Salta: Policías represores denunciados ante el Procurador
Familiares de personas que fallecieron en circunstancias vinculadas con el accionar y operativos policiales denuncian que las muertes ocurridas en este último año, se produjeron bajo las mismas maniobras y que se trata de una forma de actuar sistematizada. El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se reunió con los familiares de Jorge “Guri” Farfán, David Alfonzo Neri Ovejero, Martín Carreras y Cristian Gallardo. También participaron; Alicia Salas, Mariel y Jennifer Gallardo, quienes son la madre y hermanas de Cristian Gallardo; el padre de Jorge “Guri” Farfán, Jorge Farfán; la madre, padre y hermano de Martín Carreras, Rosa Lidia Cabrera, Ramón Carreras y Facundo Carreras, y la hija de David Alfonzo Neri Ovejero, Agustina Alfonzo.
Los familiares insistieron con manifestar su intención de que se agraven las calificaciones contra los imputados y la agilización e información sobre el estado de las causas, pero remarcaron especialmente sobre la necesidad que el Poder Ejecutivo Provincial reaccione y disponga, a través del Ministerio de Seguridad, la modificación de la metodología de detención de personas sospechadas de la comisión de delitos, porque la vigente y tolerada por la cartera de Seguridad, puede terminar con la vida de las personas.
Los familiares reiteraron su preocupación ante el Procurador, al considerar que existen elementos en común que unen todos los casos y que no se tratan de hechos aislados entre sí, que hay elementos conexos y puntuales, que habrían desencadenado en la muerte de las víctimas.
Además, criticaron que el Tribunal de Impugnación haya rechazado esta semana la apelación realizada por el Ministerio Público Fiscal, al beneficio de la prisión domiciliaria de los efectivos imputados en el caso Gallardo, “porque sienta precedentes de beneficios de personas que tienen graves acusaciones en su contra”, afirmaron.
Por otra parte, los familiares coincidieron en la necesidad de que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales sea dirigido por un fiscal, porque eso garantizará que no deban pedir reiteración de informes, pericias y otras tareas que lleva adelante el CIF, especialmente cuando se trata de autopsias, a las cuales el Procurador las calificó como “pruebas fundamentales” de una investigación.
El Procurador reiteró que los recibirá cada vez que sea necesario y los familiares requieran información sobre el funcionamiento de las instituciones, siempre enmarcado en las potestades que la Constitución de la Provincia le confiere. Aclaró que los planteos realizados durante el encuentro no pueden resolverse en su totalidad en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, porque comprenden a los distintos poderes del Estado.
Según las expresiones de Abel Cornejo, el dolor causado por la pérdida de sus seres queridos en circunstancias que se investigan, generó una unidad entre las familias y que cada vez que exigen justicia públicamente, llevan a la sociedad a repensar cómo está funcionando y qué debería modificarse para que disminuya la violencia y haya más armonía entre instituciones y ciudadanos.
Las víctimas fallecidas por la represión policial
Jorge David Farfán Vera, de 24 años, falleció el 8 de febrero pasado, cuando era trasladado por personal policial a la Comisaría 12, en la zona sur de la ciudad. Interviene la fiscal Verónica Simesen de Bielke. No hay imputados.
Martín Rodrigo Carreras, de 23 años, murió el 21 de junio pasado cuando era trasladado a una dependencia policial. Interviene la fiscal Ana Inés Salinas Odorissio, quien imputó a los sargentos Alberto Gabriel Figueroa, Gonzalo Robustiano Delgado y Rubén Esquivel y al cabo José Oscar Santos por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.
David Alfonzo Neri Ovejero, de 44 años, murió el 22 de junio pasado en Villa Floresta. La víctima se descompensó y murió como consecuencia de las maniobras ejercidas por los policías para reducirlo. La fiscal María Luján Sodero Calvet imputó por el delito de homicidio culposo al oficial Ángel Peralta, el cabo Emanuel Liendro y el agente Maximiliano Mansilla y pidió el mantenimiento de la detención de los tres.
Cristian Exequiel Gallardo, de 23 años, murió el 26 de agosto pasado, en jurisdicción de la Comisaría 10 de barrio Santa Cecilia. Falleció cuando era trasladado por personal policial tras haber sido demorado. Interviene el fiscal penal, Gustavo Torres Rubelt.
El Tribunal de Impugnación rechazó la apelación del Ministerio Público Fiscal, al beneficio de prisión domiciliaria otorgado por el Juzgado de Garantías 7 a los policías Ricardo Llaves, Jorge Olea, Ricardo López y Lucas Ozuna. Están acusados de homicidio culposo y vejaciones calificadas en concurso real.
