Stanley le pone más trabas a las pensiones por discapacidad (*)
La ministra Carolina Stanley apeló el fallo judicial con sentencia firme que la obligaba a restituir más de 170 mil pensiones por invalidez que habían sido dadas de baja o suspendidas a partir de enero de 2017. Además, dispuso un nuevo circuito administrativo para impedir su otorgamiento.
En un nuevo golpe a los sectores más vulnerables, el Ministerio de Desarrollo Social (que absorbió al de Salud) bajo la conducción de la ahora “superministra” Carolina Stanley, apeló el fallo judicial con sentencia definitiva que obliga al gobierno a restituir las más de 170 mil pensiones por invalidez que habían sido dadas de baja y/o suspendidas a partir de enero de 2017. En simultáneo el gobierno estableció un nuevo circuito administrativo con el objetivo de complejizar el reintegro de dichas pensiones.
El 18 de septiembre de 2018, la jueza Adriana Cammarata, titular del juzgado federal de la Seguridad Social Nro. 8 ordenó de forma definitiva “al Estado Nacional – Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación a que en el término de diez (10) días, proceda a restituir las prestaciones no contributivas por invalidez otorgadas a las personas con discapacidad”.
El fallo judicial aclara que “la restitución que aquí se ordena importa asimismo abonar la totalidad de los haberes que hubiesen sido dejados de abonar desde que cada suma debió ponerse al pago y hasta la fecha de la respectiva restitución”.
Sin embargo, el actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social comandado por Carolina Stanley apeló el fallo argumentando, con una importante falta de sensibilidad y cinismo, que “la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) tenía la responsabilidad de resguardar los fondos que administraba, en especial, tratándose de prestaciones de carácter social. Por lo tanto, las suspensiones debían realizarse en forma inmediata con la detección de la incompatibilidad con el objeto de evitar que se generara un perjuicio para el erario, de conformidad con lo establecido en el punto 25 del Anexo I del Decreto N° 432/97”.
Las bajas fueron entonces inmediatas y aquellas personas que recibían sus pensiones jamás fueron notificadas por el organismo. El reciente fallo judicial con sentencia definitiva le da la razón a las más de 170 mil personas que, en condiciones de vulnerabilidad social, siguen sin recibir la pensión que por derecho les corresponde. Pero el Estado vuelve a negarles el derecho.
Suspendidas o dadas de baja intempestivamente desde enero de 2017, el organismo conducido por Stanley argumenta, en uno de los párrafos más crueles de la apelación, que la responsabilidad de esta situación es de los sectores vulnerables y no del Estado: “la norma legal mencionada, impone a los titulares o beneficiarios, apoderados y representantes necesarios en su caso, la obligación de comunicar a la autoridad de aplicación dentro de los QUINCE (15) días hábiles de producida, toda circunstancia que pueda afectar el derecho a la prestación (Anexo I del Decreto N° 432/97, punto 18, inc.). Pues bien, dicha obligación fue incumplida por parte de aquéllos en todos los casos que fueron objeto de suspensiones, pese a haberse sometido voluntariamente a dicho régimen”.
Carolina Stanley es la actual “superministra” de Salud y Desarrollo Social y es una de las firmes candidatas a acompañar a Mauricio Macri como posible candidata a vicepresidenta ante su anunció (desde Nueva York y en inglés) que competirá en las elecciones presidenciales del próximo año por su reelección.
No conforme con la apelación, este martes 25 de septiembre en el Boletín Oficial el gobierno emitió una resolución que establece que la Agencia Nacional de Discapacidad se encuentra implementando un nuevo circuito administrativo de notificación “para el exhaustivo control de dichas prestaciones en resguardo de los propios beneficiarios”. Aclara además que “el mismo corresponde a la toma de conocimiento del beneficiario que corresponda al ser advertida una irregularidad y/o incompatibilidad. Detectada la misma, será comunicada al beneficiario para toma de conocimiento y formular su descargo ante la autoridad pertinente, sin que ello, implique suspensión de la misma”.
Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI), organización que impulsó las presentaciones judiciales ante la baja de pensiones, explica las intenciones del organismo conducido por Carolina Stanley: “El gobierno apeló el fallo para ganar tiempo, y ahora impulsa notificaciones para no devolver el dinero ya que muchas de esas personas, en situación de vulnerabilidad, por no poder acceder a la justicia, por su situación geográfica, por pobreza o por desconocimiento, no van a poder realizar los reclamos como corresponde”.
(*) Extracto de un artículo publicado en el portal Nuestras Voces.
