Opinión: Universidad para pocos y pocas
(Lic. Alma Rodríguez. Docente de la UBA.)
Se hace difícil no caer en redundancias u obviedades a la hora de defender los derechos básicos que debe garantizar un Estado como es el caso del acceso a la educación universitaria pública y gratuita. Evidentemente lo obvio para muchos no lo es para algunos y así van destruyendo aquello que históricamente vienen construyendo y sosteniendo luchas de generaciones que datan de décadas.
La pregunta de María Eugenia Vidal durante el almuerzo organizado por el Rotary Club en el hotel Sheraton sobre si “¿es justo llenar la provincia de universidades cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad?” es una clara muestra de qué piensan desde el gobierno cuando se trata de justificar y priorizar las políticas de ajuste, endeudamiento y miseria planificada por la que nos están conduciendo.
Dentro de la historia de una Nación, las fechas cumplen un rol fundamental porque funcionan como organizadoras de la temporalidad y le otorgan sentido a la narración de los acontecimientos que la conforman. Este año se festejan los cien años de la gesta estudiantil que cambió la historia de la educación superior en Argentina y América Latina, la Reforma universitaria de 1918, y es por eso que las palabras de Vidal no sólo generan el enorme repudio de quienes somos hijos de la clase trabajadora y accedimos a estudiar y a enseñar en la universidad pública, sino que representan un agravio a la historia de hombres y mujeres que soñaron el proyecto de un país más inclusivo.
“Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno sigloXX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen.(…) Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan.(…) La juventud ya no pide. (…) Está cansada de soportar a los tiranos.” Estas fueron algunas de las palabras por medio de las cuales mediante el llamado Manifiesto liminar del 21 de junio de 1918, que constituye la base de la Reforma universitaria argentina, los estudiantes impulsaron la rebelión que significó la democratización de la educación superior en nuestro país y en toda América Latina. El accionar del movimiento estudiantil fue el puntapié inicial para una nueva configuración de la universidad pública que estuviera asentada sobre las bases de la autonomía, el cogobierno, la conformación de cátedras y concursos así como la extensión y la gratuidad de su enseñanza. Por supuesto que para lograr esto, los jóvenes de ese momento debieron enfrentarse a sectores conservadores así como a la represión estatal con el fin de extender estos principios al resto del país y a varias casas de estudios superiores de América Latina
Fue el 22 de noviembre de 1949 cuando el entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, firmó el decreto 29.337 de supresión de Aranceles universitarios conformando así un verdadero sistema amplio y democrático en consonancia con las Bases liminares de la Reforma del 1918. En la justificación del texto se decía que “el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen” y “que una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”.
Esta medida no sólo significó la inclusión de los sectores más marginados y vulnerables, sino que además permitió concebir a la educación universitaria no como un privilegio sino como un derecho. Dicha concepción sobre el acceso amplio y democrático a la educación superior fue retomada y profundizada durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner quienes, con la creación de las distintas universidades nacionales, dieron la posibilidad de acceso a la educación universitaria a todo aquel que no hubiera podido llegar hasta ese momento y con esos estudiantes, la primera generación de graduados universitarios.
A cien años exactos de la histórica Reforma universitaria y sesenta y nueve de la derogación del arancelamiento, las palabras de Vidal parecen un chiste de mal gusto. Preguntarse eso a esta altura de los acontecimientos es ir en contra de la universidad y del derecho a la educación superior que, como tal, debe estar garantizado por el Estado.
Para un gobierno de CEOS que concibe a la educación pública como un gasto y no como una inversión, para un gobierno desde el que todo, absolutamente todo, es pensado como una empresa en términos de pérdida o de ganancia y no como parte de un programa de políticas públicas, la idea acerca del determinismo social por el cual el que nació pobre morirá pobre pone de manifiesto la intencionalidad de eliminar todo aquello que suponga formar ciudadanos que sean, a su vez, sujetos pensantes y de derecho.
En su condición de pública, gratuita, masiva y de calidad nuestras universidades albergan actualmente a miles de estudiantes de innumerables países y constituyen un ejemplo de calidad académica para toda la región. Evidentemente, lo que para nosotros es un motivo de orgullo para ellos es un problema. Está claro también que todos pagaremos las consecuencias del ajuste y la deuda contraída con el FMI: los docentes con sus salarios, los edificios con sus desmejoras a raíz de la falta de inversión y los alumnos con la imposibilidad de acceder al capital cultural y educativo más valioso a causa de las políticas del macrismo. Pero el costo mayor lo pagará la República a futuro. Hoy más que nunca, es fundamental y necesario reafirmar fuertemente nuestro compromiso con ésta, nuestra universidad pública.
