Los abogados que tramitaron el pedido lo hicieron tras la intención del Gobernante por lograr que no se demande al Estado jujeño.
En el instante que los letrados, Nallar y Quintar anunciaban públicamente la acción judicial contra Morales, en el parlamento local, la comisión de Asuntos Institucionales presidida por el diputado Ramiro Tizón, agilizaba el trámite parlamentario del proyecto para evitar las denuncias en contra de la administración provincial.
Ante esto, las repercusiones sociales y políticas, comenzaron a ser notorias, tal el caso de la Presidenta del Colegio de Abogados, Gabriela Igarzabal, quien al respecto, opinó: “El Colegio está preocupado porque entiende que el proyecto no puede suspender los procesos de ejecución, y que estos gastos tienen que organizarse de otra forma”, dijo al fijar la postura institucional sobre este caso.
El repudio de legisladores
En tanto, el ambiente legislativo tampoco quedó al margen de las expresiones vinculadas al hecho. Alejandra Cejas, Diputada PJ, aseguró que éste gobierno viene avanzando fuera de lo que dicta la Constitución en varios proyectos y éste busca ser uno más; refiriéndose a la intentona radical por hacer que el Judicial no de curso, ni inicie causas en contra del Estado dirigido por Gerardo Morales.-
