Denuncian que el Gobierno hace negocios con un sindicato de Seguridad intervenido por Jorge Triaca
Se trata del Sindicato de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) que fue intervenido hace más de dos años, en una decisión que generó la pérdida de derechos por parte de los trabajadores.
El ministerio de Trabajo dirigido por Jorge Triaca no sólo intervenido el SOMU también se hizo del Sindicato de Seguridad de la República Argentina donde restó derechos a los trabajadores y con mecanismos espurios se hizo con parte de la recaudación para hacer negocios.
Trabajadores internos al sindicato contaron detalles de los manejos de la gestión macrista que hizo colapsar el sistema de descuentos en medicamentos, llevó al despido de personal y condujo a la clausura de delegaciones enteras.
Los detalles del desmanejo de la familia Triaca materializados por medio del interventor Patricio Lombilla:
-Despedidos sin causa y contratos nuevos a personajes cercanos al Gobierno.
-Quite de beneficios: descuento en medicamentos que conjuntamente se hacia el descuento con la obra social hasta 90 % (los afiliados estamos muy enojados), Turismo, Campo recreativo evita de Moreno.
– Delegaciones que no funcionan
– Atropello a los empleados de ospsip cambiando de sector (oficinas)
– Cambiaron el logo de UPSRA sin ningún tipo de votación interna.
Entre otras irregularidades, los trabajadores denunciaron que el 8 de octubre del corriente año se realizara una asamblea extraordinaria en Parque Norte encabezada por Patricio Lombilla, pero ya alertaron que solo podrán asistir aquellas personas que se acrediten por Internet. «Hasta el día de hoy no entregan los carnet sindical al personal de ospsip y de esa manera no ingresamos al parque», explicaron fuentes a este medio.
La historia del conflicto:
El personal de seguridad sufre un recorte fenomenal de derechos: Personal contratado por más tiempo que lo que establece la LCT, horarios extendidos que contemplan más de un turno, inexistencia de lugares de descanso, pagos en negro, tareas peligrosas y falta de capacitación, equipo y ropa adecuada.
El gobierno nacional mediante la firma del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, intervino uno de los gremios de vigiladores, con el afán de obtener acceso a una caja económica, en una decisión similar a lo que ocurrió con el SOMU. En el año 2016, se designó un interventor en la Unión Personal de Seguridad (UPSRA), y aunque se logró un fallo judicial que permitió revertir la medida, el juez Ariel Lijo le dio la razón al gobierno y autorizó la medida.
Triaca aprovechó esta situación y ubicó en UPSRA, gestores de su entorno, con sueldos duplicados y comenzar a utilizar esa estructura como agencia de trabajo y vinculaciones con los empresarios del sector, el resultado está a la vista, empresas protegidas con trabajadores al límite de la explotación y el Estado que debería ser el arbitro de los conflictos, mirando hacia otro lado.
