Blindaje, presupuesto 2019 y Megacanje
Por Lucas Ferrería. En diciembre del año 2000 el entonces presidente Fernando De la Rúa anunciaba el acuerdo con el FMI conocido como Blindaje. Básicamente consistía en un préstamo de 40 mil millones de dólares para afrontar el desequilibrio externo, alejar los fantasmas de default y frenar la fuga de capitales. Los condicionamientos eran los habituales: reducción del gasto público destinado a las transferencias a las provincias, a jubilaciones y al pago de sueldos; desregulación de la ANSES y el PAMI; reforma previsional y congelamiento de todas las demás partidas del gasto público nacional y provincial que no fueran destinadas al pago de intereses de la deuda. “El 2001 será un gran año para todos, que lindo es dar buenas noticias” nos garantizaba el presidente.
Es notoria la similitud en lo discursivo respecto al relato oficial actual en torno a la necesidad de sacrificios, el glorioso futuro por venir, la responsabilidad de gobiernos anteriores en los problemas actuales, lo importante de ser vistos como países serios por el capital especulativo internacional y lo lindo de ir a pedir préstamos al FMI.
También coincide la profundización del desequilibrio externo y las recetas aplicadas para afrontarlo basadas casi únicamente en el ajuste fiscal. En nada ayudó a mejorar las cuentas externas la reducción del déficit por lo que la supuesta confianza que garantizaba el blindaje duró muy poco. En marzo de 2001 se volvió a acelerar la fuga de capitales y el retiro de depósitos en dólares de los bancos. En la vorágine característica de momentos de precipitación de la crisis, fue nombrado Domingo Cavallo como ministro de Economía con atribuciones especiales. Esto fue aprobado en el Congreso de la Nación con los votos obvios de la alianza oficialista y un aporte fundamental de sectores del partido justicialista.
Fracasado el Blindaje con el FMI, el nuevo ministro junto con su Secretario de Política Económica, un tal Federico Sturzenegger, llevaron adelante el Mega-canje. Esta operación consistía en renegociar deuda pronta a vencer e imposible de pagar posponiendo los plazos de pago y elevando sideralmente los montos de capital y el pago de intereses. Se estima que dicha operación significó un aumento de la deuda externa de 55 mil millones de dólares e implicó un oscuro entramado de comisiones bancarias que derivó en procesamiento judiciales años más tarde. Entre los beneficiados se encontraban el JP Morgan, el Banco Francés, HSBC, Citi y Galicia. La verdadera pesada herencia que significó el endeudamiento externo tras la última dictadura militar sumó en 2001 un nuevo capítulo determinante para el condicionamiento futuro del desarrollo económico argentino y su soberanía política.
Al igual que sucedió con el Blindaje, el acuerdo Stand-By con el FMI celebrado por el presidente Mauricio Macri no logra mejorar las cuentas externas ni reestablecer la confianza que frene la fuga de capitales. Quizá porque se repite la misma receta basada en los fundamentalismos del ajuste fiscal y la subordinación absoluta al capital especulativo.
El proyecto de presupuesto para el año 2019 enviado por el poder ejecutivo al congreso es una advertencia de que, fracasado el acuerdo Stand-By, nos direccionamos a un proceso de Mega- Canje. El artículo 53 de dicho proyecto establece que el poder ejecutivo tendrá la facultad de renegociar la deuda en las condiciones imperantes del mercado. Es decir que modifica la legislación vigente que obligaba, en casos de renegociación, a que los canjes de deuda mejoren los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales. Pese a cualquier intento de justificación del Ministro Dujovne, es evidente que dicha modificación prepara el terreno para una reestructuración de la deuda próxima a vencer donde las condiciones serán impartidas unilateralmente por los acreedores.
La subordinación absoluta a “las condiciones imperantes del mercado” muestra, una vez más, la debilidad del gobierno para afrontar una nueva crisis económica producida por los desequilibrios externos estructurales. Debilidad que se expresó desde el primer momento de la actual gestión con el pago del total del monto reclamado por los fondos buitre.
Frente a ello, es necesario una firme y responsable oposición política y social al presupuesto presentado para el 2019 basado en el ajuste fiscal y endeudamiento externo para financiar la fuga de capitales mientras se cierran hospitales, explotan escuelas, paran las universidades, aumenta la desocupación y bajan los salarios y jubilaciones. No hacerlo implicaría hundirnos aún más en la trampa histórica del endeudamiento externo.
