«El fraude fiscal, la precarización y explotación laboral, es la marca registrada y la verdadera realidad que esconden las plataformas que con un fuerte lobby actúa sobre los funcionarios y aprovechan tapiar cualquier acción que las regule»
La empresa de Delivery RAPPI Arg S.A.S., dedicada a la gestión del reparto de bienes de consumo mediante una plataforma digital, radicada desde el año 2018 en Argentina, fue denunciada penalmente, ante el Ministerio Público Fiscal Solicitando que se investigue «a todo aquel que resulte responsable, participe o encubridor», por «utilizar a los trabajadores registrados en su plataforma para maniobras que tienen un alcance sobre Comisión del Delito de Lavado de Activos».
La denuncia presentada en las oficinas la Unidad de intervención temprana (UFE), por Gonzalo Ottaviano trabajador del sector de delivery y miembro de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (A.Si.M.M). Adjuntaron como evidencia documentación que detalla que la empresa «impone a sus usuarios/trabajadores generar la facturación a través de la firma Gestorando» e indicaron que ambas empresas «utilizan un mecanismo donde se genera una sobre facturación, en nombre de los usuarios/trabajadores, y que en todos los casos se trata de montos irrisorios que son desconocidos por ellos».
En la presentación se brindan detalles sobre una maniobra por parte de la app donde a los trabajadores y trabajadores se les «exige pagar los saldos negativos a través de la aplicación Pago 46», a lo que el denunciante aduce como «una maniobra de manipulación» que lleva a los trabajadores de la app a cooperar en «movimientos engañosos», ya que no existe forma alguna donde los trabajadores puedan filtrar o controlar la forma de pago de los pedidos que reciben».
«Al llegar al tope de $10.000, la aplicación suspende la cuenta al trabajador y no permite la continuidad de la tarea laboral hasta que la deuda no es saldada», a la vez que se le impone saldarla «depositando el dinero a través de una transferencia bancaria hacia alguno de estos agentes registrados», ejemplifica el denunciante.
El pedido de investigación resalta que tanto ‘Gestorando’ como ‘Pago 46’ son empresas de «dudosa procedencia», ya que proponen como única vía de contacto un número de WhatsApp o un correo electrónico «que pocas veces funciona». Por ende, «no existe un domicilio físico visible, según indicó el documento formal», concluye la denuncia penal.
«El fraude fiscal, la precarización y explotación laboral, es la marca registrada y la verdadera realidad que esconden las plataformas que con un fuerte lobby actúa sobre los funcionarios y aprovechan tapiar cualquier acción que las regule. Los responsables de controlar y los representantes legislativos miran para otro lado, bajo la falsa premisa de la modernización. Se debe combatir esta red de complicidades y corrupción que está a la vista de todos», concluyó Ottaviano.
