Edgardo Rovira: Inconsistencia, irregularidades y contradicciones en el caso Santiago Maldonado
En la ley 24.655 se aprueba la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, en su artículo primero se establece que los Estados Partes en esa Convención “se comprometen a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales” y “se compromete a condenar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo”.
Por lo tanto, según la Ley 24.655, que tiene rango constitucional, el delito de desaparición forzada de persona comienza con la privación de la libertad cometida por agentes estatales y se completa con la falta de información o la negativa a reconocerla por parte de las autoridades. Por lo tanto, deben ser procesados por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri; el jefe de gabinete de Ministros, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de gabinete de Seguridad, Pablo Noceti; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el secretario de DDHH, Claudio Avruj; el director nacional de Gendarmería, Gerardo Otero, el subdirector Nacional de Gendarmería, Federico Sosa; el jefe de la Región V de Gendarmería, Roque Salinas, al jefe de la Agrupación XIV, Diego Conrado Balari, al jefe de Escuadrón 35 de El Bolsón, Fabián Méndez, el jefe de Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Badié, el jefe del Escuadrón 37 de José de San Martín, David Balmaceda y los 40 efectivos, entre oficiales y suboficiales que fueron parte de la “cazería humana” llevada adelante el 1° de agosto en la comunidad mapuche del Lof de Resistencia de Cuschamen, al norte de Chubut.
El gobierno de Macri recae una y otra vez en su decisión de negar la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En palabras de la ministra de Seguridad, “no se puede pensar que el Estado adrede buscó construir un escenario para que una persona desapareciera”. Eso es algo que es materia de investigación judicial y por los testimonios, las denuncias y las pruebas es algo que tranquilamente sí se puede pensar. Ahora, de lo que no hay dudas es el hecho que el Gobierno Nacional creó un escenario de desinformación, manipulación y encubrimiento sobre el operativo de Gendarmería que entorpeció la investigación, sobre todo, en las primeras 72 horas, fundamentales para resolver este tipo de casos.
Desde un primer momento Patricia Bullrich descartó de plano que Santiago Maldonado hubiera sido víctima del proceder represivo Gendarmería. Más allá de los testigos, de las denuncias, de las irregularidades en el procedimiento, sigue manteniendo esa postura. Es tal el grado de encubrimiento que esgrime el Estado, que el gobierno de Macri le negó a la ONU la posibilidad de abrir una comisión especial de investigación por el caso Maldonado.
Es tal el grado de encubrimiento que esgrime el Estado, que el gobierno de Macri le negó a la ONU la posibilidad de abrir una comisión especial de investigación por el caso Maldonado.
Ante la desaparición forzada, el Gobierno probó diferentes estrategias y versiones para confundir la investigación y sobre todo, a la sociedad. Junto a los medios de comunicación afines, fomentaron diferentes hipótesis, escenarios e historias que pasaban de forzadas situaciones a delirantes relatos. Comenzaron diciendo que Santiago Maldonado no estaba en el corte de ruta, después que había sido visto entrando a un comercio en Entre Ríos, que había sido asesinado por un mapuche en un enfrentamiento,que se fue a Chile a esconderse, que era un guerrillero entrenado por la Farc, que era “correo” de los mapuches. Entre tantas operaciones, hay una que buscó instalar la idea de un gendarme que pudo haber cometido un “exceso”. Dicha versión se efectivizó cuando el ministerio de Seguridad entregó al juez una lista de gendarmes que se encontraban en la zona del río. Ese informe primero hablaba de 7 gendarmes, después terminó diciendo que eran 8 los gendarmes y uno andaba solitario por la zona.
El Juez Otranto con el oficio 972/2017 ordenó a la Gendarmería Nacional desalojar los cortes intermitentes que realizaban los mapuches en reclamo por la detención de su líder Fausto Jonas Huala en la ruta 40. Esa orden judicial no autorizaba ni comprendía ningún otro tipo de acción o procedimiento en el lugar. Según aseguró la ministra de Seguridad en el Congreso de la Nación, “El Jefe del Operativo se comunicó telefónicamente con el Juez, quien le dio la instrucción de entrar al Lof para requisar”. El Juez Otranto negó rotundamente la existencia de ese llamado y de cualquier autorización para que las fuerzas de seguridad entraran al Lof.
