AMIA: Primer día del juicio por encubrimiento

En la misma sala que hace 14 años se acondicionó en los tribunales de Comodoro Py para el juicio por el atentado a la AMIA, comenzó ayer el debate oral y público por el encubrimiento de quienes hicieron fracasar esa investigación.

Los imputados son el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy; su segundo, Juan Carlos Anchezar; el ex agente Patricio Finnen; el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; Carlos Telleldín, su ex pareja Ana Boragni, su abogado, Víctor Stinfale; los policías Carlos Castañeda y Jorge Palacios, y los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia. Cuando los jueces habilitaron la entrada de los fotógrafos a la sala –único momento en que se permitió tomar fotos-, Müllen y Barbaccia bajaron la mirada. Durante la mañana, la primera parte de la audiencia se transmitió en vivo a través de la TV Pública.

Menem y Anzorreguy: ausentes con aviso

Solo dos de los acusados no estuvieron presentes en la primera audiencia: el ex presidente Carlos Menem y su jefe de la SIDE, el abogado Hugo Anzorreguy. Internado en el sanatorio Otamendi con un cuadro infeccioso, el tribunal dispuso que Anzorreguy presenciara la audiencia a través de teleconferencia. Tras solucionar los problemas técnicos al principio de la conexión, el abogado pudo escuchar lo que ocurría en la sala desde el sanatorio. El ex presidente Menem justificó su ausencia por “hipertensión, diabetes, esclerosis y artrosis” e incluyó un diagnosticó de depresión. El TOF2 informó le hará llegar la grabación de esta audiencia y tomará las medidas para corroborar los datos del certificado médico.

Seis querellas y un observador

En la sala que lleva el nombre de AMIA, las seis querellas se acomodaron a la derecha de los jueces. En la de Memoria Activa, junto los abogados Rodrigo Borda, y Alejandro Rúa, estuvo Diana Malamud. Ella perdió a su esposo, el arquitecto Andrés Malamud, en el atentado. A los familiares nucleados en Apemia los representan María del Carmen Verdú y Ramiro Geber; y a la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas 18J, el abogado Horacio Etcheverry. La AMIA y la DAIA conforman una querella unificada. La unidad Especial AMIA del ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un equipo encabezado por el subsecretario de Política Criminal Luciano Hazan.

Junto a ellos estuvo en la sala Paulo Vannuchi, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) para la Argentina, consultor político y sindical. A pedido de Memoria Activa, actuará como observador en el juicio. A su lado se sentó el Secretario de Derechos Humanos, Juan Martín Fresneda. Otro funcionario que presenció la audiencia fue Juan Martín Mena, actual subsecretario de la Agencia Federal de Inteligencia.

Las acusaciones

En la audiencia de ayer, se realizó la lectura de las acusaciones de la Unidad AMIA. Luego estaba previsto continuar con la lectura del Ministerio de Justicia y luego la de Memoria Activa. A veintiún años del atentado en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas, el ahora senador Menem está procesado como “instigador” del encubrimiento, y por el delito de abuso de autoridad. Los fiscales consideran que, ocupando el máximo cargo en el Poder Ejecutivo, Menem le indicó al entonces juez -y ahora también imputado- Juan José Galeano, que interrumpiera la línea de investigación más fuerte hasta ese momento. La que conducía a Alberto Kanoore Edul, el comerciante sirio libanés.

En cuanto a Anzorreguy, los acusadores consideran que sin su aval, el encubrimiento no habría sido posible. Bajo sus órdenes se fraguaron actas, se perdieron transcripciones de las intervenciones telefónicas a la familia Kanoore Edul, y parte de ellas se suspendieron sin dar aviso al juez.  Sentado en primera fila, el ex policía de la Federal escuchó la acusación de la Unidad Fiscal AMIA, y las sospechas que pesan sobre su papel en los allanamientos “incompletos” o fraguados en los domicilios de Kanoore Edul.

Qué busca determinar este juicio

La causa que investiga el encubrimiento del atentado comenzó en el año 2000, cuando Claudio Lifschitz, uno de los prosecretarios del juzgado federal N° 9 en el que recaló la investigación, contó que Galeano y el gobierno de Menem, tras dejar de lado elementos que podrían resultar vitales para la investigación, habían convenido “plantar” la pista que conducía a un grupo de policías bonaerenses como autores del atentado.

En este juicio, el Tribunal Oral Federal 2 busca determinar –por un lado- cómo y a través de qué medios Galeano siguió la instrucción presidencial. Y con qué colaboradores contó para eso, entre ellos el ex policía de la Federal, Jorge “Fino” Palacios.

 “A los que encubrieron: este es el momento y el lugar para que hablen, para que digan la verdad”, dijo ayer Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa. Ayer fue de las primeras en llegar a los Tribunales de Comodoro Py, y vio a los imputados transitar los pasillos que llevaban al subsuelo donde queda la sala AMIA.

Otro de los primeros en entrar a Comodoro Py fue Carlos Telleldín, último tenedor identificado de la Trafic que se habría usado como cochebomba, En la sala, ocupó uno de los escritorios del fondo, entre los más alejados de los  jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, y Domingo Altieri (que actúa como cuarto magistrado). Esta ubicación lo situó más cerca de los familiares de las víctimas, aunque ubicadas en otra sala, separada por un vidrio.

En el caso de Telleldín, la fiscalía consideró probado que estando detenido por el atentado, a cambio de 400.000 dólares de la SIDE  acordó con Galeano cambiar su declaración e involucrar falsamente a un grupo de policías de la Bonaerense.

Juan José Ribelli, uno de esos efectivos, llegó a las 9:30, hora pautada para el inicio del debate, que comenzó una hora después. Convertido en abogado y querellante, Ribelli se representa a sí mismo y también a integrantes de la fuerza que resultaron privados ilegítimamente de su libertad.

En la acusación, la desgrabación de una escucha telefónica del 4 de julio de 1996, conduce a otros imputados en el juicio. Ese día, el reducidor de autos se comunicó con Ana Boragni, su pareja, para ponerla al corriente de lo acordado con el juez. “Mirá que el banco tiene que ser el Galicia, porque tiene sucursal en Uruguay”, le apuntó Telleldín.

― Ah…¿ya hiciste eso? ―, le preguntó la mujer.

Al otro día, Telleldín estuvo en el despacho de Galeano y cambió su declaración para involucrar a los policías. Boragni y Stinfale, al igual que Telleldín están imputados por peculado, porque su participación fue necesaria para que se concretara el pago.

Al promediar la tarde, tras la lectura de las acusaciones de la Unidad AMIA, siguió la de la querella de Memoria Activa. (InfoJus Noticias)