Lugar común la muerte
Por Juan Alonso
Lucas González tenía 17 años, jugaba al fútbol como enganche en el club Barracas Central. Estaba en quinta división pero pintaba para crack. Tres policías de civil en un auto sin identificación policial lo mataron el miércoles de dos balazos en la cabeza cerca de un kiosco en la jurisdicción de la seccional 4ta, cuando Lucas y dos amigos regresaban de una práctica y entrenamiento de fútbol. Dentro del auto de los chicos no había armas ni proyectiles letales. Solo camisetas, medias y ropa de gimnasia. Fueron a comprar un jugo porque tenían sed y resultaron interceptados por una brigada de la Policía de CABA que los siguió a los tiros.
Lucas murió en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y sus amigos estuvieron una noche completa en una Institución de Menores a cargo de un juez del fuero, que tardó demasiado para interpretar que no habían cometido ningún delito.
Ahora la causa por el homicidio agravado de Lucas está en manos de la Justicia de Instrucción de CABA, que debe resolver la situación procesal de los oficiales Gabriel Issasi, Fabián López, y José Nievas, quieres habrían disparado unas 12 veces con sus armas calibre 9mm. Las pericias están a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y el juez Del Viso.
Los padres de Lucas nombraron al abogado Gregorio Dalbón como representante legal y decidieron donar los órganos para salvar la vida del prójimo. Todo un mensaje de amor en el centro de la narrativa del odio, la discriminación racial de clase, la homofobia, el antifeminismo y el machismo dominante que promueven los medios comerciales hegemónicos, la derecha y la ultraderecha, y las redes antisociales.
Uno de los policías acusados, el inspector Issasi actuó como espía en el gobierno de Mauricio Macri bajo la orden del juez Claudio Bonadío. Lo designaron junto a otros agentes de la Policía de CABA para viajar y hacer inteligencia contra CFK en la provincia de Santa Cruz. Así lo reveló a mediados de 2016, la periodista Gabriela Cerrutti, actual portavoz del Gobierno Nacional, que por entonces, en 2016, publicó una crónica en el portal noticias Nuestras Voces.
Si Horacio Rodríguez Larreta hubiera echado al policía Issasi en 2016, hoy Lucas González estaría con vida. Pero no fue así. La ciudad autónoma de Buenos Aires emplea a ex funcionarios de la AFI en la Procuración a cargo de Juan Bautista Mahiques y nadie dictó un procedimiento para intervenir en este caso de gatillo fácil.
El procurador interino eterno, Eduardo Casal, ayudó a la impunidad general luego de desmantelar el equipo especializado de la Procuvin que investigaba la violencia institucional. Ese dispositivo había sido creado en 2013. Pero en tiempos de Patricia Bullrich y Pablo Noceti -protagonistas del horror en los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en Chubut-, Casal no quiso incomodar a Bullrich y destrozó todo a su paso.
Patricia, alias «Cali», es una gran defensora de las pistolas Tasser que tienen un costo de 10 mil dólares por policía ya que incluyen un kits de ropa especial, geolocalización y baterías. Debe ser porque es muy amiga del principal proveedor. Un misterio.
Bullrich dijo que el asesinato de Lucas fue según ella, «un hecho confuso». El ministro de Justicia y Seguridad de CABA antes había hablado de «exceso». Curioso lenguaje para justificar el homicidio agravado de Lucas por parte de agentes de la peor Policía de la Argentina que es un peligro para la democracia.
Issasi ingresó a la antigua Metropolitana en 2012. Venía de la Bonaerense, otra junta de impresentables, y se sintió tentado por los altos salarios que le ofrecieron Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, y Diego Santilli.
El relato de la mano dura caló muy hondo en ciertas capas sociales. Lucas también fue una víctima de ese tipo de odio macerado y construido en esquema de pastilla de lapidación del otro.
Según la Correpi, en los últimos cinco años, hubo 121 casos de violencia institucional en CABA. La edad de las víctimas es de 12 a 15 años. Lo que refleja la estigmatización de los sectores vulnerables, cuyos jóvenes y niños son asesinados por balas policiales en la ciudad más rica de la Argentina.
Lucas González podría haberse convertido en otro Messi o Di María. Dos balazos impactaron en su cabeza porque un grupo de policías lo consideró sospechoso de la nada sin orden judicial y sin identificación policial. Actuaron como los grupos de tareas de la dictadura genocida que salían a buscar detenidos desaparecidos por las calles de la ciudad en Falcon verdes.
Habrá una misa por Lucas y reclamos de Justicia. Vendrán las chicanas procesales de la defensa de los imputados. Aunque la pena para el delito de homicidio agravado es prisión perpetua. De hecho los agentes tienen prohibido salir del país y por eso pidieron la exención de prisión antes de entregarse.
La prensa canalla llamó «delincuente» a Lucas. Y en solo 48 horas desplegó todo un volantazo periodístico. Ahora lo llaman «crack de fútbol».
Tuvo que ocurrir un crimen atroz para que un pibe de 17 años llegara a la tapa de ciertos diarios.
La normalización de la crueldad y el odio no es aconsejable para la continuidad del sistema democrático. Lucas debe ser un caso bisagra para democratizar las fuerzas policiales e investigar al Gobierno de CABA y su fuerza de choque.
