Jueces liberan en Tucumán a 32 represores de la dictadura argentina
Ya son 32 los condenados por violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura cívico-militar que fueron excarcelados o enviados a sus domicilios por dos fallos de la Cámara de Casación. Y en el corto plazo podrían sumarse otros ocho casos.
Entre los últimos liberados se encuentran Jorge Lazarte y Francisco Ledesma. Se trata de la Megacausa Jefatura II Arsenales II y en la de Villa Urquiza. Y podrían sumarse otras ocho liberaciones.
El 22 de diciembre último, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 18 años de prisión a Jorge Omar Lazarte y a 16, a Francisco Alfredo Ledesma en el juicio por crímenes en el penal de Villa Urquiza. En el mismo fallo, revocó la prisión domiciliaria de Ledesma, un ex agente penitenciario, y ordenó que fuera enviado a prisión al igual que Lazarte.
Sin embargo en plena feria judicial, la Cámara de Casación, integrada por los magistrados Eduardo Riggi, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, ordenó la liberación de los dos condenados hasta que haya una sentencia firme. La presentación también incluía al ex comisario Roberto Albornoz, pero no quedo libre ya que tiene condena firme en una causa anterior.
«Nos parece escandaloso. Creemos que hay razones más que suficientes para sostener que existe el riesgo procesal con estas personas en libertad. Tienen penas altas por delitos muy graves, algunos de ellos mantienen sus vínculos y el riesgo de fuga aumenta exponencialmente después de la sentencia», explicó el fiscal federal Pablo Camuña, que tiene a su cargo la Procuraduría de crímenes de lesa humanidad de Tucumán.
«Los fallos tienen muchos aspectos que nos llaman la atención y que fueron desatendidos. Lo que parecía ser hasta ahora un criterio restrictivo de la Cámara de Casación, ahora es un criterio universal. Pareciera que no va a haber detenidos condenados por delitos de lesa humanidad hasta que queden firmes los fallos», se lamentó Camuña.
La Asociación de ex Presos Políticos e HIJOS, denunció que la liberación de los condenados «pone en riesgo la integridad física, psíquica y moral de quienes atestiguaron sobre los vejámenes a los que fueron sometidos por quienes hoy deambulan en libertad por la provincia».
«Nos parece escandaloso. Creemos que hay razones más que suficientes para sostener que existe el riesgo procesal con estas personas en libertad. Tienen penas altas por delitos muy graves, algunos de ellos mantienen sus vínculos y el riesgo de fuga aumenta exponencialmente después de la sentencia», explicó el fiscal federal Pablo Camuña, que tiene a su cargo la Procuraduría de crímenes de lesa humanidad de Tucumán.
En ambos casos, la fiscalía apeló la decisión de Casación. Además del riesgo de fuga y a la seguridad de testigos y querellantes, el fiscal destacó que los condenados están sometidos a otros procesos y conservan la capacidad para obstruir las investigaciones en curso.
Para la letrada, Julia Vitar, estos fallos son parte de «una serie de movimientos de índole político en el Poder Judicial que tienen que ver con el contexto de disputa que comenzó con la discusión sobre la democratización de la justicia y la reforma del Código Procesal Penal».
Señaló además que estos sectores más conservadores que se oponen al aggiornamiento del sistema de justicia «son los mismos –advirtió– que abogan para que los juicios por delitos de lesa humanidad sean sólo una declaración de principios porque, siendo personas añosas, los largos tiempos judiciales provocan que la sentencia sea abstracta».
