Las heridas abiertas de Salta: Masacre de Palomitas

En la década de los 80’s se estilaba repetir en la sociedad salteña que la dictadura más perversa, atroz y terrorista que hubo en Argentina, no se había desplegado de igual forma en la provincia norteña. Sus ciudadanos consideraban que habían estado a «salvaguarda» de las  aberraciones cometidas unos años antes, en la dictadura y esos pocos posteriores, hasta que empezó a fortalecerse la democracia en el país. Pero los hechos alrededor de los desaparecidos, como el caso del gobernador Ragone, darían por tierra esas afirmaciones que conformaban la doxa popular de la época. Cada juicio de lesa humanidad, llevado a cabo en Salta, puso en debate la verdadera dictadura del silencio y la negación que existía y aún, de vez en cuando, se mantiene en este rincón de la República.

Escrito por Luis Gutierrez desde Tucumán, en el aniversario de la Masacre de Palomitas, el 6 de julio se evocó a quienes fueron víctimas de los crímenes realizados por el grupo de tareas que devastó la capital salteña y las cabeceras departamentales en vísperas del Golpe en el ’76 y en años posteriores, con actuaciones que se llevaron a referentes sociales, políticos, estudiantiles y del periodismo, para engrosar los asesinatos  cometidos en ese período. Desde el Instituto del Pensamiento Latinoamericano, Gutierrez, narra: Cuando hicimos la crónica del secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta, cro. Dr. Miguel Ragone –quien continúa desaparecido- dijimos que en 2011 la justicia determinó que la autoría intelectual de su asesinato correspondió al jefe del IIIº Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Por el hecho fueron condenados a prisión perpetua el coronel Carlos Alberto Mulhall (que era por entonces el jefe del Ejército en la provincia), el teniente coronel Miguel Raúl Gentil (jefe de la policía salteña) y el comisario (R) Joaquín Guil (jefe de seguridad de la policía). Y que también se investigaba la responsabilidad del ex juez federal Ricardo Lona, acusado de haber encubierto el secuestro. Nombres que, en su mayoría, volverán a aparecer en los hechos de terror ocurridos el 6 de julio de 1976.
El 24 de marzo de ese año se inicia la dictadura cívico-militar que, a diferencia de las anteriores, actuaría con una saña inédita en la historia moderna. Los dictadores habían decidido que no blanquearían a los detenidos políticos, que los mismos serían ejecutados en la clandestinidad y luego sepultados en fosas comunes, arrojados al mar, quemados o dinamitados.

Producido el golpe, el coronel Mulhall se posiciona como la máxima autoridad de la provincia de Salta.

El 2 de julio de 1976 explotó una bomba en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, provocando muertos y heridos.
Este hecho –atribuido a la organización Montoneros- se podría considerar como el antecedente de la reacción posterior de la cúpula militar. Sin embargo, ya antes de él se producen hechos que invalidan esta teoría. Así, entre el 1 al 4 de julio abatieron en cuatro procedimientos a siete personas en Córdoba y Tucumán.
El día 2 aparecía en cercanías de Santiago del Estero el cadáver del dirigente del radicalismo Ángel Gerardo Pisarello, que había sido secuestrado de su casa en Tucumán el 24 de junio anterior.

El día 4, el Grupo de Tareas 3.3.2 que actuaba bajo las órdenes de Emilio Eduardo Massera asesina en la Parroquia de San Patricio (barrio de Belgrano, Buenos Aires) a tres curas palotinos y dos seminaristas. El día 6 se produce el episodio que se conoce como la Masacre de Palomitas, que se narra en esta crónica.

En apenas siete días se registraron 95 muertos en todo el país.

El 5 de julio de 1976, Mulhall remitió al juez federal de Salta un listado con los nombres de personas detenidas en el penal de Villa Las Rosas que serían supuestamente trasladadas a la provincia de Córdoba. Al día siguiente, envía al Director del penal, Braulio Pérez, un listado con los nombres de 11 detenidos, para que sean preparados para su traslado “a una cárcel de mayor seguridad”.
La orden emitida por Mulhall –único documento escrito que se conserva-, fue integrada como elemento de prueba al expediente judicial.

La inteligencia militar había elegido cuidadosamente esos nombres. Los estudios de inteligencia los caracterizaban como “integrantes de agrupamientos ilegales a los que se les adjudica participación en operaciones militares”.

El capitán Hugo Espeche fue el encargado de llevar la orden escrita, con la lista de quienes iban a ser asesinados. Espeche llegó a la cárcel a las 19.45 del día 6 de julio. Impartió también otras órdenes: por disposición del Ejército la salida de los detenidos no se registró en los libros del penal. El grupo del Ejército estuvo compuesto íntegramente por oficiales, sin insignias ni distintivos. Todos se nombraban entre sí a través de sus nombres de guerra.

Antes de la llegada de los oficiales se apagaron todas las luces del penal excepto las del lugar donde estaban los presos a trasladar. Los guardiacárceles entregaron los once presos a los militares que esperaban afuera, a oscuras, con linternas en sus manos.
De acuerdo con las órdenes, las personas desalojadas del penal debían sólo llevar lo puesto. El ex detenido Eduardo Tagliaferro relató en la causa judicial esos momentos: “De a una fueron abriendo las puertas de seis celdas. A Pablo Outes, que todavía se encontraba vestido, le dieron tiempo para tomar su gorra; al resto los sacaron desnudos y en algunos casos hasta descalzos”.

