Opinión

Rostros de la represión: El Gobierno Nacional profundizará la violencia después de octubre

Por Maximiliano Borches. La brutal represión que llevaron a cabo efectivos de las policías de la Ciudad y Federal en Plaza de Mayo y zonas aledañas por orden directa de los gobiernos Nacional -a través del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich– y porteño, que dirige Horacio Rodríguez Larreta, el pasado viernes 1º de septiembre luego de la multitudinaria concentración de más de 250 mil ciudadanos que exigieron la aparición con vida del primer detenido-desaparecido del gobierno de Mauricio Macri: Santiago Maldonado, finalizó en una verdadera cacería de personas y periodistas, con 31 detenidos y varias decenas de heridos. El Gobierno Nacional pretende instalar a través de la agitación de un supuesto «fantasma de la violencia política», una etapa pre-represiva, para imponer la segunda etapa del ajuste tras las elecciones del próximo 22 de octubre, a fuerza de garrotes, balas de goma, y de ser necesario, de plomo.

Previo a la aplicación de la segunda etapa del ajuste y los tarifazos, que el Gobierno Nacional viene archivando para después de las próximas elecciones del 22 de octubre, desde el entorno del presidente-empresario Mauricio Macri comenzaron a instalar una etapa pre-represiva a escala nacional, cuyo objetivo es imponer el temor en la población, para intentar instalar el desánimo colectivo de cara a los próximos meses, donde todo indica que la conflictividad social irá en aumento y las calles del país serán los escenarios de multitudinarias movilizaciones que exigirán -como ya lo vienen haciendo- el cambio de rumbo económico, que en 21 meses generó casi 500 mil desocupados entre los trabajadores formales e informales, los cierres de más de 12 mil fábricas y PyMEs y varias decenas de miles de comercios, la apertura indiscriminada de importaciones y el déficit comercial más alto de los últimos 127 años, entre algunas de las consecuencias directas  del proyecto económico que desde la Casa Rosada llevan adelante, como mandato de sus verdaderos jefes: las multinacionales y la oligarquía local.

La ejecución de esta política económica sólo es posible a través de la aplicación de una fuerte política represiva, que a través de la fuerza, como el único derecho de las bestias, degrada a la democracia. Prueba de ello, es el regreso de los presos políticos, como la dirigente social y diputada por el Mercosur, Milagro Sala -entre otros-, y más grave aún: la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tras la represión que llevó a cabo la Gendarmería Nacional contra la comunidad mapuche Pu-Los en resistencia Cuschamen, en Chubut, el pasado 1º de agosto, y de quien hasta el momento, sigue sin conocerse el destino de su paradero y de su cuerpo.

La agitación del fantasma de la «violencia política», que lleva a cabo el Gobierno Nacional a través de las artillería mediática, la política del garrote y la acción eficaz de los servicios de inteligencia, que se encuentran en su mejor momento desde la recuperación para siempre de la democracia en 1983, sólo es la excusa engañosa para atemorizar a la población e intentar dividir al campo popular.

Por este motivo, y en esta etapa, es fundamental ajustar a las organizaciones libres del pueblo para no permitir la infiltración de servicios de inteligencia, policías disfrazados de manifestantes y lúmpenes al servicio consciente o incosciente de éstos.

Sólo la organización popular será capaz de frenar el ajuste y las políticas represivas de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, entre otros acólitos a estas políticas.

Como así también en el plano institucional, el voto a las listas de Unidad Ciudadana es la única garantía real de ponerle un límite a los atropellos anti-populares desde el Congreso Nacional y los Consejos Deliberantes municipales, a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires.

Éstos son algunos de los rostros de los policías que reprimieron brutalmente en Plaza de Mayo y zonas aledañas, el pasado viernes 1º de septiembre. Varios de ellos, son policías de civil que estaban inflitrados entre los manifestantes, y una vez dictada la orden de represión, se pusieron los chalecos policiales, sin identificación alguna:

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