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La Justicia ordenó a ANDIS restituir en 24 horas las pensiones por discapacidad

El Juzgado Federal 2 de Catamarca dictó este viernes la extensión de la medida cautelar ya vigente en el ámbito de dicha provincia a todo el territorio nacional. Así las cosas, exigió a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo máximo de 24 horas, todas las pensiones no contributivas por “invalidez laboral” que habían sido suspendidas por el Gobierno nacional.  

La resolución, además, ordena abonar los haberes retenidos a las personas afectadas y suspender las auditorías y nuevas suspensiones. 

La Justicia ordenó a ANDIS restituir en 24 horas las pensiones por discapacidad by Manuel Caballero

 

Se trata de un fallo dictado en el contexto de la acción de amparo colectivo iniciada por el Defensor del Pueblo de Catamarca junto a personas con discapacidad y a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM), a la cual se sumó la presentación judicial realizada ante la Justicia Federal de La Plata por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), bajo el patrocinio jurídico de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. 

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos también se habían presentado en el caso. 

Según se argumentó en la acción de amparo presentada por la ACIJ en septiembre, el accionar estatal comprende una “violación del debido proceso y del derecho a la protección social, a la salud y a la vida independiente” de las personas con discapacidad. A su vez, se indicó: “Se violó el deber de buena fe estatal al haber creado nuevas obligaciones para los beneficiarios y beneficiarias de estas prestaciones de manera simultánea con el inicio de la auditoría y sin impulsar medidas de difusión para que las personas conocieran el deber de actualizar sus domicilios”. 

Son más de cien mil las pensiones suspendidas durante los últimos meses. “Un grave avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, profundizando la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentaron históricamente”, completaron desde ACIJ. 

La decisión busca “revertir un accionar arbitrario que puso en riesgo el derecho a una vida digna”. 

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