Un triunfo de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Quilmes
El Pozo de Quilmes, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio al que los militares llamaban «Chupadero Malvinas», se convirtió, finalmente, en un Sitio de Memoria. La victoria de los vecinos y vecinas en el marco de una gestión municipal que lo confundió con un bache callejero y un Gobierno nacional que impulsa un retroceso en materia de Derechos Humanos.
Uno de los centros clandestinos de detención más importantes de la Provincia de Buenos Aires se transformó en un Sitio de Memoria, gracias a la incansable lucha del Colectivo “Quilmes Memoria, Verdad y Justicia”, conformado por militantes, organizaciones, ex detenidos desaparecidos y familiares que quisieron recuperar ese espacio físico para abrirlo a la comunidad y seguir rompiendo el silencio al que sometió a la sociedad el período más oscuro y sangriento de la historia.
Durante meses, los integrantes de este espacio se reunieron en la Asociación Civil Colectivo de a Pie, a pocas cuadras de la estación de Quilmes, para pensar juntos los caminos a transitar. De estos encuentros, de largas discusiones y trabajo conjunto, surgió un proyecto de ley que fue presentado en la Legislatura bonaerense por la diputada Evangelina Ramírez.
Finalmente, en enero de este año se sancionó la ley 14.895, que cede en comodato por 99 años la propiedad a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y crea un órgano de gestión integrado por la CPM, el Colectivo, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el municipio.
Esta articulación con el Ejecutivo local es fundamental, teniendo en cuenta que el intendente de Quilmes, Martiano Molina, el 24 de marzo del 2016 fue consultado por este lugar y creyó que se referían a un bache callejero. Esto no es casual: Molina pertenece al mismo signo político que recortó el presupuesto para las políticas de Derechos Humanos, el mismo signo político de los funcionarios que realizaron declaraciones negacionistas y el mismo signo político que en la Legislatura de la Ciudad se negó a repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le otorgó el beneficio del 2×1 a genocidas.
Hoy, el Municipio de Quilmes tiene la obligación de completar la desafectación total del lugar, ya que algunas oficinas de la Dirección Departamental de Investigaciones de Quilmes (DDI) siguen funcionando allí.
Por el Pozo pasaron más de 250 víctimas, siete mujeres embarazadas, niños y familias enteras y, en tanto pieza clave del Plan Cóndor, alrededor de treinta uruguayos, además de militantes paraguayos y chilenos.
Ahora es un Sitio de Memoria. Los vecinos de añoran un espacio que fomente el estudio, la investigación y la difusión de los hechos vinculados a los golpes de Estado argentinos, pero también a las luchas sociales y populares, y los genocidios históricos latinoamericanos. Desean que tenga una participación activa de los jóvenes, un enfoque de género y diversidad y que resulte de herramienta para los juicios de lesa humanidad y la búsqueda de los bebés robados que aún faltan recuperar. Por último, quieren que contribuya al registro y sistematización de casos de violencia institucional.
«Estamos muy orgullosos de haber podido llevar este proceso adelante, de poder invitar a sobrevivientes a que vuelvan y den su testimonio, de poder abrir este espacio para otras organizaciones y grupos de derechos humanos”, sostuvo Luciano Grassi, miembro del Colectivo, y agregó que “es muy movilizante para todos el hecho de poder tener aquí a ex detenidos que sobrevivieron a este lugar”.
Asimismo, destacó que este hecho es también relevante para la sociedad de Quilmes ya que “se sabe realmente poco de lo que pasó acá y de a poco, con la visita de cada uno de los sobrevivientes, podremos reconstruir una historia de este espacio”.
