Las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación encabezadas por el presidente Alberto Fernández recibieron este viernes la capacitación en la temática de género y violencias contra las mujeres y diversidades que establece la Ley Micaela al cumplirse el primer aniversario de la promulgación de la normativa.
La presencia del presidente y de los funcionarios del gabinete nacional da cuenta del compromiso asumido por el gobierno para reducir las brechas de género que existen en los distintos ámbitos y para garantizar los derechos para que las personas puedan crecer en libertad y con autonomía plena.
La actividad estuvo a cargo de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y de la socióloga Dora Barrancos, titular del Consejo Asesor del ministerio. La cartera tiene entre sus competencias lograr la implementación efectiva de la ley en los tres poderes del Estado y en todo el territorio nacional.
Al finalizar el encuentro, el presidente de la Nación señaló que “somos una sociedad pensada y construida a partir del hombre, donde la mujer sólo fue un acompañamiento, descuidando objetivamente que fue parte esencial de la sociedad argentina. Queremos una sociedad igualitaria, con plenitud para todos más allá de su condición de género y de su identidad sexual, queremos una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse”, explicó el mandatario al intervenir en el cierre de la actividad”. Y agregó: “Hoy, lo único que vine a hacer es a cumplir con la Ley, a que todos entendamos todo lo que hay que cambiar. Por eso, cada vez que llevemos derechos a la gente celebremos, porque vamos a estar siendo mejores”, destacó.
Para Gómez Alcorta “esta capacitación a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que incluye al propio Presidente de la Argentina constituye un cambio de paradigma no sólo en la implementación de la Ley Micaela sino en la posibilidad de incluir perspectiva de género a todas las políticas públicas en nuestro país. No tengo dudas de que es un hecho histórico, es un salto cualitativo y eleva la vara en lo que implica la obligatoriedad de la capacitación con perspectiva de género y sobre violencias por razones de género. Sin esta perspectiva es muy difícil que aquellos que tienen en sus manos el diseño y la ejecución de las políticas públicas puedan trabajar para reducir las brechas de desigualdad por razones de género”, sostuvo.
La ministra también señaló que “desde que se promulgó la ley hasta ahora, la implementación ha tenido serios déficits: la falta de reglamentación; la falta de presupuesto; déficits en materia de federalización. Cada una de las provincias fue invitada a adherir y sólo 21 lo hicieron, pero además en muchas de ellas faltan las respectivas reglamentaciones o las autoridades de aplicación. También se registra una falta de sistematización y publicación integral de los datos estadísticos sobre las capacitaciones realizadas a la fecha. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad vamos a trabajar para revertir todos estos déficits pero también en otra de las cuestiones que para nosotras es central que tiene que ver con las certificaciones de la Ley Micaela. Vamos a formar a las máximas autoridades de los tres poderes y vamos a coordinar para que cada uno de los ministerios y dependencias del Estado puedan dictar sus capacitaciones a partir de cursos certificados por nosotras. Esto también se hizo en la gestión anterior con una calidad bastante débil y creemos que a un mes del nuevo gobierno y a un año de la promulgación de la ley estamos dando un salto en lo que se refiere a la aplicación de esta ley en todo el país”.
A través de la capacitación en la temática de género y violencias contra las mujeres se busca promover la transformación de valores culturales que naturalizan las desigualdades entre los géneros y promover espacios de intercambio y construcción de sujetos sociales, de ciudadanas y ciudadanos comprometidas y comprometidos en la transformación de la realidad, en la producción de procesos de inclusión y cohesión social con igualdad de oportunidades y libres de violencia. Para reducir las brechas de desigualdad y erradicar las violencias por razones de género es indispensable construir políticas públicas integrales y transversales y jerarquizar las herramientas con las que el Estado los aborda.
Uno de los objetivos de la Ley Micaela es el desarrollo de un plan de formación continuo que siente las bases de una verdadera transformación cultural al interior del Estado, condición necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas.
