Los concejales Juan Eslaiman (Frente Renovador) y Hernán Letcher (Unidad Ciudadana) de la localidad de San Martín, elaboraron un proyecto de Ordenanza para que los funcionarios municipales no puedan tener participaciones en cuentas offshore de paraísos fiscales.
La iniciativa es presentada en conjunto con los bloques del peronismo, Unidad Ciudadana, Frente Renovador y el bloque San Martín para la Victoria, que responde al intendente local, Gabriel Katopodis.
De esta forma, el peronismo de San Martín se une en un proyecto de Ordenanza que busca prohibir la participación en cuentas offshore de funcionarios municipales; iniciativa que busca ofrecer un “gesto político contundente contra la alianza Cambiemos y sus funcionarios, e intenta dar una señal que sea replicada en otros distritos de la provincia”.
Este miércoles se dio inicio a las sesiones ordinarias del 2018 y, según se informó, en los próximos días el proyecto será tratado en Comisión, para luego ser debatido en el recinto.
El proyecto aclara que “debido a los hechos de público conocimiento donde funcionarios han incurrido en el delito de no declarar sus acciones en cuentas de paraísos fiscales” y que “si bien tener participación en una offshore no constituye delito, estas cuentas se vuelven ilegales cuando no se paga los impuestos en los países de procedencia”. Además, aclara que suelen ser utilizadas para ocultar patrimonio o dinero proveniente de actividades ilegales, o para esconderlo de las autoridades.
si bien tener participación en una offshore no constituye delito, estas cuentas se vuelven ilegales cuando no se paga los impuestos en los países de procedencia
La Ordenanza entonces apunta a modificar la 7.770 referida al Código de Ética Municipal, anexando al capítulo N° VII “Declaración Jurada”, que pide que “el funcionario público que desempeñe un cargo en la administración municipal, ya sea actualmente o en el futuro, no debe poseer cuentas y sociedades offshore, en su totalidad o acciones, en países de baja o nula tributación considerados paraísos fiscales. Asimismo, deberá declarar cuentas, sociedades y acciones en los demás países”.
Las prohibiciones se aplicarán desde dos años antes de asumir el cargo. En ese caso se les prohibirá tomar el puesto, o en caso de existir actualmente un funcionario alcanzado por la Ordenanza, se le pedirá la renuncia. (InfoGEI)
