El Estado en poder de la «Famiglia»: Condonan deuda por 70 mil millones de pesos al Grupo Macri
A través de un acuerdo a todas luces espurio, el Estado nacional y Sideco Americana S.A, empresa controlada por la famiglia Macri a través de Socma S.A -a cuya cabeza Franco Macri manejó el Correo Argentino desde su privatización en 1997 hasta la quiebra presentada en 2003- condona la deuda que la empresa de la famiglia presidencial mantiene con el Estado en más de 4000 millones de pesos en la actualidad, y mayor a 70 mil millones de pesos hasta 2033. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal solicitó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que lo rechace por «abusivo» y por suscitar «conflicto de intereses».
La fiscal general ante la Cámara Comercial en representación del Ministerio Público Fiscal, Gabriela Boquín, afirmó en su dictamen de presentación que con este acuerdo, el presidente Mauricio Macri aceptaría algo «equiparable a una condonación de la deuda», ya que la famiglia Macri pagaría sólo el 1.18 por ciento del monto que su empresa familiar mantiene con el Estado argentino por la quiebra de Correo Argentino S.A, empresa privatizada en 1997 y manejada por Sideco S.A hasta 2003. La fiscal Boquín se reservó la posibilidad de realizar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia si su pedido es rechazado.
«Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente», aseveró la fiscal general Gabriela Boquín ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
El Estado nacional reclama una deuda de 450 millones de pesos/dólares a septiembre de 2001, por el incumplimiento en el pago de los cánones semestrales acordado en la privatización firmada por el entonces presidente Carlos Menem. El grupo Macri tenía el 69,2% de las acciones, el Banco Galicia el 14% y la Corporación Financiera Internacional el 5%, el resto de la participación accionaria estaba en manos del Estado.
