Las grietas del Golpe en Bolivia: 1ra parte
En un informe que circula sobre las principales disidencias tácticas, se mencionan las acciones bélicas desatadas en la ciudad de El Alto, La Paz y Cochabamba. El escenario de crímenes en Senkata y la preocupación por la evidente escasez de combustible proveniente de los países vecinos, Chile y Perú.-
Fuentes inmersas en la estructura militar, dieron información respecto del conflicto que se va evidenciando entre las cabezas principales del Ejército y la Policía boliviana. Sucede que muchos, rechazan el golpe y la actuación que han tenido las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia en el derrocamiento del gobierno y los días de instalación del golpe, ahora representado por la autoproclamada Jeanine Áñez.
«El escenario en el que hoy día se están desarrollando estas operaciones represivas es muy confuso, pero todo indica que el gobierno ha decidido radicalizar su comportamiento represivo, en un comportamiento absolutamente arbitrario, violatorio de los derechos humanos y que va a desatar en las próximas horas una gran operación de persecución política contra ministros, viceministros o funcionarios públicos de alto nivel», alertaba, en consonancia con el tono alebrestado que el flamante Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha desplegado desde que asumió la cartera en el gabinete de facto.
La mecánica de instalación del Golpe de Estado, se desarrolla cronológicamente de la siguiente manera: Murillo hablaba de ir a la cacería de altos dirigentes, y el 18 de noviembre, acentuando las detenciones y la búsqueda y captura de dirigentes sociales o figuras del gobierno de Evo Morales. «Puede haber 100 detenidos esta tarde también porque hay gente que está hostigando, y vamos a seguir deteniendo a gente que está hostigando, después no vengan a decirme no estaba haciendo nada», recogió el diario Página Siete.
«Están buscando a dirigentes, ministros, directores de empresas, para detenerlos y por supuesto acusarlos de un conjunto de delitos que forman parte de la puesta en escena política para justificar las condiciones en las que nos encontramos», revela la fuente en otro contacto al día siguiente, confirmando que «ya existen procesos que se han abierto por sedición, por atentados contra la seguridad del Estado, por otros delitos».
Al parecer, el encargado de esta faceta del trabajo sucio le corresponde, entre otros, al diputado Rafael Quispe, de Unión Democrática (UD), el mismo partido de Áñez y Murillo. Quispe ya elevó una denuncia ante la fiscalía boliviana acusando a Evo Morales de terrorismo, entre otra serie de denuncias, expedientes y acusaciones contra figuras del MAS en el presunto auspicio de actividades «sediciosas». Y es que, según la fuente, existen varios motivos de peso para que la administración golpista acelere el paso y logre transmitir la idea de que el apuro con detenciones y otra serie de acciones políticas recientes, difícilmente corresponden a un gobierno que solo se encargará de «la transición», no se debe a la urgencia por controlar la situación o que, eventualmente, se les vaya de las manos.
Como aún no logran ambos sectores, la legitimidad de la denominada gente «de bien», las clases más acomodadas, las grietas entre las fuerzas represoras comienzan a dar muestras más que evidentes; «en una maraña de conflictos internos, intrigas y desgajamientos en los que se entrecruzan las diferencias históricas de ambos cuerpos y los cuestionamientos del desborde represivo» señala el medio «Misión Verdad».
Cuya fuente protegida, le aportó datos de estos conflictos intestinos entre los sectores mencionados. «Esta es la primera vez que se están realizando operaciones conjuntas de naturaleza represiva entre Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía en los últimos 20 años. Normalmente, las decisiones políticas para el uso tanto de una como de la otra en actos represivos solía hacerse de manera independiente; esta es la primera vez que se están llevando a cabo operaciones represivas conjuntas», algo que «ha generado tanto en una institución como en la otra un malestar debido a un largo conflicto interinstitucional que viene de hace más o menos un siglo».
Cabe en este sentido, mencionar que ambas fuerzas comienzan a interactuar en aparentes pedidos públicos de la Policía para sumar a las FFAA, con el objetivo de incrementar la represión de las protestas sociales. El inicio de esta operación conjunta, lo sabemos, fue cuando el propio 11 y 12 de noviembre «A través del general [Williams] Kaliman las FFAA se han incorporado al control represivo a lo largo y a lo ancho del país, pero en particular en la ciudad de La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz.
Ante esto, los mandos medios se mostraban reticentes porque sienten que ingresaron en un momento en el que la policía estaba viviendo una crisis de capacidad operativa y por lo tanto las fueron a salvar de la situación crítica. Consecuentemente, en este conflicto, las FFAA se han visto obligadas a resolver la incapacidad de la policía que durante todos estos años ha estado involucrada en prácticas mafiosas, corrupción generalizada y violaciones de derechos humanos; la policía es una de las instituciones más desprestigiadas y desacreditadas por las que desafortunadamente tuvieron que salir a apoyar en el marco de este régimen golpista», puntualiza la fuente.
La actitud de las FFAA en la represión es «muy poco comprometida» y está generando «fisuras internas». «Se están produciendo deserciones de soldados, particularmente en la ciudad de Cochabamba y en el Departamento de La Paz. En el caso de Cochabamba son soldados que provienen del Trópico (las zonas calientes y selváticas del Departamento), y en el caso de La Paz provienen de El Alto: soldados que están desertando para no disparar contra sus propios hermanos», sostiene.
