Denuncian al titular de la Agencia de Inteligencia por apropiación de fondos y lavado
La denuncia realizada por el legislador Vera también involucra al empresario Garfunkel y a Stiuso, quien hoy declaró en Tribunales por la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman.
El director financiero de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan José Gallea; el empresario Matías Garfunkel y el agente Antonio «Jaime» Stiuso, entre otros, fueron denunciados penalmente por supuestas maniobras de lavado de dinero público, que provendría de fondos reservados de la central de espías, se informó hoy en los tribunales.
El legislador porteño Gustavo Vera, titular de la ONG «La Alameda», presentó la denuncia que quedó radicada en el juzgado federal 9 de Luis Rodríguez por la supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal, que castiga con tres a 10 años de prisión a quien haga circular dinero «proveniente de un ilícito» para que «adquiera la apariencia de lícito».
Los otros denunciados son María Cecilia Rossero, que según Vera sería esposa de Stiuso; el ex número dos de la ex SIDE en el Gobierno de la Alianza, Darío Florian Richarte; Horacio Alberto Dannunzio, María Vitoria Castelli, Gabriel Mario Presa, Susana Guillermina Galluzzi, Mario Guido Bissoni, Mariano Alberto Bernardo Arrigo y Luz Cecilia Bruyere.
El denunciante mencionó varias empresas y aseguró que tendrían vinculación con los denunciados, como por ejemplo, según figuran en la presentación, Tiumayo SA, Osgra SRL, Murmendi Inversora SRL, Ventur Capital Investments SA, Panificadora Sacaan, Magnumrecords SA, Mis amores LLC, Neumáticos LLC y Expreso Management INC.
«En las sociedades Mis Amores LLC y Neumáticos LLC aparece que el empresario argentino Matías Garfunkel desempeñó el cargo de gerente y también fue presidente de Expresso Management INC», consignó la denuncia.
También aseguró que Gallea y Richarte ocupaban cargos jerárquicos en «la ex Secretaría de Inteligencia del Estado durante la presidencia de Fernando De la Rúa» y que el primero habría hecho «el movimiento de dinero para pagar los sobornos a los senadores peronistas que permitieron la reforma laboral que impulsó aquel gobierno».
Vera destacó que los denunciados «son actualmente funcionarios públicos, o lo han sido en administraciones anteriores, así como también reconocidos empresarios miembros de diferentes grupos económicos muy cercanos al poder político».
Consideró que «los hechos aquí ventilados podrían ser posibles hechos de corrupción política-empresaria o bien de evasión tributaria», por lo que solicitó al juez, entre otras medidas de prueba, que solicite a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los bancos los legajos de las sociedades mencionadas y los denunciados.
«Resalto la importancia de esclarecer el origen de las sociedades comerciales involucradas, sus conformaciones, la procedencia de los bienes que la conforman y los fondos administrados», insistió Vera, y puntualizó que en los supuestos hechos «se ven involucrados políticos y empresarios en el armado de sociedades comerciales al sólo efecto de blanquear dinero proveniente de hechos ilícitos».
Vera explicó que «ese dinero se suele girar al exterior, generalmente a países considerados paraísos fiscales, para luego retornar al país con un aspecto de legalidad, lo cual tras investigar se advierte que no era tal» y también sostuvo que a veces «las sumas blanqueadas, en ocasiones, no retornan al país, quedando depositadas en bancos extranjeros y evitando el pago de los correspondientes tributos».
