Doble vara: embestida contra Víctor Santa María, impunidad para los funcionarios
Víctor Santa María no es la única víctima del aparato político-mediático-judicial de persecución montado por Cambiemos. Pero su doble condición de dirigente sindical y titular de medios no alineados con el oficialismo, lo convierte en una presa más apetecible.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) fue denunciado por la Unidad de Información Financiera (UIF) por «presunto lavado de dinero».
«No existe elemento alguno que permita afirmar y sostener que el SUTERH haya lavado dinero o que mi persona disponga de cuantiosos fondos. La maniobra es falsa, inventada. Y como tal carece de todo soporte probatorio», sostuvo Santa María, quien también preside el PJ porteño, en un comunicado.
Agregó que su «estado patrimonial no refleja ningún enriquecimiento ilícito» como consta en la declaraciones juradas presentadas ante la AFIP y que, además, no existen «denuncias judiciales que pesen contra el SUTERH, como se afirma» en un artículo publicado en La Nación.
Santa María enfatizó que la «serie de operaciones inmobiliarias y financieras sospechosas son inversiones en inmuebles que ha realizado el SUTERH» y que «forman parte del patrimonio del sindicato y no del de sus dirigentes».
Pero tal vez el macrismo considere otros motivos para incluir al dirigente sindical en su cacería. Motivos que nunca admite públicamente, ya que son contrarios a la imagen republicana que pretende transmitir.
Quizá la verdadera causa de la persecución sea la denuncia publicada en Página 12, propiedad del SUTERH, en relación a que familiares, amigos y asociados del presidente, de su jefe de gabinete y de su secretario Legal y Técnico ocupan lugares destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados.
Entre ellos figuran el hermano y socio presidencial, Gianfranco Macri, el primo del jefe de gabinete de ministros, Alejandro Jaime Peña Braun; el socio y amigo de Macri Nicolás Caputo; Marcelo Mindlin, quien anunció que compró la constructora de la familia presidencial, antes en manos del primo Ángelo Calcaterra y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín.
Mindlin blanqueó bienes por 770 millones de pesos (44 millones de dólares), una suma similar a la que habría pagado por la constructora de los Macri: entre 40 y 50 millones. Lo sigue Gianfranco Macri, con 622 millones de pesos. Gianfranco integra los directorios de varias empresas familiares. Nicky Caputo, a quien Macri describe como hermano de la vida, blanqueó 465 millones de pesos.
Pero el Presidente, sus amigos y funcionarios no son investigados por los delitos que cometen. El aparato político-mediático-judicial los protege a ellos y persigue a quienes no se sometan a su disciplinamiento.
