El comunicado de la defensa de De Vido por su pedido de prisión preventiva: «La Cámara Federal impone el derecho a Bonadio»
La defensa del diputado nacional Julio De Vido difundió un comunicado a la prensa donde analiza que el pedido de informes sobre la salud del detenido realizado por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional impone al juez federal Claudio Bonadio en principio «la aplicación del derecho y el respeto por las garantías Constitucionales».
La Cámara Federal solicitó en el marco de la causa por Gas Natural Licuado que el Juzgado Federal 11 a cargo de Claudio Bonadio realice los informes médicos correspondientes para determinar si corresponde que De Vido por su edad y salud esté en prisión domiciliaria.
Compartimos un comunicado de prensa de los abogados de Julio De Vido en relación con lo resuelto hoy por la Cámara Federal sobre el pedido de detención domiciliaria. pic.twitter.com/CwB8AOVWNv
— Julio De Vido (@JulioDeVido) September 5, 2019
“Julio Miguel De Vido, aparte de estar a semanas de cumplir 70 años –requisito que impone la detención domiciliaria por cuestiones humanitarias en concordancia con los tratados internancioneles que suscribiera nuestro país, posee un cuadro de salud que, conforme a su edad, impone la necesaria adopción de medidas precautorias, tal como la Justicia ha hecho con diversos casos –ya sean de relevancia pública o no- algunos de ellos resueltos por esta misma Sala en el marco del mismo expediente, situación sobre la que no se expidieron”, afirmaron en el comunicado.
Según la defensa de Julio De Vido, la petición de prisión domiciliaria está justificada porque está a semanas de cumplir 70 años, es insulinodependiente, y también padece hipertensión arterial y enfermedad vascular coronaria, además de úlceras y un nódulo en el pulmón.
“En conclusión, tras prácticamente dos años de detención preventiva sin razones que lo fundamenten y frente al cuadro de situación actual, la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones impone al Dr. Bonadio, en principio, la aplicación racional del derecho y el respeto por las garantías constitucionales que tan vapuleadas se han visto en estos últimos años», afirmaron.
