Iniciaron los alegatos en el juicio por el “operativo antijesuita”

En el debate se investiga a diecisiete imputados por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas. La fiscalía continuará exponiendo este viernes.

El Ministerio Público Fiscal -integrado por el fiscal general Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante- comenzó este viernes la exposición de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza N°1 en el juicio seguido a exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército y de la Fuerza Aérea por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

Entre los hechos que se juzgan se encuentran las desapariciones perpetradas en el marco del denominado “operativo antijesuita” contra militantes que trabajaban con el cura José María “Macuca» Llorens en el barrio San Martín, junto a otros múltiples operativos realizados contra diversos grupos en distintos momentos de la última dictadura militar, tales como los denominados “Operativos Mayo de 1976”, “Abril de 1977”, “Diciembre de 1977” y “Mayo de 1978”, este último en el contexto de la represión desatada en las vísperas del mundial de fútbol. A esos episodios se suman un grupo de casos referidos a personas desaparecidas en el Campo Las Lajas, centro clandestino de detención dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y otras múltiples detenciones en la IV Brigada Aérea. También se aborda en el  juicio el secuestro y posterior desaparición de Marcelo Verd y Sara Palacio, cometidos durante la dictadura de Alejandro Lanusse.

Para este proceso, que comenzó en marzo de 2019, el tribunal está compuesto por los jueces Alejandro Piña, Héctor Cortéz y Alberto Carelli y, en carácter de cuarto juez, Raúl Fourcade. El juicio abarca cuatro causas acumuladas que  tramitaron por separado en la etapa de instrucción. En su mayor parte, los acusados pertenecían a la estructura del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, que tenía a cargo la recolección y procesamiento de la información y la coordinación de operativos con otras fuerzas militares y de seguridad, y de la Fuerza Aérea; en este último caso, los imputados estuvieron asignados tanto a áreas operativas como de inteligencia.

La fiscalía remarcó que en este juicio se encuentran “algunos de los máximos responsables del accionar represivo» de Mendoza, que formaban parte de las estructuras de inteligencia y que decidieron el destino fatal de las víctimas.

El alegato

En la primera jornada de la exposición del alegato de la fiscalía, Rodríguez Infante destacó la importancia de este debate por la cantidad de víctimas, entre las que se encuentran más de sesenta homicidios, la mayoría de los cuales corresponden a personas que continúan desaparecidas. También remarcó que, a lo largo de las audiencias, se pudo determinar la estructura y las características de la responsabilidad de los acusados, dado que gran parte de los hechos llevados a juicio ocurrieron en el marco de grandes operativos en los que se secuestraba, torturaba y desaparecía a una importante cantidad de personas que compartían militancia o espacios. Explicó que gran parte de esos procedimientos fueron conjuntos, llevados a cabo con la intervención de las distintas fuerzas y que mostraron la coordinación entre ellas, en sintonía con el plan sistemático desplegado en el país durante la última dictadura cívico militar.

En ese sentido, Rodríguez Infante remarcó que en este juicio se encuentran “algunos de los máximos responsables del accionar represivo en nuestra provincia”, que formaban parte de las estructuras de inteligencia y que decidieron el destino fatal de las víctimas, que saben qué ocurrió con ellas, dónde están sus restos y que «incluso saben dónde están los entonces niños y niñas que fueron apropiados y apropiadas y cuya identidad aún se busca restituir en Mendoza”. Para ello, el representante del MPF anticipó que en su alegato no solo se demostrará que los hechos ocurrieron con la intervención de los imputados, sino también que, en los casos de las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Destacamento de Inteligencia, que los hechos fueron perpetrados merced a las labores desarrolladas desde tales estructuras, “no por grupos secretos, sino por quienes integraron estas estructuras”.

Rodríguez Infante luego realizó un repaso por el contexto en el que ocurrieron los hechos, estableciendo un paralelismo entre el modo en que escaló el accionar represivo y la forma en que se fueron emitiendo “normativas” vinculadas al accionar de las fuerzas armadas, “en tanto allí se refleja en toda su expresión de qué modo las prioridades y el funcionamiento de las fuerzas pasan a orbitar alrededor de la denominada lucha contrasubversiva, que adquiere una centralidad absoluta y que constituyó la plataforma sobre la cual se desató la represión ilegal”, dijo.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, este paralelismo “exhibe con toda claridad cómo las fuerzas abandonan su rol tradicional vinculado con la defensa nacional frente a agresores externos, y pasan a ocuparse del disciplinamiento de la sociedad, a través del exterminio, la persecución y la represión de la población, llevando a cabo una profunda resignificación de sus funciones, que se refleja en toda esta normativa”.

Uno de los casos abordados en este juicio fue perpetrado durante la dictadura de Alejandro Lanusse: el secuestro y la desaparición de Marcelo Verd y Sara Palacio, cuya hija -de entonces seis años- reconoció en fotos a uno de los agentes de inteligencia que intervino en los hechos.

El alegato continuó luego con el abordaje de los casos. El primero de ellos estuvo centrado en la acusación contra Hugo Luis Zalazar Campos, integrante del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza y su responsabilidad en el secuestro y la desaparición de Marcelo Verd y Sara Palacio, cometidos durante la penúltima dictadura militar, autodenominada “Revolución Argentina”. Rodríguez Infante repasó cómo ambas víctimas se conocieron, se casaron y luego participaron en diversas organizaciones de lucha armada, y cómo desde las fuerzas armadas y de seguridad se desplegó un operativo de inteligencia previo a su secuestro, e incluso se liberó la zona en las horas previas al operativo donde fueron capturados ambos, al momento en que se encontraban en su casa junto a sus dos hijas.

Para Rodríguez Infante, de las propias actuaciones de la época resulta no sólo la intervención del Destacamento de Inteligencia en estos hechos -encontrándose incluso probada la participación directa en ese secuestro de un exagente civil, de esa dependencia castrense, fallecido, que fue acreditada por un reconocimiento fotográfico realizado hace más de 50 años por la propia hija del matrimonio, con tan solo 6 años de edad-, sino también la vinculación entre este operativo y otros dirigidos contra el mismo grupo de militantes en otros lugares del país, varios de ellos con probada injerencia del Destacamento, e incluso de quien fuera su máximo responsable en Cuyo, el teniente coronel Carlos Néstor Bulacio, también fallecido.

De acuerdo al representante de la fiscalía, las maniobras realizadas por los grupos de inteligencia buscaron generar confusión sobre el modo en que habían ocurrido los hechos, pasando de investigar el secuestro a presentar a las víctimas como acusadas y desviar la investigación, con la intención de asegurar la impunidad.

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal se centró en la acusación contra Oscar Alfredo Simone y su relación con el secuestro de Roberto Blanco Fernández, actualmente desaparecido, quien se desempeñaba en el Departamento de Transporte en la Dirección de Tránsito y Transporte de la provincia. Blanco Fernández sufrió un primer secuestro en enero de 1976, tras ser falsamente acusado de haber participado de un atentado contra una comisaría. Luego de ese episodio, en abril de ese mismo año, fue convocado a presentarse en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, de donde nunca regresó.