Nueva reforma laboral: Cambiemos plantea quitarles derechos a los trabajadores el 1º de mayo
Desde el 10 de diciembre de 2015, fecha en la que Mauricio Macri asumió el rol de Presidente de la Nación, el cinismo se hizo presente más que nunca en la política. Desde el ministro de Energía, Juan José Aranguren, advirtiendo que traerá el dinero que tiene en el exterior una vez que “recupere la confianza en Argentina”, pasando por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, marcando que su gestión marcada por despidos masivos de empleados públicos “no está achicando el Estado, sino que lo está refuncionalizando”, hasta la reciente maniobra de la gobernadora María Eugenia Vidal, disfrazando de acto de buena fe para con los bonaerenses una quita de impuestos en las tarifas de los servicios públicos, que meses atrás ella misma había puesto sobre la mesa.
Esta vez -quizá superándose- Cambiemos optó, a horas de que se conmemore el Día Internacional del Trabajador, impulsar el debate de tres proyectos de reforma laboral.
Se trata de proyectos vinculados a la regularización de trabajadores no registrados, la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de la salud y el sistema de prácticas formativas de los estudiantes.
Los proyectos en cuestión forman parte del que se trató a fines del año pasado en el Congreso. Cabe remarcar que fracasó producto de los fuertes cuestionamientos por parte de la oposición y organizaciones sociales.
Entre las principales propuestas, destacan la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados.
Asimismo, el texto plantea que las relaciones laborales deberán efectivizarse dentro de los 360 días contados desde la reglamentación de esta ley. “Podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial”, indica.
En tanto, el segundo de los proyectos establece la creación del Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior, y los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, en todos los casos mayores de 18 años, a cumplirse en empresas o instituciones públicas o privadas.
El último propone crear la Agencia Nacional de evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.
Habrá que ver cómo se resuelve el debate en el Senado, donde parte de la oposición habría dado el visto bueno para sacar rápidamente la propuesta adelante.
