El presidente es acusado penalmente de abuso de autoridad tras afirmar, durante una entrevista con Luis Majul, que él decidió el encarcelamiento de la ex presidenta, una violación flagrante de la división de poderes.
Fue el abogado Gregorio Dalbón, representante de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien denunció en lo penal al presidente Javier Milei luego que el mandatario declarará en televisión, durante una entrevista. Este hecho según el asesor letrado de la ex mandataria -presa política- constituye una confesión de abuso de autoridad y un ataque frontal a la independencia judicial.
Esta acción legal se sucedieron luego de las afirmaciones que hizo Milei el domingo por la noche durante una entrevista concedida al periodista Luis Majul, en el canal La Nación +, en las que el mandatario se atribuyó la decisión de encarcelar a la líder opositora.
Dalbón fundamentó la denuncia con el artículo 248 del Código Penal, el que sanciona con prisión e inhabilitación a los funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes.
El abogado dejó en claro que Milei, al proclamarse autor de una decisión que constitucionalmente corresponde al Poder Judicial, el presidente no solo habría cometido un delito, sino que habría develado la naturaleza política de la condena contra Kirchner.
Para Dalbón, la admisión pública es la prueba de que en Argentina se ejecutó una estrategia de «lawfare» o guerra judicial. Esta práctica, que consiste en utilizar el sistema legal con fines de persecución política, habría contado con la anuencia del propio Milei, según él mismo admitió este domingo.
La confesión del mandatario, por tanto, no sería solo la base para un proceso penal en su contra, sino también un argumento fundamental para buscar la anulación de la sentencia que condenó a la dos veces presidente del país y autoridad del PJ Nacional, al demostrar que su proceso estuvo viciado de ilegitimidad desde su origen.
Milei es denunciado cuando aumentan las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, por las decisiones y conductas de LLA en uso de las facultades gubernamentales. Incluso, recientemente, organizaciones civiles del ámbito internacional, tal como Human Rights Watch, expresaron preocupación por la independencia judicial en Argentina bajo la administración de Milei.
En este contexto, la querella de Dalbón trasciende el caso particular y se plantea como una defensa del estado de derecho y el principio de división de poderes, amenazados por un presidente que, según la acusación, se coloca por encima de los jueces.
Como decante este hecho judicial puede acarrear importantes consecuendias políticas, si se determina la responsabilidad penal del presidente, como también pondrá a la vista, el estado institucional de la República, acorde a la afectación de los pactos democráticos que deben regir el país.
Además, el abogado explicó que espera que el Poder Judicial cite a Milei a indagatoria y que el Congreso debata su posible mal desempeño. “La justicia tiene que actuar como lo haría con cualquier otro. Si esto lo hubiera dicho un peronista, ya estaría preso con casco y chaleco”, ironizó.
“Un gobierno financiado por el narcotráfico”
En declaraciones a radio La Torre, Dalbón se refirió a la reciente denuncia pública que vincula a José Luis Espert con el financiamiento del narcotraficante Fred Machado. El abogado fue categórico: “No es Espert, es el gobierno de Milei el que está implicado. Si la campaña se financió con dinero narco, estamos ante un narcoestado”.
Dalbón cuestionó duramente que el presidente no haya apartado a Espert tras conocerse que recibió una transferencia de USD 200 mil. “Si no sabía, ahora ya se enteró. Y si sabiendo no hizo nada, está cometiendo otro delito: incumplimiento de deberes de funcionario público”, apuntó.
En ese sentido, señaló que Mauricio Macri sigue manejando la justicia y que el blindaje político a Espert tendría como moneda de cambio la impunidad. “Esto es como la mafia: te doy cobertura y después te cobro el favor”, sentenció.
Dalbón sostuvo que, si Fred Machado decidiera colaborar con la justicia norteamericana, el escándalo escalaría: “Si habla y dice que financió a un presidente argentino, esto no lo para nadie”.
Finalmente, aseguró que la diferencia entre su sector y el oficialismo es clara: “Nosotros respetamos la presunción de inocencia. Queremos que se investigue y que se sepa la verdad. La justicia y la sociedad tienen la última palabra”.
La confesión del libertomacrista Milei es el puntapié inicial de un conflicto institucional que soslaya a los principios democráticos de la Nación y pone la situación grave en el territorio de una Corte Suprema cada vez más evidente en su deterioro por responder a los intereses de un sector político – económico que pretende, en el caos, desmantelar desde adentro, la estructura y cimientos de la Argentina.
