LAW FARE EN EL CONURBANO -Parte 2-

LA SIDE

En Moreno todo empezó a saberse con la muerte del Lauchón Viale, un agente de la ex SIDE en ocasión de un tiroteo, que tuvo una investigación opaca, donde hubo esfuerzos para poner orden en un escenario lleno de cabos sueltos que dejó el asalto a la casa del amigo de Stiusso. Fue en el marco de una serie de allanamientos por narcotráfico, llevada adelante por la Policía Bonaerense.

Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi son dos comisarios exonerados de la policía bonaerense durante la época de León Arslanian, Secretario de Justicia y Seguridad bonaerense del ex Gobernador Felipe Solá. Estos “vecinos” de Moreno y San Isidro aparecen años después en la Causa del Dr. Ramos Padilla que tramita en los juzgados de Dolores, por la que continúa preso el falso abogado Marcelo Dalesio, agente de inteligencia aparentemente inorgánico de la AFI, pero también relacionado con la CIA y DEA que prestaba apoyo a operaciones de la ex Ministra Patricia Bullrich e incluso las dirigía. Bogoliuk era jefe de Dalesio, según éste. Cuando ambos comisarios fueron secuestrados en la calle el 28 de diciembre de 2010 (Día de los Santos Inocentes), la investigación quedó en un robo de pequeñas sumas, unos relojes, un auto y alguna chuchería más. Nada importante.

El armado de causas judiciales a dirigentes políticos con el fin de perseguir a opositores no solo se hizo desde los tribunales de Comodoro Py, sino también desde ámbitos judiciales provinciales donde el macrismo e intereses del poder real del territorio bonaerense tienen o tuvieron sus espadas. Todo tipo de operaciones donde se mezclan los servicios de inteligencia de la actual AFI (intervenida por Alberto Fernández) y policías locales. Pero además de la ensalada servicios, fiscales y políticos del macrismo común en el esquema lawfare o guerra judicial de todo el último período, en el conurbano está la estigmatización a los pobres, con la cobertura y ocultamiento de las consecuencias de violaciones a derechos elementales como pérdida de derechos educativos y de seguridad ciudadana.

Hay que reparar en dos notas del Diario La Nación. El periodista Pagni desnudó el 3/3/2020 que en ese, su propio diario, generaron una ola de lawfare en los juzgados federales a partir de una amenaza a los jueces con que saldrían escrachados en una foto en tapa. Ahí se precipitaron detenciones de dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresariales “empapelados” según la jerga de la calle, mediante la invención de pruebas, testigos truchos y campaña de medios.

En otra nota del 12/1/2020 se explicita la desgracia de un preso, que se comió años por un crimen que no cometió, siendo víctima de una fiscalía que lo “empapeló”. «Pido justicia para la familia de José Fernández», declaró Fabiola Aguirre en plena detención de su hijo, Diego Chávez, acusado por el crimen de un policía local de Moreno. Tuvieron que pasar tres años, siete meses y once días para que un tribunal finalmente acreditara la inocencia que ella sostenía desde el primer momento.

 «En dos horas de juicio lo absolvieron -cuenta ahora Aguirre a La Nación- , pero para conseguirlo se debió luchar mucho: hicimos marchas, radios abiertas, incluso formamos una comisión por la libertad de Diego y por otras causas armadas. El 12 de noviembre de 2015, a las seis de la mañana, una comitiva de agentes de la fuerza de seguridad bonaerenses irrumpió en una casa de la localidad de Paso del Rey, en el partido de Moreno. El oficial a cargo del operativo les informó que buscaban cierta ropa y un arma de fuego. No encontraron nada de eso, pero igual se llevaron al joven esposado. Un comisario de la DDI de Rodríguez – Moreno le explicó que estaba detenido por la muerte de un policía y le dijo: ‘Te tocó perder, Negro, te vas a tener que hacer cargo'».

 El fiscal Walter Velázquez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, acusó a Chávez de homicidio criminis causae en tentativa de robo con portación de arma de fuego. Semejante acusación exponía al imputado a una potencial condena a prisión perpetua.”…” hubo una rueda de reconocimiento y la viuda del policía lo señaló a él. Fue extraño porque las características que ella había dado del asesino de su marido no coincidían en nada con la fisonomía de mi hijo. Evidentemente alguien le había dicho que lo marcara. Al día siguiente lo trasladaron a Diego a la Unidad 28 de Magdalena».

   «Diego Chávez no tiene nada que ver. No sé por qué está acá», dijo el testigo Gamarra frente a los jueces, y luego entregó detalles de cómo había sido el intento de robo al policía y de cómo su cómplice lo había matado. Una hora más tarde, el Tribunal leyó el veredicto absolutorio de Chávez. Hoy Chávez intenta reconstruir su vida. La Nación quiso entrevistarlo, pero él se disculpó argumentando que nadie mejor que su madre podría explicar cómo funcionan los mecanismos de un sistema arbitrario. Ella lo resume así: «La Justicia te dicta la prisión preventiva y tenés que ‘comerte’ adentro hasta que ellos quieran, hasta que se les cante hacer bien su trabajo». Moreno es una fábrica de causas y detenciones. “Una vez que logramos la absolución de Diego fue al revés: mucha gente empezó a buscarme a mí para contarme de los casos de sus hijos y así se nos ocurrió formar un colectivo», cuenta Fabiola Aguirre sobre la creación de la primera organización en el país de Familiares y Amigos de Víctimas de Causas Armadas. El grupo, del que también participan organizaciones territoriales y de defensa y promoción de los derechos humanos, se propone «visibilizar y acabar con esta aberrante vejación contra lxs pibxs de nuestras barriadas» y exige «que jueces y fiscales dejen de avalar los fraguados policiales».