La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación tratará el próximo martes el proyecto para intervenir el Poder Judicial en la provincia, presentado por el senador nacional Guillermo Snopek (Frente de Todos).
La iniciativa prevé que el gobierno nacional designe a un “interventor federal” por un año y declarar “en comisión” a miembros de la Corte Suprema, el Ministerio Público y todos los jueces de tribunales inferiores. “Morales tiene la suma del poder público”, aseguró Snopek.
Entre los fundamentos esgrimidos por el senador nacional, se detalla, la siguiente situación política que envuelve a la Corte jujeña: «El 17 de diciembre de 2015, a propuesta del Poder Ejecutivo, la Legislatura de Jujuy aprobó una reforma ampliando el Superior Tribunal de Justicia (la Corte Suprema de la Provincia de Jujuy) de cinco a nueve miembros mediante la ley N° 5878.
De los 4 nuevos jueces, tres de ellos, son del partido radical, el mismo al que pertenece el Sr. Gobernador de Jujuy, siendo dos de ellos, Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Los nombrados eran diputados provinciales, que en un mismo día votaron la ampliación del número de miembros del Superior Tribunal para, 48 horas más tarde, asumir como jueces del mismo.
El tercero en asumir, Federico Otaola, fue diputado por el radicalismo en el año 1983. Y además, a posteriori, se designó como presidente del Superior Tribunal a la Dra. Clara Aurora de Langhe de Falcone, también ex diputada de la UCR. Adviértase que en diciembre de 2015 el Superior Tribunal de Justicia en acuerdo “2020 – Año del General Manuel Belgrano”plenario había elegido como presidente del cuerpo para el año 2016 al Dr. Sergio R. González.
Sin perjuicio de ello, la ley que dispuso aumentar el número de miembros y dividir las salas, también ordenó que con la nueva integración se debía elegir un nuevo presidente, desconociendo lo ya resuelto y entrometiéndose en el funcionamiento interno del Tribunal.
Con esta reforma legal, lograda mediante un procedimiento cuestionable en su validez constitucional, la Unión Cívica Radical de la Provincia (el oficialismo) tiene clara mayoría en dicho cuerpo judicial con sus cuatro diputados provinciales.
El propósito de la ampliación del Superior Tribunal de Justicia fue políticamente evidente: conformar una mayoría afín al Ejecutivo, vulnerando el principio de independencia del Poder Judicial.
La organización del Superior Tribunal de Justicia en salas, invocaba como motivo la agilización en el trámite de las causas. Este objetivo no sólo no fue cumplido sino que las demoras persisten y, además, se aplican criterios contrapuestos, según que una sala se integre con jueces de otra sala cuando alguno de los naturales no puede intervenir, creando inseguridad jurídica para los litigantes.
Se ha organizado el régimen de salas, consiguiendo que cada una de ellas esté integrada siempre por una mayoría afín al Ejecutivo, porque en caso de disidencias, es la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, o su reemplazante, que también fue designado por el Ejecutivo, quien desempata (ley 5879, introducción del art. 43 bis de la ley orgánica del Poder Judicial).
Se ha incrementado de manera desproporcionada el número de secretarios del Superior Tribunal de Justicia, dándoles funciones que la ley orgánica no prevé, como relatores. Sin embargo, esto no contribuyó a agilizar las causas.
Desde la presidencia del Superior Tribunal de Justicia se han implementado mecanismos de presión explícitos e implícitos a jueces y secretarios, para provocar pronunciamientos en sentidos favorables a las pretensiones del Ejecutivo.
Ejemplo de ello, son la concesión y quita de subrogancias como premio o castigo de jueces por el contenido de sus decisiones.
La Diputada Provincial del oficialismo Clara Falcone, como presidenta del Superior Tribunal de Justicia, llegó a manifestar públicamente, en actos oficiales, “que el Poder Judicial le ha asegurado la gobernabilidad al ejecutivo» expuso Snopek en su presentación legislativa de los hechos.
