Cristina le apuntó al poder real
Por Juan Alonso
El alegato estaba previsto para las 12:30 pero se retrasó poco más de media hora. Cuando el sitio Web del Tribunal Oral Número 8 comenzó a transmitir en vivo los espectadores colmaron la página de visitas. La audiencia tuvo picos de visualizaciones en todas las plataformas de Internet con miles de mensajes.
Cristina Fernández de Kirchner comenzó recordando que el 18 de julio de 1994 ella era legisladora provincial de Santa Cruz y que recién en 1996 asumió como senadora nacional por esa misma provincia en donde Néstor Kirchner era gobernador. Es decir que es imposible la acusación penal en su contra porque no estaba en Buenos Aires ni tenía relación con la AMIA.
Dos años más tarde, en 1998, recién integró la Comisión Bicameral que siguió la investigación del atentado. Una causa que sigue impune después de 27 años de operaciones mediáticas y de intervenciones de inteligencia nacional y extranjera, con el fiscal Alberto Nisman asociado a Antonio Horacio “Jaime” Stiuso (ex jefe de Contrainteligencia de la vieja SIDE) como principal consultor inmediato, anexado desde la década del ’70 a las agencias de inteligencia de Israel y Estados Unidos, y sus intereses geopolíticos en la región.
En una vibrante intervención que puede interpretarse como la defensa pública de todos los acusados y acusadas falsariamente en el expediente judicial, CFK reinauguró su propio sello de identidad: la denuncia al centro mismo del poder real –los fondos buitres, el FMI, la oposición cuyo rostro aparente es Mauricio Macri, y la corporación mediática en sintonía con la mesa judicial y los sótanos de la democracia-.
Entonces, una serie de apellidos comenzaron a emerger de la narrativa trepidante de CFK. “Esta acusación es un disparate judicial, institucional y político”, aclaró Cristina.
Explicó que la denuncia de Nisman era desopilante porque la acusaba –justa a ella que integró la Bicameral de la AMIA y fue dos veces Presidenta de la Nación- de haber encubierto a los sospechosos iraníes junto al canciller Héctor Timernan –fallecido en circunstancias muy dolorosas, luego de que el juez Claudio Bonadío le negara la posibilidad de viajar a tiempo a EE UU para poder continuar con su tratamiento médico de urgencia por una enfermedad terminal-, en un cúmulo de presunciones que fueron descartadas de cuajo por el juez federal Daniel Rafecas en su dictamen de 2015.
O sea: CFK narró detalle por detalle de qué forma la máquina de inquisición de Macri logró reabrir una causa cerrada por Rafecas en una especie de invento horroroso que llevó, por ejemplo, al actual Procurador General del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, a ser sometido a cuatro meses de prisión. No sin antes mencionar el lobby del principal asesor judicial de Macri, Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”, prófugo de la Justicia en Punta del Este. A ese encartado nadie lo fue a buscar en pijamas, casco, chaleco antibalas y esposas.
¿Y todo por qué?
Porque Nisman sostuvo antes de ser hallado muerto de un disparo en la cabeza en su domicilio de Puerto Madero, que CFK, Timerman, Zannini y el resto de los imputados habían sido cómplices en el encubrimiento del atentado.
Sí, así como suena. Un delirio.
El Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán fue aprobado por el Congreso de la República Argentina en 2013 y no resultó aprobado por el Parlamento iraní. Por consiguiente no se validó.
¿Qué implicaba ese Memorándum?
Que la Justicia Nacional pudiese tomar testimonio a los sospechosos acusados por el fuero federal y la Unidad Fiscal AMIA a cargo de Nisman hasta de que se suicidó.
Desde el mismo momento en que asumió el poder, en diciembre de 2015, Macri tomó el control del Poder Judicial designando a dos jueces por decreto en la Corte Suprema de Justicia y mandó reabrir la causa que Rafecas había archivado por falta de pruebas sin existencia de delitos.
Nisman había dicho que Cristina quería proteger a los iraníes con la caída de las alertas rojas de Interpol. Falso. La Argentina nunca le dio de baja a esas alertas y así lo explicó el máximo funcionario de Interpol en su momento, Ronald Noble, quien fue ignorado por Bonadío y sus superiores de Alzada, los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Se trata de dos asiduos visitantes de la Quinta de Olivos y de la Casa Rosada en la mina era neoliberal de Macri, que dejó una deuda de más de 100 mil millones de dólares con el FMI, sin pagar jamás los 300 millones de dólares que todavía le debe al Estado Nacional por la estafa del Correo.