Ya en enero de este año, el mismo Juez Otranto, ordenó desalojar la ruta 40 y para esa tarea encargada a la Gendarmería se desplegaron helicópteros, drones, aviones hidrantes, caballería e infantería. En aquel procedimiento los mapuches denunciaron que los gendarmes reprimieron y dispararon posta de goma y balas de plomo. Las mujeres fueron arrastradas de los pelos por el suelo. Los hombres de la comunidad perseguidos por la caballería tuvieron que cruzar el río a nado para evitar la represión. En aquel procedimiento Isabel Huala dijo a los medios “hay un herido en el hospital de Esquel, de nombre Ricardo Antihual, y hay otro chico llamado Ariel que no sabemos dónde está. De la comisaría de El Maitén dicen que no llevaron a nadie, de Esquel dicen que tampoco y de El Bolsón tampoco. No sé dónde los están llevando. Tengo miedo que los desaparezcan”. ¿Por qué después de este antecedente el Juez Otranto no tomó otras medidas para evitar se repitan los excesos y abusos de autoridad que se registraron en el operativo de enero? ¿Por qué el ministerio de Seguridad no cambió a las conducciones de los Escuadrones que participaron en enero de la represión cometiendo abusos y delitos en el cumplimiento de sus órdenes? ¿Por qué Gendarmería no repitió el operativo del 1° de agosto con helicópteros, drones, caballería, infantería, aviones? ¿Por qué después de desalojar a los 7 hombres de la ruta 40, la Gendarmería mantuvo varias horas cortado el tránsito en ambas manos? ¿Por qué la Gendarmería impidió a los organismos de DDHH entrar al Lof para chequear el estado de mujeres y niños que permanecían detenidas en ese lugar?. Hay un video que muestra como una mujer mapuche de pañoleta azul al cuello se acerca a la tranquera, al ingreso a la Pu Lof, con una niña de campera roja y seguido por gendarmes. Al llegar otras mujeres le entregan bebida y comida. Mabel Sánchez de la APDH de Esquel le preguntó si estaba incomunicada y ella asiente con la cabeza. ¿Qué juez ordenó que los detenidos estén incomunicados, si la Gendarmería no tenía ninguna orden para realizar tal procedimiento dentro de la Pu Lof? ¿Por qué se ve a gendarmes quemar ropa, frazadas y otros objetos de la comunidad si eso nada tenía que ver con el corte de ruta o la orden judicial?
¿Qué juez ordenó que los detenidos estén incomunicados, si la Gendarmería no tenía ninguna orden para realizar tal procedimiento dentro de la Pu Lof? ¿Por qué se ve a gendarmes quemar ropa, frazadas y otros objetos de la comunidad si eso nada tenía que ver con el corte de ruta o la orden judicial?
El jefe del Escuadrón 35, Fabián Méndez, declaró durante una entrevista que los efectivos durante el operativo “avanzaron hasta cerca del río” pero “no detuvieron a nadie … nunca hubo una aproximación de tener contacto con una persona”. Las declaraciones del grueso de los uniformados dejaron en claro que durante el 1° de agosto un grupo importante de gendarmes efectuó un “rastrillaje” en una orilla del río para cazar “manifestantes”. El cabo Darío Zoilán afirmó haber escuchado como una de sus camaradas de armas gritaba: “¡Tenemos a uno!”, lo mismo declaró un testigo en el juzgado. El gendarme Neri Robledo reconoció que disparó su escopeta anti motín al interior de Cushamen y en dirección a la figura de un manifestante, cerca del río Chubut. Según el gendarme, se había separado del grupo y estaba solitario. Ninguna declaración confirma este testimonio o los otros y todas entran en contradicción cuando se ponen una junto a la otra.
Pese a la innumerables pruebas, la ministra Patricia Bullrich, dijo ante la Comisión de Seguridad del Senado que “Hemos analizado muy a fondo y no hemos encontrado contradicciones [de gendarmes]” e insistió en la inocencia de los jefes y uniformados que participaron del operativo. Dijo que Pablo Noceti “no participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa, es un principio que tiene el ministerio de Seguridad”. Contradiciendo a la ministra, el Comandante Mayor Diego Balari dijo que “actuaron bajo órdenes precisas emanadas del ministerio de Seguridad”. Documento que es parte del expediente, firmado por Balari, deja en claro que Noceti estuvo en Bariloche el 31 de julio y diseñó la represión del 1° de agosto. Por su parte, el Ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, que fue interpelado por la legislatura de Chubut, dijo que el operativo fue dirigido por Pablo Noceti, y ordenó el acompañamiento de la policía chubutense en el operativo. Cuando los legisladores le preguntaron a Durán sobre la tramitación de las órdenes recibidas por Noceti este dijo que “la única intervención de la policía fue en la intersección con Cholila y otra a la altura de Leleque. En el lugar del corteno estuvo la policía de Chubut”. Como si las declaraciones de un ministro provincial y de un jefe de agrupación de Gendarmería no fueran suficiente, la testigo mapuche Soraya Miacoño fue detenida durante 6 horas antes del operativo de Gendarmería. Vio los aprestos de la represión y declara que escuchó al jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, dando órdenes como el jefe del operativo. Y si todo esto no alcanzara, filtraciones del juzgado federal de Esquel indican que Noceti tuvo profusas comunicaciones previas, contemporáneas y posteriores a esa acción con sus dos responsables tácticos, el jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, Fabián Méndez y el subjefe del Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Escola. Eso se desprende del peritaje de la Policía Federal a más de 70 teléfonos de los uniformados que participaron del procedimiento. Una prueba indubitable, ya que se trata del análisis de su contenido sobre una copia forense de los aparatos.