 Ya en la salida de la ciudad un grupo de policías encabezados por el jefe, coronel Miguel Raúl Gentil, se sumó al operativo. Paralelamente, entre Salta y Güemes, una patrulla que realizaba controles vehiculares detuvo un Torino conducido por el contador Héctor Mendilaharzu y una camioneta F-100 a cargo de Martín González, a quienes sacaron de los vehículos luego de identificarse como miembros del ERP, señalando que necesitaban los coches para un operativo de rescate y procediendo a amordazarlos, a maniatarlos y obligarlos a permanecer en el monte por espacio de dos horas. El propósito de esta acción era hacer creer que había habido un enfrentamiento.

Mientras, en el penal de Villa Las Rosas los once detenidos fueron subidos a un camión que se trasladó hasta Palomitas, un paraje despoblado sobre la ruta 34, a unos 50 km hacia el sur de la ciudad de Salta. Allí fueron puestos en una fila y ejecutados, entre las 22 y las 22:30 del mismo día. Luego de la ejecución, se modificó la escena a fin de simular un enfrentamiento.

Las víctimas de la masacre fueron: Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Eliseo Outes, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zabransky. Georgina Droz y Evangelina Botta habrían sido separadas del resto y luego dinamitadas en el interior del Torino secuestrado a Mendilaharzu. También se ejecutó al abogado jujeño José Turk Llapur.

Cacho Sabransky, Rodolfo Usinger, María Luque y Georgina Droz eran militantes peronistas y pertenecían a la organización Montoneros. Sabransky era un médico tucumano que había sido detenido el 17 de febrero de 1975.

La venganza también devoró a Roberto Oglietti (21 años), que integraba el Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales y vivía en una residencia estudiantil con el testigo Eduardo Tagliaferro. Menos de un mes antes había designado como defensor al Dr. Ángel Gerardo Pisarello.

Pablo Eliseo Outes sería el último que ingresaría a Villa Las Rosas tras un corto exilio en Venezuela. De regreso, el 2 de Noviembre de 1975 se presentó voluntariamente ante la Policía Federal a las 2:30 de la madrugada en compañía de Ricardo Lona.

Al día siguiente, 7 de julio, los vehículos fueron devueltos. Presentaban marcas de balas y los asientos manchados de sangre. En uno de ellos inclusive se encontraron restos de masa encefálica y parte de una falange. La camioneta fue devuelta totalmente quemada. Ninguno de los vehículos presentaba señales de colisiones ni tampoco se constató que algún miembro del ejército haya sido lastimado.

Las masacres continuarían ese año en otros lugares.
El 20 de agosto un grupo militar ejecuta en Pilar (Buenos Aires) a 30 presos que se encontraban alojados en la Superintendencia de la Policía Federal, procediendo luego a dinamitar sus cuerpos. El 17 de octubre, siete detenidos fueron fusilados en Los Surgentes, provincia de Córdoba.
El 13 de diciembre se produjo la conocida masacre de Margarita Belén sobre la Ruta 11, donde fueron asesinados 22 jóvenes que en su mayoría eran militantes peronistas de Montoneros y se encontraban detenidos en la cárcel chaqueña de Villa Libertad.

Tras el crimen en Palomitas, el Ejército emitió un comunicado en el que afirmaba que había habido un “enfrentamiento”. Un inexistente médico Quintín Orué firmó los certificados de defunción. Los cuerpos fueron dispersados en distintos lugares del nortes del país, salvo los de Georgina Droz y Evangelina Botta, que nunca fueron recuperados.

Los hechos aquí narrados son los que ya fueron determinados en la causa judicial.

Luego de la anulación de las leyes de impunidad, la causa por la masacre se reabrió en 2002. En enero de 2010, la Justicia federal de Salta condenó a los principales responsables a reclusión perpetua por el juez federal Carlos Olivera Pastor.
En noviembre de 2015, la Cámara Federal de Salta confirmó el auto de prisión preventiva al ex juez federal de esa ciudad, Ricardo Lona. El tribunal consideró acreditado que Lona «contribuyó intencionalmente, desde su función como magistrado, con el terrorismo de Estado”. Su abogado defensor era el dirigente del radicalismo Ricardo Gil Lavedra, quien en 2016 pidió dar por concluidos los juicios por delitos de lesa humanidad.
Todos los años organismos de Derechos Humanos y familiares de los fusilados realizan un homenaje a los militantes asesinados en el lugar de los hechos, a un costado de la ruta nacional 34. Existe además un monolito que recuerda la masacre.

Es conmovedora la carta que escribió en 2006 desde México Graciela López, sobreviviente del penal de Villa Las Rosas. Uno de sus párrafos dice: “Si ellos estuvieran hoy aquí, si no hubieran sido torturados y asesinados, si no hubiera 30.000 desaparecidos, miles de exiliados, de hijos huérfanos y de padres huérfanos de sus hijos, de hermanos, compañeros y amigos huérfanos, ¿cómo sería nuestra patria? No lo sé exactamente, sería diferente claro, pero sería mejor de eso no tengo dudas, no sólo porque todos y cada uno de ellos habría ayudado a construirla sino porque si ellos estuvieran hoy aquí no habría genocidas y torturadores que perseguir, no habría asesinos encubiertos compartiendo espacios de estudio y de trabajo, no habría hijos educados por padres asesinos o cómplices de asesinos, entonces, no tengo dudas de que nuestra sociedad sería mejor”.- Memoria, Verdad y Justicia.

Fotos:  acto 2019 en Palomitas, Luciano Alderete Perdiguero