Confirman procesamientos a ex directivos de Siemens por pago de sobornos a funcionarios
La Cámara Federal Porteña confirmó los procesamientos de once ex directivos de la empresa alemana Siemens por las coimas que la compañía pagó en 1998 al Gobierno de Carlos Menem por el contrato para producir los DNI, que fue anulado por el gobierno de Fernando De la Rúa en 2001.
Los procesados, según informaron fuentes judiciales, son Uriel Sharef, Ulrich Otto Fritz Bock, Eberhard Reichert, Bernd Regendantz, Ernst Michael Bretchel, Luís Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ralph Matthias Kleinhempel, José Alberto Ares, Miguel Alejandro Czysch y Carlos Francisco Soriano.
Sobre todos ellos la Sala II de la Cámara Federal Porteña, con la firma de los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun, y Eduardo Farah, ratificó los embargos que en algunos casos alcanzan hasta 500 millones de pesos por el supuesto delito de “cohecho activo”.
“Hay elementos para sostener que los servicios de intermediación para conseguir la licitación incluía la entrega de dinero destinado a funcionarios y la utilización de un entramado de sociedades para canalizar esos pagos y disimularlos a través de la firma de contratos con prestaciones ficticias”, sostuvieron los camaristas en una resolución de 56 carillas con intervención del secretario Pablo Herbón.
Los camaristas revocaron además los procesamientos de otros imputados que eran ejecutivos de Itrón y los dejaron con falta de mérito, sujetos a investigación. También revocaron los sobreseimientos de Aldo Omar Carreras y de Daniel Alberto Domínguez y se ordenó que siguieran dentro del proceso judicial.
Además, la Cámara encomendó al juez instructor de la causa, Ariel Lijo, que avance con la investigación sobre los entonces funcionarios del Gobierno argentino que están sospechados de haber cobrado las coimas y, sin embargo, nunca fueron imputados en la causa.
“No puede perderse de vista que en uno de los documentos remitidos por Alemania se indica que los verdaderos receptores del dinero girado por Siemens a estas sociedades, habrían sido Carlos Saúl Menem, Carlos Vladimir Corach y Hugo Alberto Franco“, consignaron los jueces.
El 19 de febrero de 1998, el entonces presidente Carlos Menem firmó el decreto que le adjudicó a Siemens IT Services SA la confección de documentos de identidad y pasaportes por seis años. Era un contrato de 600 millones de dólares que luego se extendió y ascendió a 1200 millones de dólares.
En 2008, la propia Siemens confesó por escrito, en Estados Unidos, un amplio abanico de conductas delictivas en distintas partes del mundo. En el documento había un capítulo completo a la Argentina. Siemens reconoció haber pagado varios millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos.
En Alemania, la prensa publicó un memorándum de Siemens en el que se mencionaba un listado de supuestos receptores de las coimas por sus iniciales, que coinciden con las de los ex funcionarios: “CM”, 16 millones de dólares; “CC”, 9,75 millones; “HF”, otros 9,75 millones.
Y también incluyó a “CS”, 7,5 millones de dólares, en supuesta referencia a Carlos Raúl Sergi, ex integrante del directorio de la filial de la alemana Siemens, que según las fuentes supuestamente habría actuado como intermediario de los pagos y fue declarado inimputable por el juez Lijo por una severa enfermedad mental.
La causa que lleva Lijo recorrió un largo camino: comenzó por una denuncia de la Oficina Anticorrupción contra Menem, su ministro del Interior, Corach, y el jefe de Migraciones, Franco, pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral luego de varias y vueltas terminó archivándola, hasta que la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó reabrirla.
Lijo en septiembre 2005 anunció que citaría a declaración indagatoria a Menem y a Corach, pero hasta ahora esas audiencias no se concretaron. La Oficina Anticorrupción también había denunciado a los funcionarios del Ministerio del Interior de aquellos años, Aldo Omar Carreras y Rubén Slame.
En la causa se investiga el pago de sobornos en la tramitación de la licitación pública nacional e internacional de 1996 para la “Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de identificación de las Personas”.
“De la prueba acumulada” surge que se constituyeron al menos dos sociedades en Panamá en 1998 y otra en Costa Rica para la circulación del dinero ilegal que derivó en la licitación ganada por Siemens.
Los camaristas además dieron por probado que la empresa alemana siguió pagando sobornos hasta el 2007, en base a compromisos adquiridos previamente.
