«LA seguridad jurídica sólo se logrará con un Poder Judicial Democrático y Transparente» asegura el empresariado.
8 de cada 10 empresarios muestra desconfianza en el actual sistema judicial argentino. Lo midieron entre las PyMes de 22 provincias en el país.
El Poder Judicial en su conjunto tiene un descrédito aún superior con un 85,88% de los empresarios y empresarias que indican que tienen poca o nula confianza en el mismo lo que configura una delicada situación institucional. Publican los empresarios en la web oficial enac.org.ar
Respecto de los aspectos que deberían ser revisados sobre la «justicia» un 89,6% de los empresarios indicó que deben eliminarse los privilegios, un 76% reducir los plazos de los mandatos, un 75,6% democratizar el sistema y un 62% apunto a ampliar la Corte Suprema de Justicia como cabeza de este poder.
Por ello, en un comunicado sobre la situación de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial en su conjunto, la entidad manifestó:
«Uno de los poderes de la República pierde notoriamente credibilidad frente a los graves hechos de público conocimiento. Alertamos que la práctica conocida como «mesa judicial» y/o «Gestapo sindical» del Gobierno de Macri, Larreta, Vidal, Carrió o de Morales es un modus operandi que pone en riesgo el estado de derecho, la democracia y la soberanía nacional.
Dirigentes partidarios, medios de comunicación, fiscales y jueces, muchos asignados sin concursos públicos previos, fueron el brazo ejecutor de prácticas persecutorias que nos remiten a los años de las dictaduras cívico‐militares. El armado de causas judiciales ficticias se produjo con el objetivo de beneficiar al poder económico concentrado, aliado incondicional del Gobierno de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, que trajo como consecuencia directa el empobrecimiento del pueblo argentino.
Este modo de persecución política y judicial mediático fue sincronizado al mismo tiempo con un hostigamiento mediático hacia funcionarios y ex funcionarios públicos, dirigentes partidarios, líderes sociales, periodistas, sindicalistas, jueces y empresarios por medio del armado de causas penales, con arrestos preventivos y difamaciones periodísticas.
Cabe mencionar que el propio Presidente de ENAC Leo Bilanski fue perseguido judicialmente durante 3 años con causas judiciales que buscaban ponerle un cepo mediático ante las denuncias sobre el genocidio pyme que se estaba llevando a cabo con la participación de dirigentes de la CAME. Misma práctica que la realizada por entidades empresariales que se visibilizaron en los videos públicos de la mencionada “gestapo sindical”.
Recientemente la Senadora Juliana Di Tullio fue atacada por sus denuncias en el Congreso de la Nación sobre las persecuciones políticas realizadas en la Provincia de Buenos Aires. Son las propias instituciones judiciales también las que violentan y atropellan a la democracia que en lugar de ofrecer justicia y transparencia buscan acallar las voces que visibilizan la realidad.
Los Vicentin Gate, el préstamo espurio que tomo Macri con el FMI y los acreedores privados, la fuga de capitales, el uso de cautelares para habilitar la importación indiscriminada, la causa de los cuadernos, etc son algunas de los escándalos que la sociedad está esperando transparencia y que el Poder Judicial no se da por enterado.
Por lo tanto:
-La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino – ENAC adhiere a la a la marcha del 01/02/22 por un poder judicial democrático al servicio del pueblo y no de las corporaciones.
-Es urgente un pacto social que promueva la libertad y la justicia como dos pilares fundacionales para el desarrollo argentino. La seguridad jurídica solo se logrará con un Poder Judicial Democrático y Transparente» concluyó el ENAC. ENAC representa políticamente a las empresas que viven del mercado interno con presencia en 22 provincias de la Nación.
