persigue» a las organizaciones al destacar que «cortar las calles no es delito».
Rechazo de centrales sindicales internacionales
Por su parte, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) expresaron que “condenan de manera categórica la Resolución 943/2023 emitida por el Ministerio de Seguridad de la República Argentina. Esta medida, bajo el pretexto de establecer un «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación,» otorga poderes desmedidos a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para intervenir en manifestaciones y bloqueos de vías de circulación, socavando de forma flagrante los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sindicales”.
«Exhortamos al gobierno argentino a reconsiderar de inmediato esta resolución y a respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los y las trabajadoras. Llamamos a la comunidad internacional a unirse en la condena de estas medidas autoritarias y a mantenerse alerta ante cualquier intento de socavar la democracia y los derechos civiles en Argentina».
«Finalmente expresamos nuestra solidaridad y total apoyo al movimiento sindical y social del país y en especial a nuestras centrales afiliadas CGT, CTA-T y CTA-A».