¿Y qué jueces intervinieron en todas las causas penales contra CFK?
El trío de Bonadío, Borinsky y Hornos.
El primero no logró eludir la muerte pese a su invención del “derecho creativo”. Borinsky jugaba al tenis con Macri y estuvo 15 veces en la quinta presidencial desde 2016 hasta el 23 de septiembre de 2019. Hornos habría sido más cauto, solo estuvo en la Casa Rosada durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, según los registros de la Casa Militar y de Poder Ciudadano.
Cristina citó al catedrático del Derecho de Alemania, Claus Roxin, quien aclaró: “El temor a la parcialidad manifiesta se configura cuando el juez juega al tenis con el imputado y luego se van a comer juntos”.
En este caso, precisó CFK, el juez Borinsky hacía todo eso junto pero con Macri al mismo tiempo que debía juzgarla a ella por diversas causas pegadas con mucosa mediática.
¿Y cuál habría sido el origen de tanta inquina denunciadora?
El reclamo de los fondos buitres para que el gobierno de CFK le pagase lo que ellos querían. Algo que sí llevó a la práctica Macri. La Argentina les pagó 9300 millones de dólares en abril de 2016, a meses de asumir el gobierno.
“Me quisieron doblar la mano durante años y me negué a pagarles cualquier cosa. Yo no lo hice y me banqué lo que me banqué”, dijo la Vicepresidenta tras mostrar en cámara la solicitada mundial que publicaron esos mismos fondos usurarios, con un afiche que la expuso junto al ex presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, en momentos en que Israel quería impedir el progreso nuclear de Irán.
“No sé si lo ven –describió CFK-, esto es lo que se publicaba en los principales diarios europeos. Soy yo con el entonces presidente de Irán, Ahmadineyad, diciendo como que teníamos un pacto con el diablo. Este es el grupo de choque de los fondos buitres para lograr doblarnos la mano”.
Lo que viene
“¿En serio quieren hacernos creer que todas estas causas judiciales son legítimas y legales? No, nunca he visto una ilegalidad de este tamaño. Los jueces mintiendo acerca de sus propios actos vinculados con las causas en que son jueces. Es un escándalo monumental, nunca visto. Es tolerado, ocultado por los grandes medios hegemónicos”, reiteró la Vicepresidenta.
Lo que vendrá no será nada sencillo para los camaristas María Gabriela López Iñiguez, quien presidió la audiencia, y los jueces Daniel Obligado y Juan Michelini. La voluminosa prueba que contiene constancia real de nulidades que fuera requerida por las defensas y pedida por el fiscal Marcelo Colombo fue enviada al Tribunal la noche antes de la audiencia en la que CFK desparramó por los aires a la mesa judicial.
Parte de esa prueba son los archivos peritados en el teléfono celular del secretario privado de Macri, Darío Nieto, quien según Cristina ocultó prueba fundamental ya que no blanqueó las reuniones de su jefe con el magistrado Borinsky en Olivos.
Quizá por eso, Nieto se presentará como candidato en las próximas elecciones legislativas. Una banca le otorgaría fueros a la sombra de Mauricio Macri, que habló en Suiza antes de que cante el gallo.
Ahora está imputado formalmente por el delito de contrabando agravado, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes. Un delito que prevé una pena de 4 a 12 años de prisión en Argentina.
Como si fuese poco, la Procuración del Tesoro de la Nación apeló la chatarrería jurídica de la Cámara Comercial y el Superior Tribunal de Justicia de CABA y le exigió a la jueza Marta Cirulli que dejara firme la quiebra del Correo. Un caso que derivará en la ampliación de responsabilidades para Socma y Sideco del hermano Gianfranco.
En Bolivia, Macri es investigado por cómplice de genocidio y lesiones graves seguidas de muerte en dos masacres de las fuerzas represivas tras el Golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
Allí hubo 37 asesinatos y cientos de heridos. La Policía de Bolivia halló 29 mil cartuchos calibre 12/70 para la represión de civiles en uno de sus depósitos. Material de la muerte que viajó de Argentina el 13 de noviembre de 2019 en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea con 10 gendarmes, pistolas, ametralladoras, fusiles, escopetas, granadas y balas.
La Argentina tiene tratado de extradición con Bolivia y Macri puede terminar preso como Jeanine Áñez.
