El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo junto al Centro Argentino de Ingenieros, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil y la Sociedad Central de Arquitectos se dirigió al Presidente de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri, a fin de manifestar su preocupación respecto de la subasta o enajenación de inmuebles del Estado Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se dio a conocer la misiva enviada en junio pasado a la Presidencia, por los profesionales, en la que advierte un estado de alerta ante las subastas de propiedades en la CABA. En la misma, escribieron: «Las entidades firmantes Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) y Sociedad Central de Arquitectos (SCA), teniendo a la vista el mapa elaborado por el Observatorio Metropolitano del CPAU que recopila información y la localización de inmuebles, dominio del ESTADO NACIONAL, que se encuentran en proceso de subasta o han sido enajenados durante el periodo 2017-2018 dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han resuelto emitir y difundir la siguiente declaración conjunta: Entendemos que, la sumatoria de estas operaciones vista en su conjunto, representa una política de venta de tierras públicas sobre la cual no se ha evaluado de forma integral su impacto en el marco del desarrollo y la planificación de la Ciudad .
Cabe mencionar que en mayo del 2017, se conoció que en solo 9 meses el presidente Macri había mandado a rematar departamentos, cocheras y hasta predios gigantescos a lo largo del país.
Así tal como se publicaba en revistas, sobre lo que sucedía y que era expuesto por el legislador Pino Solanas «Las ventas no salen en ningún programa panelizado de tevé. Tampoco en los principales diarios: ni en las páginas centrales ni en los clasificados. Sí salen, en cambio, en el boletín oficial: ahí 7 están, para quien quiera verlos, los cinco decretos que firmó el presidente Mauricio Macri, entre agosto de 2016 y abril de 2017, para autorizar la subasta de 93 propiedades que pertenecían a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Son, en total, 18.912 hectáreas. Casi la superficie total de la Capital Federal».
«desde departamentos y pequeños lotes hasta predios gigantescos que podrían convertirse, en un futuro cercano, en megaemprendimientos inmobiliarios. La mayoría de los inmuebles se ubican, de hecho, en la Ciudad, pero los más grandes -salvo la Isla de Marchi, esa zona porteña que el macrismo quiere convertir en un Puerto Madero bis- están en otras provincias: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Jujuy».
En aquel entonces, los medios reflotaban la premisa de Martínez de Hoz, llevada acabo por el macrismo “Achicar el Estado es agrandar la Nación”; mientras el propio Pino Solanas, se sumaba a las voces que alertaban por este desguase “Si no venden empresas como YPF o Aerolíneas es porque no se aprueban en las encuestas que todos los días hace la AFI. Porque este Gobierno hace eso: usa a la inteligencia, entre otras cosas, para encuestar sobre los temas que le interesan” aseguraba el senador nacional, sobre una realidad que no logran evitar a cinco meses de terminar su mandato, Cambiemos.
El Gobierno remató terrenos del Estado por más US$442 millones en dos años
Enajenación compulsiva del suelo público
Al actualizar los datos de esta metodología atroz, escandalosa e impune, en la carta de los profesionales en la construcción, se advierte que «Este proceso tiene como denominador común la enajenación del suelo público por medio de subastas individuales, otorgando normas urbanísticas particulares, que habilita la transferencia de renta urbana al sector privado bajo la forma de proyectos de obras o emprendimientos inmobiliarios, para usos residenciales y de oficina. En lo que respecta al soporte legal de estas acciones, es importante destacar que la consumación de la venta de suelo público debe seguir una serie de procedimientos para su aprobación, radicando su legitimidad en constituirse como emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social.
Entre 2017 y 2018 más de 40 inmuebles nacionales iniciaron procesos de subasta, incluyendo predios con una localización y dimensiones relevantes a escala urbana, según se puede ver en el mapa on-line realizado por el Observatorio Metropolitano.
Vale recordar que el tratamiento urbanístico de los inmuebles estatales no está contemplado cabalmente en el nuevo Código Urbanístico.
Los inmuebles estatales constituyen, en su conjunto, un bien limitado y por ello un recurso invaluable. Es importante, por la propia entidad del tema, poner en discusión el proceso de privatización de la tierra pública en un marco amplio de análisis, basando su desarrollo en el beneficio común, e incluyendo las operaciones en una dinámica integradora de la planificación urbana de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, se recomienda para todo proceso de enajenación, considerar la incidencia en cuanto a plusvalías urbanas (o en algunos casos minusvalías) que se producen al transferir inmuebles a desarrollos comerciales privados con normas urbanísticas especiales. Este concepto forma parte de las modificaciones aprobadas en el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad .
A partir de la evidente incidencia territorial de las acciones impulsadas por el Estado Nacional, y la necesidad de un abordaje desde la planificación urbana, a partir de visualizar las operaciones contextualizadas en una cartografía de conjunto, las entidades firmantes ofrecen su colaboración una vez más, para diseñar un programa de desarrollo urbano que contemple integralmente los espacios públicos y nuevos proyectos, su funcionalidad para el bien común, considerando las necesidades actuales y futuras de equipamiento e infraestructura, así como el impacto urbano que genera la inclusión de grandes predios en el desarrollo urbano general, evaluando la pertinencia social, económica y financiera de las operaciones, dando un marco conjunto a las acciones individuales» concluye la nota elevada al Ejecutivo Nacional.
