Los medios que hoy se oponen a los derechos del sector pasivo, confundieron a la población con los anuncios que pretenden llevar la tranquilidad a jubilados que irán recuperando poder adquisitivo y movilidad en el diezmado haber mensual.
Uno de los voceros circunstanciales fue el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados por el Frente de Todos, Darío Martínez, quien al respecto, detalló que durante los primeros seis meses habrá un aumento de más del 30%, llevando la mínima a $18.200, aparte del bono de $10.000 a cobrar en dos veces durante diciembre y enero.
«Va a trabajar el Ejecutivo en un mejor mecanismo, pero mientras tanto le va a asegurar los aumentos a la mayoría de los jubilados en una proporción mayor a la que le daría la fórmula de movilidad existente», sostuvo.
Según lo expresado por Martínez, el incremento será superior en casi todos los casos al que determinaba la fórmula previsional de 2017 que rigió hasta diciembre de este año: «la mayoría de los jubilados, arriba del 75%, percibe la mínima, va a recibir en este semestre más de lo que daba la fórmula, no quiere decir que de los demás no nos vamos a ocupar», aseguró.
Situación inicial
A una semana de asumir la presidencia, Alberto Fernández se encontró con una situación, compleja, dado que la fórmula jubilatoria que tanto se negaba a comparar Macri, con la aplicada anterior a su decreto, nació mal parida. El cálculo de la movilidad, en el enganche con su predecesora, la que era de ajuste semestral, se tragó un trimestre, es decir, debía aplicarse en diciembre, siendo que el primer aumento recién se otorgó en marzo.
Es por eso que en marzo de 2018; en vez de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, estimado del 14,5% se dio el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arrojó un 5,71%. Y hacia delante, el reajuste en lugar de aplicarse con un desfase de tres meses se efectivizó con un retraso de 6 meses que, en un escenario de inflación creciente, aseguró una pérdida mensual continúa.
La nueva fórmula estableció que las jubilaciones y prestaciones sociales se ajustan cada tres meses por un indice que combina un 70% de inflación y 30% de RIPTE con un atraso de 6 meses. En momentos de alta inflación eso perjudica a los beneficiarios, que es lo que vino pasando en estos dos años.
Ismael Ibáñez es el periodista que escribió esto y en su análisis, al respecto, acotó: «La anterior fórmula de movilidad tampoco era beneficiosa para los jubilados por cuanto no garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo frente a la inflación. Y en condiciones de recesión y caída del empleo, la recaudación a la Seguridad Social se hubiera resentido, como efectivamente pasó en 2016, y con la formula vigente en ese entonces, los haberes perdieron 10 puntos frente a la inflación»
