Como educadores y educadoras observamos con gran preocupación el ataque que viene sufriendo la educación pública a lo largo de los últimos años: clausura de cursos y escuelas, y recientemente la información del cierre de escuelas rurales y establecimientos de la zona del Delta.
Por Ailén Malacalza (*)
Llegamos a la fecha para el inicio del ciclo lectivo y, como todos los años, la educación, en especial el desempeño docente, vuelve a estar en el ojo de la tormenta.
Como educadores y educadoras observamos con gran preocupación el ataque que viene sufriendo la educación pública a lo largo de los últimos años: clausura de cursos y escuelas, y recientemente la información del cierre de escuelas rurales y establecimientos de la zona del Delta.
A esto le sumamos el cese de docentes provisionales y suplentes; el traspaso de los centros de formación profesional (escuela de oficios) a la órbita del Ministerio de Trabajo, con destino incierto de la continuidad laboral de sus docentes; cierre de cientos de puntos del Programa Fines, vaciamiento de la modalidad de Educación de Adultos y de Programas Educativos inclusivos (CAJ, CAI), con congelamiento de presupuesto, sueldos atrasados y condiciones de trabajo pésimas.
La gobernadora Vidal se muestra agresiva con la dirigencia gremial docente, al igual que hace el gobierno nacional; pero detrás de esa máscara esconde su verdadera intención, que es la desarticulación de la organización de los trabajadores y trabajadoras docentes para limitar su capacidad de lucha y cerrar acuerdos salariales que sostengan una pérdida del poder adquisitivo.
Una muestra de esto es la actual propuesta. En la última reunión paritaria el aumento ofrecido fue del 15%, a pagar en tres tramos, sin «cláusula gatillo», más el pago de un «premio por presentismo» en negro, que «castiga» a aquellos docentes que, por razones de salud, deben ausentarse de sus puestos de trabajo y hacer uso de una licencia.
En definitiva, un nuevo ataque a los docentes que hagan uso de sus derechos laborales, frente a una inflación que sube y rompe los pronósticos del gobierno nacional, un dólar en aumento y una suba en los precios, sumado al incremento del transporte público y de los servicios. Es grave y genera una gran preocupación la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y la repercusión en su calidad de vida y en la de sus familias.
(*) Docentes en Libres del Sur
