El norte argentino agoniza por la xenofobia
Ninguna de las soluciones que se dieron ante la desnutrición infantil, llegó a tiempo. Las mismas fueron generadas, luego del fallecimiento de niños y niñas oriundos de la Provincia de Salta y mientras al menos 40 de ellos permanecen internados en el hospital tartagalense JUAN DOMINGO PERÓN.
La realidad de los pueblos originarios que habitan el Chaco Salteño es complicada por alta depredación de los recursos naturales, operada en esa zona por los agrocapitales que fueran favorecidos por los gobiernos locales, con la explotación del bosque nativo. La afectación consecuente de la fauna, incluida la de los ríos que atraviesan el lugar, hace que el conjunto de circunstancias, se agrave.
Así bien lo explican desde la Escuela de Antropología perteneciente a la Universidad Nacional de Salta -UNSA- al referirse a la situación del pueblo wichí » A raíz de la propagación mediática que cobraron las noticias de muertes por hambre de niños y niñas wichí durante los últimos dos meses, la grave situación en la que se encuentran las comunidades indígenas que habitan el Chaco salteño se ha convertido en un tema general de opinión pública.
En esta coyuntura, el gobierno provincial declaró la emergencia sociosanitaria y anunció el despliegue de intervenciones destinadas a paliar la falta de acceso a servicios de agua y de salud en las zonas afectadas. Estas acciones, que cuentan con el respaldo del gobierno nacional, se encuentran enfocadas en atender las urgencias, sin ofrecer respuesta alguna a los problemas estructurales que desencadenan estas situaciones. Claramente, la alarmante pérdida de vidas de niños indígenas también está advirtiendo sobre la pérdida de recursos básicos –incluyendo las fuentes tradicionales de agua– y del despojo de los territorios en los que las comunidades se han desenvuelto históricamente, tratándose de un indicador del abandono estatal y de violación de múltiples derechos humanos.
Tanto organizaciones indígenas como sectores académicos vienen denunciando hace décadas la falta de garantías en la implementación de derechos de pueblos indígenas. A pesar de la existencia de legislaciones propicias, las sucesivas administraciones gubernamentales y los sectores privados violan cotidianamente estas leyes, acrecentando la vulnerabilidad de dichas poblaciones. Estas prácticas son acompañadas por expresiones racistas y discriminatorias por parte de funcionarios públicos –tanto del sistema político como del médico– que emplean argumentos culturalistas para culpar a las propias víctimas. De esta forma se fomentan discursos que naturalizan las situaciones por las que atraviesan las poblaciones originarias, en vez de asumir una responsabilidad estatal histórica hacia las mismas.
Entendemos que la falta de reconocimiento del genocidio de los pueblos indígenas por parte del Estado-nación argentino, desde su conformación y hasta el presente, se expresa al continuar sosteniendo condiciones de explotación e insalubridad humana, generando desplazamientos forzados que tampoco garantizan condiciones básicas de vida.
Desde la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta, denunciamos esta situación y repudiamos el agresivo avance de la frontera agropecuaria y la agroindustria que desmonta, fumiga, degrada los territorios indígenas, desaloja y despoja violentamente a las poblaciones. En este punto es importante dejar de lado la falacia que portan afirmaciones sobre el desarrollo de la gran industria agropecuaria: “desarrollo” que más bien aumenta la brecha de la desigualdad socioeconómica, fomenta la destrucción de bosques nativos y provoca migraciones forzadas.
Sostenemos que la única forma de dar respuestas adecuadas a esta grave situación es no sólo aplicar las medidas que atienden urgencias, sino acompañar estos procesos a mediano y largo plazo. Ello requiere del involucramiento de los afectados, con protocolos de consulta y consentimiento válidos para las prácticas de los pueblos indígenas y la restitución de sus derechos.
Finalmente, es fundamental concretar la implementación de programas de reparación histórica de las vulneraciones de derechos para los pueblos indígenas de la totalidad de la provincia, ya que comparten estas realidades. En esta dirección adherimos a la exigencia de la Mesa de Derechos Humanos de Salta sobre el rol urgente que deben asumir los organismos estatales en asegurar los derechos humanos que están siendo violados, en el marco de políticas públicas y planes de gobierno de largo plazo.
Expresamos nuestro compromiso por aúnar esfuerzos entre instituciones y organizaciones para aportar a la superación de estas realidades y al cumplimiento de normativas ya existentes. También manifestamos adhesión a los comunicados del Colegio de Graduados en Antropología Social (CGA) , el Grupo de Trabajo CLACSO “Educación e interculturalidad” , y el Equipo de investigación Niñez, Alteridad y Ciudadanía (UBA)» concluye el comunicado de la organización científica.
