El secretario general del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), Carlos Ortega, realizó ayer una transmisión en vivo junto al secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor «el Gringo» Amichetti, en donde se refirió a la situación de los trabajadores que actualmente llevan adelante sus tareas con la modalidad de teletrabajo, al rol del Estado durante la pandemia y a los cinco años de la primera marcha por el «Ni Una Menos».
En ese sentido, Ortega destacó «desde nuestra organización gremial consideramos que el teletrabajo es la ruptura de nuestro convenio contractual. En términos generales, creo que lo que hace es romper un sistema solidario de los trabajadores. Si aceptamos eso, vamos a sufrir las consecuencias de la explotación y el individualismo«.
Por otra parte, el dirigente sindical aseguró que «uno de los desafíos que plantea la pandemia es dar la pelea contra la individualización. Por lo menos en nuestro gremio, que es un gremio de servicio a la comunidad, nos equivocamos si empezamos a discutir si hay que hacer teletrabajo o no, hay cosas más profundas» y destacó: «unas de las cosas que hay que aprender de esta crisis es tratar de ser más solidarios y más empáticos con los problemas de la sociedad; hay que dar la discusión por la subjetividad y la función del trabajo».
En relación al rol del Estado durante la pandemia Covid-19, Ortega sostuvo que «el desafío que tenemos que asumir es tener un Estado mucho más presente. La inclusión no tiene que ser solo en términos de asistencia, tenemos que tener al Estado como herramienta y motor de las políticas industrialistas».
Por último, y en conjunto con la diputada nacional del Frente de Todos María Rosa Martínez y la diputada provincial Soledad Alonso, también perteneciente al Frente, Ortega habló sobre los cinco años del movimiento «Ni Una Menos»: «el contexto de cuarentena obligatoria agudizó la situación endémica de violencia machista, por lo que creemos urgente y necesaria la promoción de políticas para la independencia económica y habitacional de todas las víctimas».
De esta manera, concluyó: «acompañamos el movimiento «Ni Una Menos» y exigimos la implementación de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y de estrategias para la prevención y erradicación de todo tipo de violencias hacia la mujeres y diversidades».
