Según reza la nota publicada por el diario La Nación on line, la ministra de seguridad, descarta de plano que Santiago Maldonado haya sido víctima del proceder represivo de la gendarmería nacional. Muy por el contrario, como es costumbre de Cambiemos, desvían los hechos en modo siempre potencial, a escenarios por demás absurdos.
Esto una vez más demuestra la impunidad para proceder y mentir, descansando en la tranquilidad de contar con un escudo mediático, aportado por la prensa más miserablemente, cómplice de todos los atropellos del gobierno, que claramente nos ha puesto a los argentinos, en el peor momento en cuanto a calidad institucional desde la última dictadura militar, mal que le pese la comparación a la funcionaria que ha transitado por todos los espacios políticos de la Argentina.
Reproducimos de manera textual la versión de La Nación
En su exposición ayer (miércoles) ante el Senado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expuso una hipótesis sobre la desaparición de Santiago Maldonado que, desde hace dos semanas, también circula con insistencia en la Patagonia.
Se trata de la última incursión violenta, atribuida a Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a un puestero del grupo Benetton en Epuyén. El 21 de julio pasado, Evaristo Jones fue sorprendido en la madrugada por entre dos y cuatro personas encapuchadas que irrumpieron en su casa a punta de pistola. Para defenderse, Jones tomó su cuchillo y lanzó una estocada al aire que, según denunció a la policía, hirió a uno de los agresores. Si bien no pudo precisar la gravedad del corte, vio manchas de sangre en el piso y escuchó la recriminación de uno de ellos. Luego lo redujeron, le apuntaron con armas de fuego y más tarde lo trasladaron desnudo al interior de su auto, mientras el grupo incendiaba su puesto.
El Ministerio de Seguridad sospecha que entre los atacantes, que hablaban en mapuche, podría haber estado Maldonado. Ninguna dependencia sanitaria de la zona atendió ese día ni los siguientes heridas punzocortantes. Así, detrás de ese suceso aflora la sospecha de que el agresor podría haber muerto a causa de la herida y de que RAM hubiera transformado esa muerte en una desaparición forzada de persona por parte de la Gendarmería. El abogado Gastón Chillier, titular del CELS, cuestionó los dichos de la ministra. «Esa hipótesis expuesta por la ministra, quien debería investigar el accionar de la Gendarmería, muestra que está obstruyendo, desviando o confundiendo la investigación.»