Patricia Bullrich dijo en el Congreso que supo de la “ausencia” de Maldonado recién al día siguiente del operativo, “porque la denuncia no se hizo en el momento”. Nada más falso
Patricia Bullrich dijo en el Congreso que supo de la “ausencia” de Maldonado recién al día siguiente del operativo, “porque la denuncia no se hizo en el momento”. Nada más falso. El primer hábeas corpus del caso fue presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) durante la tarde del 1° de agosto ante el Juzgado Federal de Esquel. Y ese mismo martes el defensor oficial Jorge Fernando Machado le tomó declaración en la Lof de Cushamen a dos testigos del hecho. Es mentira que la familia no colaboró con la investigación como dice la ministra. Sergio Maldonado se extrajo sangre para completar esa pericia en Esquel y la madre lo hizo en Mercedes. Siempre la familia buscó ayuda para encontrar a Santiago, hasta se la pidió al Estado.
El 15 de agosto el juez Otranto ordenó el allanamiento del Escuadrón 37 apostado en José de San Martín, dos días después el Director Nacional de Gendarmería, Gerardo Otero desplazó al jefe de ese Escuadrón, David Germán Balmaceda, sin dar ninguna explicación y en medio de la investigación. Tampoco la ministra obligó a la Gendarmería a entregar el informe del operativo como el 4 de agosto exigió en audiencia el juez Otranto. Extraño que una ministra que dice querer encontrar la verdad y estar a derecho, no obligue a la Conducción Nacional de Gendarmería a cumplir con los pedidos de la justicia. La ministra no sólo no cumplió con los protocolos de rigor para estos casos, sino que permitió que la Gendarmería, fuerza denunciada e investigada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se presentara como parte de la investigación y acceda al expediente. La ministra tampoco quiso explicar por qué la Gendarmería entregó dos listados de efectivos que estuvieron en los operativos del 31 de julio y el 1° de agosto. Una primera lista se presentó el 8 de agosto, dentro de un informe firmado por el comandante general Claudio Domenechini, y una segunda lista que se presentó el 15 de agosto. Entre la primera lista y la segunda hay gendarmes que figuran y no estuvieron en el operativo, gendarmes que aparecen y desaparecen entre un listado y el otro, nombres que faltan de gendarmes que se sabe fueron parte del operativo pero nadie los incluyó.
La ministra no sólo no cumplió con los protocolos de rigor para estos casos, sino que permitió que la Gendarmería, fuerza denunciada e investigada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se presentara como parte de la investigación y acceda al expediente
En los libros secuestrados a los escuadrones de Gendarmería surgen más de 20 casos en los que se registran los horarios de entrada de los efectivos pero nunca queda consignada la salida y más de una decena de registros en los que no hay información sobre los horarios de entrada pero sí de salida. Existe información precisa sobre qué hicieron unos 100 efectivos durante el operativo, pero faltan datos relevantes de otros por lo menos 50 gendarmes. En ese primer informe, el comandante general dijo que quienes portaban pistolas 9 milímetros “cargadas y listas” para usar eran parte del “personal de conductores de los vehículos que no intervienen directamente en los hechos”. Recordemos que en un principio, la superioridad militar y política de los gendarmes insistió en que ese día nadie había portado armas de fuego durante la represión. Las dos versiones fueron desmentidas por el cabo de Gendarmería Ahumada en el juzgado del juez Otranto. El gendarme reconoció que fue uno de los primero efectivos en ingresar a la Pu Lof. No sólo Ahumada entró con una pistola 9 milímetros al predio. También lo hicieron otros gendarmes que conducían móviles (al menos otra camioneta Ford Ranger y un Unimog). Gendarmería reconoce que se proveyeron para el operativo 6 Prieto Beretta 9 milímetros, claramente 4 entraron a la comunidad, no se específica con cuantas municiones se devolvieron, para saber si fueron o no usadas durante la represión a la Pu Lof.
El jefe de Gabinete de Ministro, Marcos Peña, defiende públicamente a Patricia Bullrich que en el Congreso de la Nación y ante todas las cámaras cometió el delito grave de revelar la identidad de Ariel Garzi, “testigo protegido”. Tampoco le llamó la atención al jefe de Ministros de la Nación que el Director de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal del ministerio de seguridad, Daniel Barberis, parte de la investigación le diga a los organismos de DDHH que Maldonado “es un guerrillero” y plantee prejuicios y un discurso negacionista.
Es urgente que renuncie o Macri despida a la ministra Patricia Bullrich, mientras ella sea ministra seguirá entorpeciendo la causa. Si el Gobierno no tiene nada que ver, esa sería la primera prueba de lo que dice. Pero la verdad es más compleja y los intereses mucho más oscuros que el lugar donde pueda estar Santiago Maldonado.