«Por otra parte, los oficiales que están al mando de la tropa han dispuesto que los soldados retiren las agujas percutoras de sus fusiles porque no se sienten seguros de que los soldados puedan intervenir de acuerdo a las órdenes de sus mandos, sino que esta sensación de inseguridad y desconfianza de los soldados ha hecho que solamente salgan para mostrar sus armas en una actitud más disuasiva».
En redes sociales se evidenció cómo en otros sectores del país, Oruro, unidades militares con apresto se sumaron a las marchas y movilizaciones de campesinos e indígenas, al menos en los departamentos andinos, lo que de por sí representó la primera señal de que no todo estaba bajo control dentro de las FFAA.
Un dato no menor es el malestar inmediato por el desplazamiento de la Unidad de Seguridad Presidencial (USP), encargada de la seguridad de la Casa Grande del Pueblo (el palacio presidencial), compuesta por oficiales del ejército. «Al intervenir la policía en el golpe de Estado, prácticamente se cobró esta factura», produciendo «un sentimiento muy agudo de insatisfacción y malestar».
Pero el patrón de la policía en desmedro de las instituciones que pasaron a manos de las FFAA o civiles no se detiene en quién controla la seguridad de la Casa Grande, «al mismo tiempo que los militares fueron a salvar a la policía de su crisis de capacidad operativa, la policía estaba recuperando algunas instituciones que pasaron a manos de civiles, como por ejemplo el Servicio de Identificación Nacional», sostiene la fuente.
No solo el cúmulo de políticos que encontraron sentido de oportunidad para dejar su nombre rubricado en esta página aciaga de la historia boliviana: así como arriba se reparten las palancas del Estado (y sus presupuestos), abajo, la policía reproduce el mismo esquema de rebatiña clientelar haciéndose con lo que pueda, así vaya en desmedro de tal vez la institución más sensible de todo el concierto estatal. «La policía estaba encargándose de recuperar los espacios perdidos que el gobierno de Evo Morales le había quitado prácticamente por la corrupción generalizada», redondea el informante.
Además en las tropas pesa el hecho que por «estos días la población los están llamando ‘militares asesinos’. Esta es una categoría despectiva que están recibiendo en gran parte del país, algo que el presidente Evo había resuelto después de la masacre sangrienta de octubre de 2003. Evo Morales reconcilió a las FFAA con la sociedad, y particularmente con la ciudad de El Alto, después de que fueron usadas por Gonzalo Sánchez de Losada» en la represión que produjo más de 70 muertos y más de 500 heridos, en la llamada «guerra del gas». Los están tratando de asesinos en las calles y esto está desembocando en que se cuestione la decisión del general Kaliman de haber pedido al presidente Evo su renuncia, resume la fuente.
El temor en la estructura policial
«No es menor» el tema de la policía, afirma la fuente. «Están agotando sus reservas de agentes químicos; están agotando la munición anti-motines y están llegando al límite del agotamiento en la policía, particularmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los días de uso intensivo del personal, pero además sin relevo».
Un documento de la policía que llegó a la redacción de Misión Verdad, fechado el 14 de noviembre, confirma lo que afirma la fuente. Se trata de un memorándum (número 02467/2019) que el Comando General de la Policía Boliviana le envía al despacho del coronel Franklin Hernán Prado Alconz, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza del ente.
«Debido a la coyuntura social que atraviesa nuestro territorio nacional y con el propósito de contar con recursos humanos para restablecer el orden público, su autoridad, en el marco de sus atribuciones, deberá realizar un informe sobre la factibilidad para que los cursantes de los Centros de Formación Policial de Pre y Post Grado de la Universidad Policial ‘Mcal. (sic) Antonio José de Sucre’, egresen a la brevedad posible, para reforzar a incorporarse a los servicios policiales», reza el documento (el subrayado es de MV).
De alguna manera un poco forzada, dicha petición resuena con el despliegue de menores y novatos del ejército alemán cuando el gobierno nazi, próximo al colapso por el avance del Ejército Rojo, lanzó a la defensa de Berlín a niños y menores, por más que en esta oportunidad se trata de policías en proceso de especialización.
No es la caída de Berlín en el ‘45, pero todo pareciera ir apuntando al inicio de un ciclo aún menos predecible y volátil. Porque aquí no se detienen los problemas de la policía, a.k.a. la institución más desprestigiada del país. El miedo, la inseguridad y el temor a represalias en la calle medra en los barracones policiales. Muchos han hecho conciencia de lo que significó agredir a la whipala (la emblemática bandera de los pueblos indígenas de América y la que oficialmente es la otra bandera de la nación boliviana).
La fuente enfatiza que «están siendo expuestos, están sobre-exponiéndose durante estos más de 20 días [de motín y represión], hay un malestar también generalizado debido a esta sobre-exposición». Bajar la whipala del Comando General en La Paz «generó una gran reacción contra la policía que se ha convertido en una verdadera bandera de lucha de la población que vive en la parte occidental del país», la región andina, generando además «conflictos y controversias dentro del mando policial y el personal de suboficiales, sargentos y de tropa de la policía».
