El inmoderado avance del “poder moderador” conduce al abismo
Mientras Bolsonaro sigue escudándose detrás de las Fuerzas Armadas para instaurar la dictadura y la elite política se muestra incapaz de detenerlo, la Corte Suprema erige la última barrera
por Eduardo J. Vior
Cuando el pasado lunes 15 de junio el Procurador General de la República (PGR) ordenó la detención de la jefa de la milicia bolsonarista “Los 300 de Brasil” y el Supremo Tribunal Federal (STF) avisó que estaría pronto a detener al ministro de Educación Abraham Weintraub por haber participado en el acto de la milicia, el presidente Jaír Messias Bolsonaro todavía amagó retroceder, pero su choque final con el alto tribunal se acerca peligrosamente. La máxima autoridad judicial del país está apareciendo como la última barrera civil capaz de frenar el avance presidencial hacia la dictadura, pero es dudoso que los jueces supremos puedan resistir largo tiempo los embates de la banda criminal encaramada en el Planalto. Más que hacia la dictadura, Brasil avanza aceleradamente hacia el caos, la anarquía y la disgregación.
La activista bolsonarista Sara Winter fue detenida en la mañana del lunes 15 por la Policía Federal (PF) en cumplimiento de una orden del STF, la máxima corte constitucional del país, acusada de graves atentados contra el orden democrático. Winter, la primera dirigente bolsonarista que va presa, dirige el movimiento «Los 300 de Brasil», una milicia derechista que la semana pasada acampó en Brasilia, amenazó a los jueces supremos y atacó el tribunal y el Congreso. Otros cinco dirigentes del movimiento fueron asimismo detenidos por agentes de la PF.
En mayo pasado Sara Winter amenazó al ministro del STF Alexandre de Moraes como reacción a una investigación sobre las usinas de trolls que habrían dado el triunfo electoral a Bolsonaro en 2018 y siguen activas agrediendo a magistrados y políticos desafectos. Sumadas ambas demandas, la provocadora podría recibir una condena de entre 7 y 22 años de prisión.
Entre tanto, este lunes por la noche el presidente criticó en una entrevista televisiva al ministro de Educación Weintraub por haber participado el domingo en el acto de Los 300 en Brasilia. Con este anuncio el mandatario buscó transitoriamente apaciguar las aguas y postergar un enfrentamiento con el STF que todos juzgan inevitable.
Ya en la noche del domingo 14 el Procurador General de la República, Augusto Aras, puso en marcha por orden del presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, una investigación preliminar sobre el ataque que la milicia había llevado a cabo el sábado por la noche usando fuegos de artificio contra la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Además de Sara Winter, Toffoli pidió también la detención de Renan da Silva Sena, quien ya estaba imputado por haber agredido a médicos y otros profesionales de la salud siguiendo el pedido del presidente, para que sus militantes invadan hospitales y centros sanitarios, para corroborar si, efectivamente, están atendiendo a pacientes con coronavirus y a cuántos.
El enfrentamiento entre el presidente y el Supremo Tribunal Federal (STF) viene subiendo de tono, desde que los jueces el mes pasado le impidieron tomar el control de la Policía Federal y escaló hasta convertirse en una disputa constitucional. En un discurso ante la Cámara de Diputados, la vicepresidenta del bloque oficialista Bia Kicis afirmó el pasado 21 de mayo que las Fuerzas Armadas son un «poder moderador» que actuaría como la «última instancia» para resolver conflictos entre los poderes. «De acuerdo al art. 142 [de la Constitución], dijo, no es el Supremo la última instancia, sino las Fuerzas Armadas quienes tienen que reponer la ley y el orden». También el Procurador-General de la República afirmó entonces que las Fuerzas Armadas tienen el derecho a “una acción efectiva de cualquier naturaleza” en caso de conflicto entre los poderes. Ya el 22 de abril Bolsonaro había citado el artículo constitucional durante una reunión ministerial.
