Hernán Brienza: «La banalización del autoritarismo»
Desde hace unas semanas vengo alertando en los pocos lugares de expresión no hegemónicas que quedan en la Argentina, como este, que la democracia argentina –en tanto sistema político que, a través de procesos institucionales permite la supervivencia de derechos civiles- corre verdadero peligro. No se trata, claro, de un golpe militar a la antigua sino del descenso abrupto de la calidad democrática hacia el interior del propio sistema.
Cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri, el presidente eligió por decreto dos jueces de la corte Suprema, procedimiento nunca utilizado desde 1983 a la fecha, colocando a la Corte Suprema en el peor escándalo desde los procedimientos menemistas de construir su propio tribunal supremo aumentándolo a nueve miembros. Luego, disminuyó la labor parlamentaria, gobernando por decreto y enviando muy pocos proyectos de ley al Congreso, lo que pone en serio riesgo el proceso legal de toda la administración del Estado en un futuro. Más tarde, realizaron detenciones políticas insostenibles no por las cuestiones de fondo, sobre las que una justicia muy dudosa deberá expedirse, sino por los procedimientos llevados a cabo en las causas que se investigan.
Desde el primero de abril a esta parte, Macri ha decidido pasar a la ofensiva al ritmo que su gobierno descendía en la solución de los problemas de los argentinos, por un lado, y por la caída de su propia imagen por el otro. E intentó huir para adelante reforzando su violencia discursiva contra la oposición tratándolos de “choriplaneros” y de “mafiosos”. Pero la cuestión hubiera quedado en poco, si su proyecto político no hubiera pasado a los hechos. Primero fue la represión contra los manifestantes que cortaban la Panamericana el día 6 de abril en apoyo al Paro General, luego la golpiza propinada a los maestros que intentaban colocar la escuela itinerante en el Congreso, las amenazas con la compra de material represivo y el proyecto de ley que intento criminalizar la protesta social y cualquier manifestación de los opositores. Todo esto, sazonado con el Estado de sitio en la provincia Radical-Pro de Mendoza y con la represión ilegal en la universidad de Jujuy dictada por el gobernador radical Gerardo Morales.
En este marco, asegurar, advertir y repudiar la posibilidad de que se avecinen momentos de violencia represiva y algún tipo de enfrentamiento civiles, lejos de ser una “estupidez” es un deber para defender la democracia. “Con esta peligrosa escalada de represión no va a tardar mucho en haber un muerto -dijo el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, en una entrevista radial. Nos estamos alejando del Estado de Derecho y nos acercamos a un Estado de Policía. No es que la Policía se suelta por sí misma, eso viene de arriba. Entre los jueces, entre los abogados, entre los curas siempre está el loquito, entre la Policía también; no es que esté estigmatizando a la institución, siempre un loquito hay. Pero para reprimir la protesta pública siempre hay una orden de arriba. Si no se da una orden la policía no lo hace”.
Pero no fue sólo Zaffaroni. También lo hizo la Iglesia Católica en su mensaje de Pascua: El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo, advirtió que vivimos en “un país dividido no encuentra ni da soluciones a los problemas de la gente, especialmente de los más necesitados. Es necesario y urgente recrear una cultura que tenga su fuente en el diálogo y el respeto, en la honestidad y la ejemplaridad, en el marco institucional de los poderes del Estado, como expresión de una auténtica vida en democracia. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso con el bien común. Concédenos, Señor, la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda”.
Más allá de las operaciones mediáticas de los periodistas macristas, ya sean de Clarín, de La Nación, de los programitas televisivos como Intratables o de algún mercenario de barba candado y poca estatura física, moral e intelectual, la Argentina está encerrándose en un callejón sin salida que tiene a final de camino, más temprano que tarde, la violencia política como forma de resolución de las diferencias. Ese es el camino que ofrece el gobierno de Mauricio Macri y de sus aliados políticos. La oposición política, la dirigencia peronistas en su conjunto, ya sea el kirchnerismo, el pejotismo, la CGT, algunos dirigentes del Frente Renovador, por poner algunos nombres, tiene un solo deber en este tiempo: ser responsables políticamente, sacarle el cuerpo y el discurso a la violencia, pero enfrentar con coraje y conciencia los tiempos difíciles que se avecinan. No se trata de hacer augurios propios de una gurú al estilo Elisa Carrió sino de tener una lectura real sobre los procesos políticos. Una política de concentración de la riqueza, de empobrecimiento de millones de argentinos, es imposible llevarla adelante sin represión estatal. Solamente Carlos Menem pudo hacerlo pero tenía una capacidad política que el macrismo no tiene.
El riesgo de decir lo que uno cree verdadero es convertirse en víctima de aquellos que sólo repiten los dictados de los poderosos.
