El diputado Mussi pide reabrir una causa contra el juez Armella
El magistrado es investigado por irregularidades y abuso en el ejercicio de su cargo como juez encargado de supervisar y ejecutar la sentencia de la Corte por la limpieza del Riachuelo.
El diputado provincial, Dr. Juan José Mussi, presentará un escrito ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para pedir que se reabra una causa contra el Juez Federal Luis Armella, que permanece archivada desde febrero y que investigaba irregularidades y abuso en el ejercicio de su cargo como juez encargado de supervisar y ejecutar la sentencia de la Corte por la limpieza del Riachuelo, ordenar y controlar la ejecución de obras a esos fines. El Legislador bonaerense presentaría además testigos y nuevas pruebas a la causa.
En esta denuncia se investigaba el dictado de resoluciones por parte del Dr. Armella que obligaban a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a realizar obras complejas para el saneamiento del Riachuelo en plazos muy breves bajo sanción de imposición de multas a los funcionarios intervinientes. Así la Acumar debía realizar contrataciones de excepción y procedimientos abreviados que generalmente terminaban beneficiando a empresas vinculadas a Armella y su familia.
Según un informe confeccionado por la Auditoria General de la Nación las empresas adjudicatarias de las obras contratadas mediante procedimientos abreviados ordenados por el Dr. Armella, integraban un mismo grupo económico ya que se encontraban inter-relacionadas por la alternancia de sus socios, la composición de sus órganos o la coincidencia de domicilio.
Las sociedades que recurrentemente aparecían beneficiadas en las contrataciones de urgencia determinadas por órdenes del juez eran: Gildin S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Tierras Provinciales S.A., Compañía Constructora M&T S.A. y Kartonsec S.A. Dicho informe, también arrojó que la cónyuge, el suegro y un tío de la cónyuge del juez, integraron la sociedad “San Martín 264 Bernal S.A” junto a personas físicas que componían sociedades del grupo económico adjudicatario de las obras de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. La causa también asegura que Armella utilizó sus facultades para ordenar la clausura de empresas competidoras.
Tras comprobarse dichos vínculos, en 2012 la Corte Suprema decidió separar al juez federal de Quilmes Luis Armella de la causa en la que lo había puesto a cargo de garantizar la ejecución del fallo que dispuso sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. El alto tribunal también resolvió denunciarlo penalmente y ante el Consejo de la Magistratura.
Finalmente, en febrero de este año, con la actual integración del Consejo de la Magistratura, se sometió a votación la apertura de procedimiento de remoción del Dr. Armella, que requiere una mayoría de 9 votos para resultar afirmativa, esa mayoría no se alcanzó, bajo la influencia de dirigentes del radicalismo, y la denuncia fue desestimada.
ACUMAR
En noviembre de 2006 se creó por la ley 26.168 la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, un ente de derecho público interjurisdiccional, presidido por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación e integrado por otros siete miembros, representantes de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma.
En 2007, la Corte reclamó a Acumar una serie de informes precisos sobre estado del agua y el aire; traslados de población y de empresas; proyectos sobre el polo petroquímico de Dock Sud; saneamiento cloacal y de basurales; limpieza de márgenes del río; expansión de la red de agua potable; desagües pluviales; estado de avance de las obras, factibilidad de sus plazos, costos y financiamiento. Y en 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso adoptar una serie de medidas para el saneamiento de la cuenca Matanza- Riachuelo y delegó en el Juzgado Federal de Quilmes la ejecución de la sentencia. En el marco de esa atribución de competencia, el Juez Armella tenía a su cargo supervisar la limpieza del Riachuelo y por tanto ordenar y controlar la ejecución de las obras a esos fines.
Entre agosto y septiembre de 2012 se publicaron distintas notas periodísticas que daban cuenta de un entramado de relaciones comerciales y contrataciones directas generadas a partir de maniobras irregulares llevadas adelante por el Juez con las que se beneficiaba a un conjunto de sociedades comerciales integradas por parientes y allegados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución por la cual ordenó al juez Armella informar detalladamente todo lo concerniente al contenido de las publicaciones periodísticas en las que se ventilaron irregularidades y además solicitó a la Auditoria General de la Nación (AGN) que confeccionara un informe sobre las contrataciones efectuadas, que confirmó las irregularidades.