El artículo 142 de la Constitución de 1988 establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión “la defensa de la Patria, la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de ellos, el restablecimiento de la ley y el orden”. Más allá de la rémora autoritaria de permitir a las fuerzas armadas la intervención para restaurar “la ley y el orden”, nada autoriza a los militares a pretender regular las relaciones entre los poderes del Estado. La referencia al “poder moderador” tiene una larga tradición autoritaria desde la fundación del Imperio (1822-1889).
El “poder moderador” fue una figura introducida en la Constitución imperial de 1824, la primera del Brasil independiente, que daba al Emperador la facultad en última instancia de vetar leyes, designar senadores y jueces, hacer tratados y declarar la guerra sin consultar al Congreso, así como de intervenir provincias o terciar en los conflictos entre los poderes. Este “cuarto poder” siguió vigente hasta el fin de la monarquía (1889). Desaparecido el Imperio, durante la “República vieja” (1891-1930) se adjudicaba a las fuerzas armadas la facultad de intervenir como árbitro de última instancia. También en el comienzo de la dictadura de 1964-1985 el régimen alegó que las fuerzas armadas eran el “poder moderador” del Estado brasileño y que su toma del Estado estaba justificada por la necesidad de restaurar “la ley y el orden”.
A este tremendo dislate intentó poner fin el pasado viernes el ministro del STF Luiz Fux determinando que la actuación de las Fuerzas Armadas en relación a los otros poderes del Estado debe ceñirse a sus misiones constitucionales y que de ninguna manera pueden arrogarse un lugar por encima de los poderes constituidos. Las FF.AA., reafirmó, no dependen de los gobiernos circunstanciales y su misión de restaurar eventualmente la ley el orden no puede interferir en el funcionamiento de los demás poderes ni en las relaciones entre ellos.
Mientras que líderes opositores celebraron la comunicación del tribunal, el gobierno y los militares guardaron silencio. Es que en la óptica del alto mando militar los sucesivos frenos que el STF ha ido poniendo a los avances del presidente no sólo están limitando sus excesos, sino disminuyendo sus poderes y dificultando la gobernabilidad. Los militares están asimismo irritados con el Congreso por el aluvión de pedidos de juicio político contra el presidente. Sin embargo, el alto mando sigue invirtiendo la lógica de los acontecimientos. “Si hay algún golpe, dijo la semana pasada un ministro militar no identificado, viene de los otros poderes.”
El alto mando no apoya todas las medidas y los exabruptos del presidente, pero, ante la agudización de la crisis política y constitucional, se ha visto compelido a apoyarlo. Todavía, en los últimos días los ministros militares (ocho de 20) mantuvieron reuniones con el presidente del STF, José Dias Toffoli, y los jueces Alexandre de Moraes, Rosa Weber y Luís Fux, en busca de una pacificación, pero nada asegura que una nueva provocación presidencial no rompa la tregua. En realidad, más que por los jueces, los jefes militares están preocupados por las manifestaciones opositoras que, aunque todavía pequeñas, se vienen sucediendo en las grandes ciudades. Ellos temen que se repita el escenario de 2013, cuando las pequeñas marchas por el boleto estudiantil se multiplicaron en una ola masiva que destrozó la popularidad de Dilma Rousseff.
Sin política propia y a la zaga de las provocaciones de Jair Bolsonaro y su banda, el alto mando militar brasileño corre detrás de los acontecimientos en medio de una descontrolada pandemia que ya mató a más de 40.000 personas, de una crisis económica que hundirá al país por años y de una crisis política y constitucional que desató la estampida de la incapaz elite que rige el país desde la suave transición a la democracia en 1985. Es el momento de los arriesgados y Bolsonaro lo sabe, pero él y su banda de criminales son capaces de asaltar el poder, mas no de organizar un nuevo orden. Más peligroso que el golpe en ciernes son la anarquía y el caos que el capitán presidente está trayendo a la mayor potencia de América Latina.
