Coimas, venta de estupefacientes, un arrepentido, denuncias y hasta amenanzas telefónicas, son detalles de un terremoto político que sacude a Dolores.
Desde hace meses, esa localidad bonaerense se encuentra sacudida por las denuncias que giran en torno a las altas esferas del gobierno municipal, que presuntamente estarían relacionadas con el comercio de la droga y la prostitución. Todo comenzó en septiembre de 2016, cuando José Etcheverry (30 años), ex empleado de la Secretaría de Seguridad local (Guardia Urbana), denunció que mientras trabajó para el Municipio de Dolores, el secretario de Seguridad, César Fabián Puig -Comisario Inspector retirado de la Policía Bonaerense- lo enviaba a “buscar dinero a ciertos lugares o negocios”, como recaudador de “coimas por seguridad”.
Según consta en la denuncia judicial, se acusó sobre la existencia de un entramado político-policial, donde el encargado de la seguridad de Dolores -en conjunto con la Policía Local- “permitía” la circulación de estupefacientes y la prostitución. El caso, incluso deriva, no sólo en la venta de drogas, sino también en la prostitución de una menor, que presuntamente estaba «sometida». La denuncia caló hondo en la ciudadanía y en el arco político dolorense, dado que Puig ocupa ese cargo desde enero de 2014, anunciado con bombos y platillos por el alcalde local.
En base a la consulta de distintas fuentes, Cronos pudo reconstruir que el escándalo comenzó con una primera denuncia sobre presuntos “pagos de canon por seguridad” de comerciantes a la Policía Local, dónde además se permitía la venta de bebidas alcohólicas después del horario permitido y a su vez -según está denunciado- también se permitía la venta de droga. Tras el escándalo, en un primero movimiento, la Fiscalía inició medidas de prueba y tomó declaraciones de los dueños de los negocios de la zona de la denuncia. En principio, los declarantes negaron las acusaciones. Sin embargo, desde el entorno del denunciante/arrepentido Etcheverry afirman que los comerciantes “fueron intimidados” y recordó que “si no querían pagar se le enviaba una represalia a través de Bromatología o eran enviados a robarles”.
Con el correr de los meses, el escándalo tuvo otro condimento más picante y explosivo. En diciembre, en una entrevista al diario local Compromiso, Etcheverry acusó que el presidente del Concejo Deliberante, Mario Etchevarren, es quien “recibe el dinero” de estas coimas, siendo la cabeza de ese circuito. En diálogo con Cronos, Jorge Domínguez, abogado de Etcheverry, dijo que se decidió dar la entrevista “a modo de respaldarse, tras recibir varias amenazas”. Con esos datos, la trama se profundizó, el escándalo creció, dado que el titular del parlamento local es -nada más y nada menos- hermano del intendente, Camilo Etchevarren de Cambiemos y, dato no menor, ejerce también el cargo de subsecretario General de la Gobernación de la Provincia, en la Secretaría a cargo de Fabián Perechodnik.
Además de la función pública a Etchevarren y Perechodnik los unen lazos familiares, dado que sus esposas son hermanas. Tras la publicación de la entrevista y estos datos y acusaciones reveladoras, el Fiscal llamó a declarar a Echeverry, donde éste ratificó su denuncia y además la amplió.
En torno a las amenazas, desde el entorno del denunciante/arrepentido, denunciaron que se produjeron mediante llamados telefónicos desde “una flota municipal”, donde un funcionario de alto rango de la Policía Local estaría implicado y ya fue citado por la Justicia a indagatoria. En los circuitos legales, la complejidad de la denuncia hizo que la causa sea desdoblada. Por un lado, hay una parte que está en la Fiscalía Nº 1 que está a cargo de Gustavo García. Por el otro, el que apunta a las denuncias de tráfico de estupefacientes y trata de personas, está en la Fiscalía N° 3 a cargo de Diego Torres.
Durante enero, el caso tomó otro giro cuando el Fiscal Torres ordenó allanamientos y la detención de dos personas. Se trata de “Perico” Pavón y Laureano Jiménez, que estarían implicados en la prostitución de una menor de edad, que fue encontrada en su domicilio. El accionar judicial se produjo en base a la denuncia de Etcheverry y los padres de la chica. En la trama, se apuntó a que Jiménez tendría “una deuda” con Pavón por la comercialización de drogas y por eso “hacían ejercer la prostitución a la menor”. Dato no menor, los medios de Dolores revelaron que “Perico” Pavón es “puntero político del intendente” y afirman que existen varias fotos del acusado con Camilo Etchevarren.
El caso aún está en proceso de investigación, pero ya provocó un cismo político en Dolores, con repercusiones en La Plata, sede del poder central bonaerense. Según narró el denunciante/arrepentido, su desvinculación de este circuito delictivo se dio cuando fue “amenazado a punta de pistola” en uno de los operativos de recaudación, por su amague de alejarse del “negocio”. Finalmente, fue echado de su lugar en la Secretaría de Seguridad.
Fuente: Cronos
